Por Fabiaana Arencibia-Red Eco ChubutCon el aval de la mayoría de la bancada radical, el gobierno kirchnerista de Das Neves prorrogó hasta el 2047 la concesión a Pan American Energy (PAE) para explotar uno de los yacimientos más productivos de Argentina, el de Cerro Dragón.
Con esta firma, PAE, que representa en nuestro territorio a la Bristish Petroleum (BP), generará ingresos brutos durante 40 años superiores a los 100 mil millones de dólares, cifra semejante a la deuda externa argentina.
La producción estimada representa también entre 35 y 59 años del actual producto bruto de la provincia patagónica. De esta manera, el trabajo de 40 años del pueblo chubutense ha sido entregado a las multinacionales petroleras.
En primer lugar hay que analizar que este acuerdo leonino, fue posible porque el Congreso de la Nación aprobó en setiembre de 2006 la llamada “ley corta”, presentada al parlamento a instancias del gobierno de Kirchner. Con esta norma la Nación le transfirió a las provincias petroleras los permisos y las concesiones de explotación de hidrocarburos otorgados en cada distrito.
En segundo lugar, la gravedad de la firma de este contrato radica en que sienta precedente jurídico ante las futuras negociaciones que los gobiernos provinciales puedan hacer con las empresas extranjeras que explotan las riquezas de nuestros suelos.
¿Quién está detrás de PAE? Esta concesionaria es propiedad en un 60 por ciento de BP-AMOCO y el 40 restante le pertenece al grupo Bridas de los argentinos, Carlos y Alejandro Bulgheroni.
La BP era una empresa estatal inglesa controlada por el Almirantazgo inglés hasta que se privatizó en 1976. Entonces ató negocios con AMOCO, una de las varias firmas en las que tuvo que dividirse la norteamericana Standar Oil de Rockefeller por decisión “anti monopólica” de la Corte Suprema de ese país.
BP y AMOCO son la síntesis de los intereses petroleros anglo-norteamericanos. Bulgehroni es el cipayo que pone la cara, los contratos y las relaciones que son necesarias para los negociados en la Argentina. Radicales y kirchneristas son quienes cierran con su firma la legalidad de este saqueo.
BP-AMOCO junto con otras multinacionales son socias de TERMAP, la terminal marítima petrolera que opera en el Golfo de San Jorge por donde sale la producción petrolera de la Cuenca del Golfo incluida la de Cerro Dragón.
¿Cuál es el acuerdo firmado? La empresa comprometió inversiones escalonadas en los próximos 40 años de 3.700 millones de dólares. Además deberá pagarle al estado un 15 por ciento en concepto de regalías. Si consideramos lo máximo a producir en ese período, esa cifra no llegaría a los 25.000 millones de dólares.
Es decir que por un total de menos de 30.000 millones de dólares, entre gastos e inversiones, podrá llegar a producir -según se estima a los valores que los hidrocarburos tiene hoy - como mínimo cerca de 111.000 millones de la moneda norteamericana, con el derecho de llevarse parte sustancial al exterior.
Hablamos de miles de millones de dólares cuando dos de cada tres familias pobres no tienen gas natural y deben pagar por una garrafa siete veces más que si recibieran gas de red.
Llama la atención que este nuevo acuerdo haya pasado casi desapercibido y que mientras se firmaba, los medios sacudían a la opinión pública con el caso Skanka, que también involucra a empresas petroleras y contratistas pero por montos de mucha menor magnitud a los involucrados en el contrato firmado con PAE.
Por otra parte, la traición de la clase política es mucho mayor ante el hecho de que faltaban aún 10 años para que venciera el período de concesión. Por lo tanto han entregado un recurso estratégico que, según los pronósticos, alcanzará su pico de producción mundial el año próximo y comenzará entonces a declinar mientras la demanda ira en ascenso junto a los precios y las ganancias de las multinacionales petroleras.
Fuentes: MORENO, Informe de Mario Cafiero
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