Enviado por Langem PatagoniaPor David Patricio Romero
No somos los abogados los enemigos del pueblo chubutense. Se equivoca el Partido Justicialista del Chubut. Así como tampoco en su momento lo fueron los docentes, los médicos de los Hospitales Públicos ni los trabajadores de la Pesca cuando reclamaron en defensa de sus derechos. En este caso no son los abogados ni un grupo de abogados. Si es que el pueblo de Chubut tiene enemigos entre los primeros lugares estaría la Pan American Energy subsidiaria y parte de la Britihs Petroleum, una empresa de aquellos con los que nos enfrentamos en 1982 en las Islas Malvinas. No firmé la acción de amparo como abogado sino como un ciudadano del Chubut. No persigo un beneficio personal.
Si la Justicia hace lugar a la acción de amparo interpuesta no tendré otro beneficio que el de cualquier otro ciudadano del Chubut, que es la recuperación para nuestra Provincia de la propiedad de su principal riqueza. Soy de los que creen que el petróleo argentino nos pertenece y sostengo que debe ser explorado, explotado, comercializado por el Estado Nacional dentro del marco de la propuesta política nacional. Esto siempre lo sostuve porque así lo aprendí de la doctrina política que en algún momento coincidió con los que hoy defienden estos contratos.
Mil veces se dijo, y es cierto, que no somos un país petrolero, sino que somos un país que tiene petróleo. Que nuestras reservas tienen que ser guardadas para no depender de la importación y ser explorado y explotado bajo condiciones favorables al país. Que cuando dependamos de la importación de estos recursos vamos a aumentar nuestra dependencia. Entonces esto implica que de a poco vamos perdiendo soberanía como país. Pero aun concediendo que esto puede ser objeto de comercio con las empresas privadas es necesario decir que no se explica por qué la antelación de diez años en reformular los contratos.
Por qué se elevan en 40 años las concesiones cuando la ley sólo habla de 25 años. Por qué no se siguió el camino que indica el art. 96 de la Constitución Provincial llamándose a ofrecimiento público ya sea nacional como internacional. Por qué se convino uno de los precios más bajos «regalías» de los que existen en el ámbito internacional. Cuando el Poder Ejecutivo de la Provincia firmó el contrato -27 de abril de 2007- no era conocido ni aun por ninguno de la calificada asistencia. De este contrato se tuvo conocimiento cierto el día que fueron enviados a la Legislatura Provincial el 7 de mayo. No alcanzaron a los 20 días cuando fue aprobado.
En 20 días se comprometieron 40 años. Es imposible que en tan breve tiempo se haya podido realizar los estudios, investigaciones, asesoramientos que imponen estos complejos contratos que se acuerdan sobre tan importantes recursos. «Dentro de la ley todo, fuera de la ley nada» también solía decir asiduamente Perón. Entonces por eso recurrí a la Justicia. No es invitando a participar de la próxima elección general que se solucionan estos temas. Allí la ciudadanía hace otras evaluaciones teniendo en cuenta circunstancias más generales. Si se hubiera querido la opinión del pueblo exclusivamente sobre estos contratos petroleros se habría convocado a una consulta popular (art. 262 Constitución Provincial). Esta también fue solicitada por un conjunto de ciudadanos entre los que me encontraba. Pero tampoco fue aceptada.
No somos los abogados los enemigos del pueblo chubutense. Se equivoca el Partido Justicialista del Chubut. Así como tampoco en su momento lo fueron los docentes, los médicos de los Hospitales Públicos ni los trabajadores de la Pesca cuando reclamaron en defensa de sus derechos. En este caso no son los abogados ni un grupo de abogados. Si es que el pueblo de Chubut tiene enemigos entre los primeros lugares estaría la Pan American Energy subsidiaria y parte de la Britihs Petroleum, una empresa de aquellos con los que nos enfrentamos en 1982 en las Islas Malvinas. No firmé la acción de amparo como abogado sino como un ciudadano del Chubut. No persigo un beneficio personal.
Si la Justicia hace lugar a la acción de amparo interpuesta no tendré otro beneficio que el de cualquier otro ciudadano del Chubut, que es la recuperación para nuestra Provincia de la propiedad de su principal riqueza. Soy de los que creen que el petróleo argentino nos pertenece y sostengo que debe ser explorado, explotado, comercializado por el Estado Nacional dentro del marco de la propuesta política nacional. Esto siempre lo sostuve porque así lo aprendí de la doctrina política que en algún momento coincidió con los que hoy defienden estos contratos.
Mil veces se dijo, y es cierto, que no somos un país petrolero, sino que somos un país que tiene petróleo. Que nuestras reservas tienen que ser guardadas para no depender de la importación y ser explorado y explotado bajo condiciones favorables al país. Que cuando dependamos de la importación de estos recursos vamos a aumentar nuestra dependencia. Entonces esto implica que de a poco vamos perdiendo soberanía como país. Pero aun concediendo que esto puede ser objeto de comercio con las empresas privadas es necesario decir que no se explica por qué la antelación de diez años en reformular los contratos.
Por qué se elevan en 40 años las concesiones cuando la ley sólo habla de 25 años. Por qué no se siguió el camino que indica el art. 96 de la Constitución Provincial llamándose a ofrecimiento público ya sea nacional como internacional. Por qué se convino uno de los precios más bajos «regalías» de los que existen en el ámbito internacional. Cuando el Poder Ejecutivo de la Provincia firmó el contrato -27 de abril de 2007- no era conocido ni aun por ninguno de la calificada asistencia. De este contrato se tuvo conocimiento cierto el día que fueron enviados a la Legislatura Provincial el 7 de mayo. No alcanzaron a los 20 días cuando fue aprobado.
En 20 días se comprometieron 40 años. Es imposible que en tan breve tiempo se haya podido realizar los estudios, investigaciones, asesoramientos que imponen estos complejos contratos que se acuerdan sobre tan importantes recursos. «Dentro de la ley todo, fuera de la ley nada» también solía decir asiduamente Perón. Entonces por eso recurrí a la Justicia. No es invitando a participar de la próxima elección general que se solucionan estos temas. Allí la ciudadanía hace otras evaluaciones teniendo en cuenta circunstancias más generales. Si se hubiera querido la opinión del pueblo exclusivamente sobre estos contratos petroleros se habría convocado a una consulta popular (art. 262 Constitución Provincial). Esta también fue solicitada por un conjunto de ciudadanos entre los que me encontraba. Pero tampoco fue aceptada.
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