Por Juan Gasparini *
La obstinación es, quizá, la única cualidad humana que vale
no sólo en el oficio de policia, sino en multitud de profesiones, al menos, en
todas aquellas que tienen que ver con la noción de verdad, Michel Houellebecq,
El mapa y el territorio, Anagrama, 2010.
El atraco de tierras en Chacras de Coria, Provincia de
Mendoza, perpetrada desde la ESMA,
cuya reventa fue a parar a manos del clan Massera y sus complices civiles,
resulta el ejemplo más significativo de sustracción de bienes consumado por la
dictadura militar que entra en juicio oral. Pero el fraude acecha. Así lo
destapa la investigación periodística que se puede leer a continuación. Cabe
agregar que uno de los ex represores imputados, Pablo García Velasco (Dante),
trata de reiterar la confusión que logró sembrar en el juicio precedente ESMA
I, la cual le permitió zafar de sus responsabilidades en el homicidio de
Rodolfo Walsh. En una especie de perverso juego de roles con su hermano gemelo,
Miguel Angel García Velasco (Sierra), también ex represor y ex integrante del
Servicio de Inteligencia Naval (SIN), explora desvincularse estructuralmente de
la banda de la ESMA,
intercambiando matriculas con su hermano mellizo, optando por la del SIN, y de
ese modo mimetizarse en otro organo diferente de la Armada, y por esa vía
arrebatar el beneficio de la duda, para volver a zafar una segunda vez.
El fraude acecha el megajuicio ESMA II
El inicio del segundo juicio oral por las atrocidades
cometidas en la Escuela
de Mecánica de la Armada
(ESMA), el emblemático campo de concentración de Buenos Aires implantado
durante la última dictadura militar (1976-1983), donde asesinaran a 5000
detenidos, abarca el expolio de bienes a desaparecidos. Entre ellos se destaca
el robo de terrenos por 20 millones de dólares en Chacras de Coria, Mendoza,
quizá la más importante apropiación forzada cometida por el régimen de las
Fuerzas Armadas, al margen del escándalo Papel Prensa.
El enjuiciamiento en perspectiva para los autores del saqueo
manifiesta la intención de condenar a un puñado de ex represores, sobre quienes
pesan enormes acusaciones, dejando de lado a los socios civiles, participes
necesarios en los hechos. El polémico procedimiento constituiría la mayor
violación al derecho a la verdad desde que la Argentina recuperara la
democracia en 1983. Entretelones del sumario revelan que la corrupción parece
haber contaminando el esclarecimiento de crímenes de lesa humanidad.
La vista oral que comieza este miercoles en la sede de los
tribunales federales de Buenos Aires va a probablemente sellar la historia de
varias resoluciones adoptadas en el curso de la instrucción penal por el pillaje en Chacras de Coria, llevado a cabo por los paramilitares de la ESMA y sus correligionarios
civiles. Esos veredictos le reconocen participación en Cerro Largo SA, sociedad
titular de la tierras, al desaparecido Conrado Gómez. Presuntamente a partir de
declaraciones de uno de sus hijos, la justicia le confiere implicitamente
derechos de propiedad al extinto padre, pese a no haber sido accionista de la
empresa. Los fallos vulneran el derecho a la verdad, una norma impulsada por la
diplomacia argentina en Naciones Unidas. (1)
La denuncia
El informe de la
CONADEP certifica que el dueño original de los mentados
bienes fue Victorio Cerutti, accionista fundador y vicepresidente de Cerro
Largo SA, compañía propietaria de las tierras. Miembros del Grupo de Tareas de la ESMA lo secuestraron entre el
11 y 12 de enero de 1977, junto a su yerno, Omar Masera Pincolini, a su vez
gerente de la sociedad; y a Horacio Palma, accionista y presidente de la
explotación. Con anterioridad fue apresado Conrado Gómez, “asesor profesional” de Cerro Largo SA. (2)
Uno de sus hijos, Federico Gómez, se presentó años atras en
tribunales para exigir reparación, alegando la perdida sufrida por su difunto
padre en Cerro Largo SA, sin que hubiera sido accionista de la firma. No
obstante, los magistrados entonces al mando de las diligencias convalidaron su
aspiración por la probable coincidencia de las cercanía en el tiempo de las
detenciones ilegales de estas personas, todas ulteriormente asesinadas,
haciendo la amalgama con que estuvieran relacionadas por un mismo grupo
económico, incluyendo el papel de abogado o asesor de la empresa que se le
atribuye a Gómez, un vínculo sobre el que no se ofrecen pruebas documentales en
lo que laudara el fuero federal en los dictámenes antes referidos. Nota completa
* Buenos Aires, Argentina 27 de noviembre de 2012
Nota relacionada: ESMA II: comienza el mayor juicio de lesa humanidad en el país
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