Chubut es una de las nueve provincias del país que no tienen mujeres en sus tribunales superiores

Por Infocívica

Sólo 19 de 116 jueces de las cortes o superiores tribunales de justicia del país son mujeres, es decir, apenas el 16 % del total de las vocalías. Los datos surgen de un estudio realizado sobre los altos tribunales de las 23 provincias argentinas, en el marco del Proyecto Transparencia y Democracia.

De acuerdo con el estudio, en 9 distritos no hay ninguna mujer que integre los máximos tribunales de justicia. Ellos son Chubut, Río Negro, Neuquén, San Luis, San Juan, La Rioja, Tucumán, Corrientes y Santiago del Estero. Por otro lado las cortes con mayor proporción de mujeres, son las de Tierra del Fuego (una de dos miembros), Córdoba (tres de siete) y Salta (dos de cuatro).

El informe también señala que al analizar los demás estamentos del Poder Judicial, los números se replican: por ejemplo, tanto en los tribunales de primera instancia como en las cámaras de apelaciones el número de juezas alcanza el 28%.

“Por citar cifras concretas en el caso de la provincia de Tucumán – asevera Patricio Rovira, miembro de ANDHES y coordinador del proyecto en esa provincia - en la Cámara en lo Contencioso Administrativo la cantidad de varones en los cargos altos es de 6 contra 1, en los juzgados de instrucción penal hay 5 varones y sólo 2 son mujeres, y en la Cámara de Apelaciones Penales las cifras son bastante dispares porque hay 21 funcionarios varones y 6 mujeres”.

Uno de las observaciones destacables del estudio, es que tanto en la Justicia como en otros ámbitos, las mujeres ocupan más lugares en roles que socialmente les son asignados a ellas. Es el caso de los juzgados de familia o de menores: en Tucumán, la proporción es evidente, son 7 contra 5.

“En el Poder Judicial la cuestión de género históricamente se pensó como una distribución de los cargos por sexo, cuando en realidad se debe reflexionar que hay una necesidad imperiosa de respetar los cupos y de sensibilizar, tanto a hombres como a mujeres, de esta necesidad” opinó Rovira.

“Si bien los datos no tienen relación alguna con el contenido de los fallos, revela, al menos, una situación que perdura desde los comienzos de la organización institucional del Estado, esto es, un desplazamiento o una ausencia de las mujeres de las máximas instancias de decisión, en este caso, en las cortes de justicia” explican los referentes de las ONG encargadas del estudio.

El informe intenta determinar cuál es el papel o rol que se les asigna a las mujeres en los poderes judiciales provinciales, y también verificar qué dicen las leyes de cada distrito al respecto.

Según lo observado, ninguna de las provincias reglamenta la inclusión o participación de las mujeres en los cargos de juez, ya sea, a través de la imposición de cupos u otras normativas específicas. El único caso concreto es el de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que introduce la perspectiva de género, al prohibir que todos sus miembros sean del mismo sexo, dando cumplimiento de este modo a lo dispuesto por el Decreto 222 y 588 del Poder Ejecutivo Nacional que establecen la autolimitación del Poder Ejecutivo en la selección de los postulantes para integrar el Poder Judicial de la Nación tanto de la Corte Suprema como de los demás tribunales inferiores.

El artículo 3º del decreto 222/03 establece que, al momento de la consideración de cada propuesta, se tenga presente, en la medida de lo posible, la composición general de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para posibilitar que la inclusión de nuevos miembros permita reflejar las diversidades de género, especialidad y procedencia regional en el marco del ideal de representación de un país federal.

“Desde las organizaciones que trabajamos en este proyecto consideramos que esos decretos nacionales contribuyeron a la transparencia y democratización del Poder Judicial Federal en diversos aspectos, sobre todo en materia de género, la participación ciudadana en el proceso de selección, ya sea impugnando un candidato o apoyándolo, la publicidad de los antecedentes de los postulantes, entre otras cosas” señaló Rovira y agregó que “el objetivo de la investigación es promover la aplicación de esos principios que quedaron plasmados a nivel nacional en todos los distritos provinciales, y de ese modo, contribuir a la reforma, transparencia y democratización de los poderes judiciales provinciales”.

Las organizaciones que trabajaron en este proyecto son: Participación Ciudadana (Tierra del Fuego); PRADE (Santiago del Estero); ANDHES (Tucumán y Jujuy); Reforma de la Justicia y Convocatoria Neuquina (Neuquén) y Fundación Alternativa Popular (Río Negro).