Procesan al general Antonio Bussi por la desaparición de 60 personas

Por ADIN

Por primera vez, procesaron a Bussi por genocidio, aunque era prácticamente vox populi su sanguinaria actuación en Tucumán, Argentina. Pese a ello -¿o quizás por ello?-, una franja mayoritaria de la sociedad tucumana lo eligió libremente como gobernador constitucional e intendente, ya en tiempos de democracia.

@DIN, 22 de junio de 2007 - El juez federal Daniel Bejas procesó a Antonio Bussi, a Luciano Menéndez, a Alberto Cattanea y a Albino Zimmerman por 60 casos de desaparición forzada de personas, homicidio calificado, tortura seguida de muerte y genocidio. Lo hizo en el marco de la causa en la que se investiga la existencia de un campo clandestino de detención en el ex Arsenal Miguel de Azcuénaga.

El ex gobernador fue sindicado además como el autor del fusilamiento de un estudiante y se le dispuso un embargo de $65 millones. El abogado defensor de Bussi y Menéndez, Horacio Conessa Mones Ruiz, calificó de "inadmisible" el procesamiento, teniendo en cuenta que para dictar esta medida el magistrado debía resolver una serie de nulidades presentadas por la defensa, indicó el letrado.

Además, lo cual es inaudito en esta provincia que luego de la dictadura eligió por votación libre al represor, les imputó la figura penal del genocidio, contemplada en la legislación internacional.

Bejas consideró que, en esta etapa del proceso, contaba con pruebas suficientes contra los acusados por los casos de 65 personas que pasaron por la unidad militar y a las cuales nunca más se las vio con vida.

Las figuras penales que les cupieron a los imputados son desaparición forzada de personas, homicidio calificado y tortura seguida de muerte. Bussi, además, fue sindicado como presunto autor material directo del asesinato de Luis Eduardo Falú. También fueron procesados por violación de domicilio, privación ilegítima de la libertad, torturas o vejaciones, asociación ilícita agravada, y genocidio.

Por la gravedad de los hechos, el juez subrogante trabó embargo sobre los bienes de Menéndez, Zimmerman y Cattáneo hasta cubrir los $ 64 millones en cada caso. Bussi, mientras tanto, deberá responder con sus bienes por $ 65 millones por el caso Falú. Los Cargos y víctimas de que se acusa a los represores, son los siguientes:
Torturas seguidas de muerte:

Julio César Campopiano.
Juan de Dios Gómez.
Juan Carlos Pastori.
Enrique Gonzalo Díaz Macías.
Manuel Julio Díaz.
Julio Ricardo Abad.
Rodolfo Hugo Lerner.

Homicidio calificado:

Luis Eduardo Falú.
Pedro Rondoletto.
Jorge Osvaldo Rondoletto.
Ana Cristina Corral.
Humberto Alfredo González.
Víctor Hugo Safarow.
Trinidad Iramain.
Rafael Vitalino Yáñez.
Juan Faustino Rodríguez.
Pedro Ricardo Rodríguez.
Damián Octavio Márquez.
Angel Manfredi.
Rosa Rina Alarcón.
Horacio Díaz Saravia.
Teresa Guerrero.
Fortunato Leandro Fote.

Desaparición forzada:

Luis Adolfo Holmsquist.
María Cenador de Rondoletto.
Silvia Margarita Rondoletto.
Azucena Bermejo de Rondoletto.
Félix Viterbo Corbalán.
María Sánchez de la Vega.
Ana María Sosa.
María Jiménez de Soldatti.
Enrique Alberto Sánchez.
Julio Arnaldo del Castillo.
Oscar René Nieva.
Raúl Mauricio Lechessi.
Alfredo Antonio Coronel
Humberto Nemecio Barrionuevo.
René Castellanos Alderete.
Juan Carlos Bustamante.
Angel A. Medina Gutiérrez.
Angel Mario Garmendia.
Gustavo Adolfo Fochi.
José Antonio Cano.
Reyes Humberto Morales.
José Almerico.
Rosario Argañaraz.
Oscar Rafael Berón.
Mario Barrionuevo.
Enrique Raúl Fernández.
Raúl Alberto Vaca Rubio.
Osvaldo J. Gregorio Giribaldi.
Ernesto José Cruz.
Carlos Raúl Osores.
María C. González Gallo.
Hernán Eugenio González.
Antonio Naief Saade Saieg.
Luis Alberto Soldatti.
René Manuel Quinteros.
Armando Archetti.
Juan Francisco Carreras.
Federico Adolfo Furth.
Víctor Hugo González Toledo.
Raúl Santiago Paz.
Lorenzo Orlando Ale.
Alberto Pereyra.