Por Agencia Rodolfo Walsh
Los ministerios de Salud y de Desarrollo Social son responsables de la alimentación "nutritiva" de menores en estado de abandono que pertenecen a familias indigentes.
Buenos Aires, 21 de marzo de 2007 (Agencia Walsh). Niños en estado de abandono que viven en diferentes lugares del país y pertenecen a 17 familias indigentes deben ser alimentados por el Estado nacional, según un fallo judicial que se conoció hoy.
La Sala Segunda de la Cámara de Seguridad Social hizo lugar al reclamo realizado por una defensora oficial para que los ministerios de Salud y de Desarrollo Social provea "alimentos nutritivos" a los menores de edad. La presentación legal había sido efectuada por la defensora Silvia Otero Rella y encontró aceptación en los camaristas Nora Dorado y Luis Herrero, luego de un fallo de primera instancia que lo había rechazado.
La defensora oficial apeló tiempo atrás una negativa expresada por la jueza María Emilia Postolovka, quien desestimó que ambos ministerios proporcionaran "alimentos nutritivos y/o nutrientes para los menores". Entre las exigencias de Otero Rella se incluyó que el Estado nacional presente, además "un programa alimentario nutritivo".
En su momento, la jueza Postolovka argumentó que las familias estaban radicadas en diferentes localidades del país, por lo que correspondía que cada una efectuase el pedido de alimentos en la jurisdicción correspondiente.
La defensora, en cambio, expresó que la grave situación de pobreza en que se encuentran los menores superaba "cualquier normativa" legal, por lo que el reclamo judicial debía estar en manos de un mismo juez para evitar la "burocratización del problema".
Y agregó: "Estamos frente a una situación de vulneración de los derechos básicos de las personas, como es el derecho a la salud, alimentación, vivienda (...) a cargo del Estado Nacional y expresamente garantizados por Tratados, Pactos, Convenciones, Declaraciones (...), suscriptos por nuestro país", aseveró Otero Rella.
La Fiscalía acompañó el reclamo de la defensora, al decir que se trata de personas desamparadas, muchas de ellas madres solas y desocupadas, que no pueden afrontar económicamente "el tratamiento y manutención de los niños".
La causa volverá ahora a manos de la jueza Postolovka para un nuevo análisis.
Los ministerios de Salud y de Desarrollo Social son responsables de la alimentación "nutritiva" de menores en estado de abandono que pertenecen a familias indigentes.
Buenos Aires, 21 de marzo de 2007 (Agencia Walsh). Niños en estado de abandono que viven en diferentes lugares del país y pertenecen a 17 familias indigentes deben ser alimentados por el Estado nacional, según un fallo judicial que se conoció hoy.
La Sala Segunda de la Cámara de Seguridad Social hizo lugar al reclamo realizado por una defensora oficial para que los ministerios de Salud y de Desarrollo Social provea "alimentos nutritivos" a los menores de edad. La presentación legal había sido efectuada por la defensora Silvia Otero Rella y encontró aceptación en los camaristas Nora Dorado y Luis Herrero, luego de un fallo de primera instancia que lo había rechazado.
La defensora oficial apeló tiempo atrás una negativa expresada por la jueza María Emilia Postolovka, quien desestimó que ambos ministerios proporcionaran "alimentos nutritivos y/o nutrientes para los menores". Entre las exigencias de Otero Rella se incluyó que el Estado nacional presente, además "un programa alimentario nutritivo".
En su momento, la jueza Postolovka argumentó que las familias estaban radicadas en diferentes localidades del país, por lo que correspondía que cada una efectuase el pedido de alimentos en la jurisdicción correspondiente.
La defensora, en cambio, expresó que la grave situación de pobreza en que se encuentran los menores superaba "cualquier normativa" legal, por lo que el reclamo judicial debía estar en manos de un mismo juez para evitar la "burocratización del problema".
Y agregó: "Estamos frente a una situación de vulneración de los derechos básicos de las personas, como es el derecho a la salud, alimentación, vivienda (...) a cargo del Estado Nacional y expresamente garantizados por Tratados, Pactos, Convenciones, Declaraciones (...), suscriptos por nuestro país", aseveró Otero Rella.
La Fiscalía acompañó el reclamo de la defensora, al decir que se trata de personas desamparadas, muchas de ellas madres solas y desocupadas, que no pueden afrontar económicamente "el tratamiento y manutención de los niños".
La causa volverá ahora a manos de la jueza Postolovka para un nuevo análisis.
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