Enviado por Lamgen PatagoniaDenuncia penal por presunta asociación ilícita agravada, cohecho, tráfico de influencias, defraudación agravada y otros delitos (Causa 18.209/05 – Juzgado Federal Penal No. 10 – Dr. Julián Ercolini)
Señor Juez:
Adrián Salbuchi, DNI 10.369.848, y Enrique Romero, DNI 16.821.530, ambos periodistas y conductores del programa radial "El Traductor", por derecho propio, y constituyendo el domicilio a todos los efectos procesales junto con su letrado patrocinante, Dr. Juan Gabriel Labaké, abogado, matrícula CSJN T.7 F. 311, en calle Tucumán 1650, PB, 1, Ciudad de Buenos Aires, Argentina, a VS nos presentamos y respetuosamente decimos:
I.- EXORDIO
Que venimos a presentar formal denuncia penal contra el Dr. Néstor Kirchner, presidente de la Nación, contra la Dra. Cristina Fernández de Kirchner, senadora de la Nación, ambos con domicilio en la Quinta Presidencial de Olivos, partido de Vicente López, provincia de Buenos Aires, contra el Dr. Alberto Fernández, jefe de Gabinete de la Nación, con domicilio en Balcarce 50, ciudad de Buenos Aires, contra el Arq. Julio De Vido, ministro de Planificación de la Nación, contra el Ing. Ricardo Jaime, secretario de Transportes de la Nación, ambos con domicilio en H. Irigoyen 250, Capital, contra el Dr. Sergio Acevedo, gobernador de Santa Cruz, con domicilio en la Casa de Gobierno de esa provincia, contra el Sr. Rudy Fernando Ulloa Igor, cuyo domicilio haremos conocer oportunamente, contra la Lic. Felisa Miceli, ministra de Economía de la Nación, con domicilio en H. Irigoyen 250, ciudad de Buenos Aires, contra el Sr. Ricardo Velasco, alias "Pacha", vocal de ENARGAS, cuyo domicilio haremos conocer oportunamente, contra el Sr. Ricardo Lospinnato, presidente del Banco Nación, con domicilio en B. Mitre y Reconquista, Capital, contra la Sra. Alessandra Minnicelli, síndica general adjunta de la Nación y esposa de Julio De Vido, cuyo domicilio haremos conocer oportunamente, contra el Lic. Claudio Moroni, síndico general de la SIGEN, cuyo domicilio haremos conocer oportunamente, contra el Lic. Martín Redrado o Martín Pérez Redrado, presidente del Banco Central de la R. A., con domicilio en Reconquista 286, Capital, contra el Sr. Miguel Pesce, vicepresidente del Banco Central, con domicilio en Reconquista 286, Capital, contra el Dr. Oscar Parrilli, Secretario de la Presidencia, con domicilio en Balcarce 50, Capital, contra los responsables de las empresas Gotti S.A., Austral Construcciones S.A., Diagonal Sur Comunicaciones S.A., CONARPESA y PESCAFINA, cuyos respectivos domicilios haremos conocer oportunamente, contra el Sr. Enrique Eskenazi, cuyo domicilio haremos conocer oportunamente, y contra las otras personas, sean ellas funcionarios oficiales o no, que, luego de la correspondiente investigación, resultaren responsables de la presunta comisión del delito de asociación ilícita previsto en el art. 210 del CP, en su versión agravada por poner en peligro la vigencia de la Constitución Nacional y darse los presupuestos previstos en los inc. e) ["operar en más de una de las jurisdicciones políticas del país"] y h) ["recibir algún apoyo, ayuda o dirección de funcionarios públicos"] del art. 210 bis del mismo código; y de los delito de cohecho y tráfico de influencias (art. 256 y siguientes del CP), en concurso real (art. 55 del CP) con el de defraudación agravada por ser contra el Estado (art. 174, inc. 5), y otros eventuales delitos que pudieran surgir de la investigación judicial.
II.- LA RAZÓN DE FONDO DE ESTA DENUNCIA
No es común ni buen síntoma que un ciudadano denuncie al presidente de la Nación y a varios de sus más estrechos colaboradores por el gravísimo delito de asociación ilícita. Algo muy lamentable debe estar sucediendo en nuestro país como para que se llegue a ese extremo. Y, en efecto, algo muy lamentable está sucediendo: los argentinos hemos perdido la fe en nuestra propia patria, en su dirigencia y hasta en la viabilidad de la Argentina como nación civilizada y "normal" y en su futuro, debido a la creencia ya generalizada de que la corrupción de los funcionarios oficiales ha calado hondo y vino para quedarse. Las expresiones populares referidas a los gobernantes de "roba, pero hace" y de "total… todos roban", hoy alarmantemente difundidas, son signos de una peligrosa descomposición de la moral colectiva y de un conformismo suicida ante ella, que amenazan las bases más profundas de nuestra sociedad nacional.
Nada es viable en una nación cruzada por la corrupción y aletargada por la resignación popular frente a esa lacra. Menos aún lo es cuando el pueblo cree que ya no hay remedio simplemente porque observa la aparente complicidad, o silencio al menos, de los más altos poderes de la República frente a hechos escandalosos de corrupción.
Hace pocos años, un país europeo salió del marasmo moral y político que lo amenazaba con la ruina nacional, gracias a un juez, un solo juez, que puso al servicio de su patria toda la capacidad y la valentía necesarias como para desnudar a los delincuentes, sin parar mientes en el poder político y/o económico de cada sospechado. Cayeron muchos encumbrados funcionarios, quebraron los partidos políticos que se alternaban en el gobierno desde épocas inmemoriales, se transformó el escenario político, pasaron al ostracismo cuando no a la cárcel muchos famosos hasta ese momento intocables, tembló Italia, pero se salvó. "Manos limpias" bautizó la opinión pública mundial a esa verdadera epopeya de un solo juez italiano capaz y valiente.
Nuestra sociedad nacional necesita urgente e indispensablemente un juez que produzca una "mani pulite" argentina.
Lamentablemente debemos reconocer que no existen ya esperanzas de que la regeneración moral de la República comience por el Poder Ejecutivo. Al contrario, ese Poder es el principal sospechado de corrupción en la actualidad. Tampoco se puede esperar una reacción saludable del Poder Legislativo, sumida como está la mayoría de sus integrantes en la obediencia acrítica hacia el Ejecutivo. Por otro lado, nada eficaz pueden hacer los pocos legisladores nacionales que aún resisten, pues en ese Poder del Estado las decisiones se toman sólo con el voto de la mayoría de sus integrantes. En cambio, bastaría que un solo juez cumpla con su deber para que la situación dé un giro copernicano a favor de la supervivencia y de la regeneración moral de la Nación.
Ése es el motivo de fondo por el cual ocurrimos ante VS:
* buscamos un juez argentino que inicie el indispensable proceso de redención moral de la Argentina,
* que ponga toda su capacidad y valentía al servicio de nuestra propia "mani pulite",
* porque hay muchos y serios indicios de que podríamos estar frente a una verdadera asociación ilícita, formada y comandada desde el más alto sitial de la República, y que vendría actuando impúnemente desde hace años con el objeto de cumplir su finalidad asociativa: cometer una pluralidad indeterminada de delitos.
Deseamos remarcar que dicho delito, el de asociación ilícita, es considerado por nuestro Código Penal como atentatorio del orden público, es decir que pone en peligro la existencia misma de la Nación.
Como una prueba decisiva y aleccionadora de la corrupción reinante en las más altas esferas oficiales, vale transcribir las notas (virtualmente de despedida de la vida, porque ya sabía que su enfermedad era incurable y de rápida evolución) que difundió el recientemente fallecido periodista Julio Nudler muy poco antes de morir. Nudler era un antiguo y prestigioso periodista del diario Página 12. Sus editoriales del domingo tenían gran repercusión pública. En noviembre de 2004 envió a ese matutino su habitual nota semanal en la que denunciaba:
"Panorama Económico-De títeres y titiriteros-Por Julio Nudler
Para la congoja causada por la reciente muerte del salteño Roberto Guzmán hay ahora un triste consuelo: al menos no alcanzó a enterarse del nombramiento de Claudio Moroni al frente de la Sindicatura General de la Nación, un hecho quizá más escandaloso aun que la designación de Martín Pérez Redrado (se trata del presidente del Banco Central de la R. A., conocido como Martín Redrado, pero cuyo verdadero apellido es el que le asigna Nudler) al frente del Banco Central y de Miguel Pesce en la vicepresidencia. Guzmán, autor del memorable libro "Saqueo asegurado", fue entre 1994 y 1996 liquidador del Instituto Nacional de Reaseguros, enfrentándose desde ese cargo con uno de los sectores más corruptos de la Argentina: el del seguro. Pero Guzmán -nombrado por Domingo Cavallo, que gradualmente pasó a arrepentirse de haber elegido a una persona tan decente e insobornable- no debió lidiar sólo contra los aseguradores privados, que pretendían tener acreencias contra el INdeR por unos 2000 millones de pesos/dólares, sino también contra el tándem que conducía la Superintendencia de Seguros de la Nación: Alberto Fernández y su incondicional y apolítico Moroni. Ellos presionaban para que el INdeR "reconociera" una deuda de casi 1200 millones con el sector, cuando Guzmán (que denominaba a ese delirio "un cut-off a la criolla") demostró fehacientemente que el pasivo a lo sumo llegaba a 500 millones. Frustró así uno de los mayores robos contra el Estado. (…)
En 1999 Fernández, gracias a su estrecha vinculación con las aseguradoras, la mitad de las cuales pertenecían a bancos, pudo ocuparse de la financiación de la campaña del hincha del Taladro. Iribarne fue, precisamente, quien cumplió, desde la llegada de Eduardo Duhalde a la Presidencia, la encomendada tarea de inutilizar la Sigen, peculiar misión en la que luego le sería de gran provecho la designación como Síndica General Adjunta de Alessandra Minnicelli, esposa de Julio De Vido y persona que, según opinión generalizada en el organismo de contralor, ni siquiera conoce lo mínimo como para serle útil a su marido el ministro. Pocas semanas atrás, Página/12 constató que en la página de Internet de la Sindicatura el currículum de la señora seguía "en preparación", luego de meses y meses. ¿Pero es que ni siquiera había presentado su CV (por currículum vital) para ser designada?
Tras la nota de este diario, alguien se apresuró a subir al sitio los magros antecedentes de la dama. Aunque estos despropósitos, absolutamente impropios de una república, en la que se supone que los servidores públicos deben rendir cuentas, provoquen melancólicas sonrisas, en realidad involucran hechos gravísimos. El bochornoso caso de la cónyuge de De Vido no es la excepción. (…)
En una palabra: la irresponsable designación de Minnicelli, inepta para el cargo, terminan pagándola los jubilados.
¿El presidente Kirchner seguirá ignorando el clamor por su destitución y la necesidad de elegir a los funcionarios por su solvencia y no por razones espurias? Los hechos protagonizados por Moroni en la SSN (Superintendencia de Seguros de la Nación) en sus dos gestiones como titular (la inicial sucediendo a Fernández, antes de ser a su vez desplazado en febrero de 1998 por Daniel Di Nucci, hombre del Grupo Juncal, perteneciente a la Banca Nazionale del Lavoro, con rol protagónico del sindicalista combativo Armando Cavalieri; la segunda, por obra y gracia de Duhalde, con obvia influencia entre bambalinas de Fernández) son de una gravedad poco usual. (…)
(Alberto) Fernández se encargó en su larga gestión al frente de la SSN de amparar el ocultamiento que muchas compañías hacían en sus balances de los juicios que tenían entablados en su contra por siniestros, ello para no tener que constituir las reservas de rigor. Protagonistas extremas de estas maniobras fueron las cooperativas Belgrano y Bernardino Rivadavia, que acaparaban el 70 por ciento de los seguros del transporte público de pasajeros. El hundimiento de la primera dejó colgados del pincel 20 mil juicios y otras tantas víctimas. Como los transportistas -que se creían asegurados- debieron hacer frente a las indemnizaciones, no pocos prefirieron quebrar. Pero los recursos de Moroni eran inagotables: en marzo de 1997 hizo que Menem, con algún argumento poderoso, firmase un inconcebible DNyU (Decreto de Necesidad y Urgencia) suspendiendo por 36 meses todas las ejecuciones de sentencias contra transportistas y aseguradoras, independientemente de su situación patrimonial. La mayoría automática de la Corte Suprema garantizaba estas aberraciones.
Ahora Moroni es el hombre que Kirchner y Fernández presentan a la sociedad como garantía de que la lucha contra la corrupción en el Gobierno es una alta prioridad. ¿Qué suponen acerca de la inteligencia de los argentinos? ¿Creen que este pueblo sigue aceptando el "roban pero hacen"? No: aunque hagan, si roban deben ir presos, hoy, mañana, cuando se los pueda condenar. ¿El títere controlará al titiritero? La Argentina sigue siendo un cambalache." (Los subrayados y negritas son nuestros).
Ése fue el artículo que el diario Página 12 censuró a Julio Nudler. Dicha nota de Nudler crea una seria sospecha sobre la existencia de la presunta asociación ilícita que es el motivo central de esta denuncia, y da motivo suficiente como para abrir la investigación judicial sobre ella.
Ante la censura de ese editorial, Nudler difundió inmediatamente (noviembre de 2004) una carta a sus amigos, colegas y relaciones, en la que afirmaba:
Amigos: hoy sábado no aparece en Página/12 mi Panorama Económico porque la nota fue levantada anoche por el director.
Su texto denunciaba la designación de Claudio Moroni al frente de la Sindicatura General de la Nación como un acto de grave corrupción, y abundaba en datos sobre la siniestra trayectoria de Moroni, títere del no menos corrupto jefe de Gabinete, Alberto Fernández.
Personalmente (no en tanto periodista) apoyo diversos aspectos de la política de este gobierno, pero veo que su corrupción va en aumento (la designación de Martín Pérez Redrado y Miguel Pesce al frente del Banco Central ha sido otro hecho muy preocupante, además de las exacciones que cometen a diario los ministerios de Roberto Lavagna y Julio De Vido, con total impunidad).
Mi punto de vista es que debe rechazarse de plano el "roban pero hacen". Aunque hagan, si roban deben ser investigados, juzgados y condenados, según el criterio de jueces independientes.
En este contexto, no es casual que tanto Duhalde como Kirchner se hayan ocupado de inutilizar a los organismos de control, como ocurre con la Sigen y con la Auditoría General de la Nación.
Pienso que la única manera de salvar a este gobierno y prevenir otra etapa desgraciada es impedir por todos los medios, que siga hundiéndose en la corrupción, como ya es manifiesto.
Los fraudes cometidos por Fernández / Moroni son alevosos, y ya puede imaginarse para qué se designa a un delincuente al frente de la Sigen, donde por otro lado permanece la mujer de De Vido, carente de toda idoneidad. La sensación de impunidad de los funcionarios no parece haber menguado. (Los subrayados y negritas son nuestros).
El 14-11-04, Horacio Verbitsky trató de justificar la censura sufrida por Nudler, para lo cual publicó una nota en el mismo diario Página12. Nudler la respondió con párrafos que hacen al fondo de la cuestión que ahora nos ocupa, la presunta existencia de una asociación ilícita, y que transcribimos a continuación:
En función de no sé cuáles operaciones políticas, (Horacio Verbitsky) asume ahora el papel de defensor de dos personajes siniestros, en este caso Alberto Fernández (jefe de Gabinete) y Claudio Moroni (Síndico General de la Nación), secuaces el uno del otro. El único en no enterarse de la clase de corruptos que son estos personajes es Verbitsky. Ellos han manejado el sector Seguros –de cuya operatoria Verbitsky no entiende una jota- durante casi todo el menemismo, régimen que HV (Horacio Verbitsky) denunció como absolutamente corrupto. Pero ahora nos dice que Fernández y Moroni, dos de los grandes sirvientes de Menem en el manejo de un sector donde se mueve muchísima plata, obraron honestísimamente. ¿Cómo, entonces no estaba todo podrido con Menem?
Hace poco, HV ensalzó con frenesí a Martín Pérez Redrado con elogios que convirtieron al propio Verbitsky en el hazmerreír del país, que ya no se engaña sobre sus piruetas mentales y verbales. Una vez más, el único en desconocer la laya de Pérez Redrado es Verbitsky, repentinamente seducido por el golden boy, uno de los paradigmáticos representantes del menemismo. Alguien denunciado incluso por Amalia Fortabat como coimero, y apañador de los Macri en una estafa a pequeños inversores por 34 millones de dólares, según comprobación de la Comisión Nacional de Valores, ahora es una suerte de Che Guevara del antineoliberalismo porque consagra sus afanes al gobierno actual, con el que Verbitsky ha sellado un extraño pacto de obscena adhesión. A Verbitsky las pequeñas cuestiones de la honradez y la hombría de bien no le interesan: si el presidente Kirchner designa a Moroni y a Pérez Redrado, éstos adquieren por ese solo hecho patente de impolutos y héroes de la nueva era política. (Los subrayados y negritas son nuestros).
Finalmente, y ahora sí como verdadera obra póstuma, Julio Nudler concedió un reportaje a Claudia Acuña del sitio web "lavaca.org", en el cual denunció, entre otros, los siguientes gravísimos casos de corrupción oficial y generalizada:
"Últimamente supe de dos o tres casos que me resultaron particularmente repugnantes. Por ejemplo, cómo estaba tarifado todo en el Ministerio de Economía y en el Ministerio de Planificación Federal, según el hombre que es tenido como "cajero" de Lavagna, al que todos llaman el "Ratón" Pérez. Un alto empresario me lo ha ratificado. Este hombre, Pérez, le decía al empresario que si no estaba de acuerdo con el precio, con la coima que debía pagar por una cierta medida, se la fuera a pedir al ministro De Vido, pero que le iba a costar el doble.
Eso es lo concreto. ¿Yo lo vi? No ¿La persona que me lo dice es una fuente indubitable? Sí. Es más, he estado reunido con él en una torre de Catalinas. Es el presidente de una multinacional importante en la Argentina, y hemos tenido una conversación magnífica durante dos horas. Yo le dije: si estamos tan de acuerdo ¿por qué no me apoya en esto? Yo lo denuncio y usted sale y lo ratifica. Y me dice: no puedo. ¿Por qué? Me explica: si él lo hace, afecta gravemente a la filial de la empresa para la cual trabaja. Porque en la Argentina se cometea, o no se puede ser empresario a ese nivel. ¿Qué hace, entonces? Él no se siente en condiciones de cambiar el país. Pero además, él viene pagando hace años, como todos estos empresarios. Y dice: si yo denuncio esto, voy a estar reconociendo que he cometido reiteradamente el delito de cohecho. Y voy a ir preso. ¿Puedo ir preso por esto?
Entonces yo escucho eso que me dicen, y pienso: y yo, ¿para qué soy periodista? ¿Para qué sirve que sea periodista? Entonces, a qué llamo yo volverme loco o brotarme, o que lo digan los demás. Y... que me inviten a un programa de televisión de cable para hablar de la colección La Marcha, que estoy sacando. Me dicen que hable de economía, de la negociación del fondo, de la deuda... y en ese momento me asalta un hastío. Y les digo: tengo algo más interesante para hablar. Y cuento esto. En vez de "Ratón" Pérez hablo de un pequeño roedor, en fin, doy todos los indicios. En vez de Julio De Vido hablo de un ministro cuya mujer es síndica general adjunta de la Nación. Es decir, los nombro sin nombrarlos. Al otro día yo esperaba una cédula judicial enviada por el roedor, pero en lugar de eso recibo una llamada de Armando Torres, vocero del Ministerio de Economía, diciéndome que el señor Pérez, funcionario de Economía, me invita a tomar un café. Eso ocurre en el día que voy a partir a Boston. Le digo que no puedo, porque no tenía tiempo.
Pero eso me dio una nueva visión de la realidad. Si en vez de querellarme me invita a tomar un café ¿cómo es la cosa? Lo mismo me había pasado con alguien que me llama de parte de Miguel Pesce, flamante vicepresidente del Banco Central, del cual yo había dicho algunas lindezas, y que es otro instrumento que Alberto Fernández puso en la SIGEN por cuarenta días, lo cual es una absoluta inmoralidad tratándose de un organismo clave en la lucha contra la corrupción. Después se entendió por qué lo hizo, esperando para meter a Claudio Moroni, que es su secuaz en todo el negocio del seguro que manejó desde el Estado con Menem desde el 89 al 95 y que después manejó el propio Moroni que ahora, como premio a sus actos de corrupción, es nombrado al frente del organismo que tiene que luchar contra la corrupción. Eso me sacó. Realmente.
Y fijate cómo continúa la cosa: dentro de los superpoderes que le dan a Alberto Fernández, recibe el superpoder de pagarle mediante el INDER (Instituto Nacional de Reaseguros, en liquidación) las deudas que tiene con el sector asegurador. O sea, esto ya estaba publicado en el diario Página/12, que también lo dirigía Tiffemberg, ahí está publicado todo el detalle de las tropelías de Alberto Fernández y Moroni favoreciendo desde el Estado a un sector tan corrupto como el del seguro, notas que no motivaron ninguna querella de ellos ni al diario ni a mí, lo cual algo está diciendo de la documentación de esas notas que ahora Tiffenberg en su editorial dice que debían ser más investigadas.
Alberto Fernández ahora con los superpoderes tiene la potestad, sin control parlamentario, de pagarle a esas compañías a las que él quería que se le pagaran en su momento 1.200 millones de dólares, cuando Roberto Guzmán, liquidador del INDER entre el 94 y el 96, haciendo cuentas en serio, concluyó que en bruto se les debía 500 millones, o sea 700 millones de dólares menos de lo que quería pagarles Fernández. Y además las compañías tenían un montón de deudas con el INDER que el organismo ni siquiera se había molestado en calcular. Por ende, la deuda neta del INDER con las compañías era imprecisable, y podía muy bien ser que el neto fuera una deuda de las compañías con el INDER y no al revés. Por alguna razón el INDER fue declarado en liquidación en 1992 y en el 2004 todavía no ha sido liquidado. ¿Por qué? Porque entre que las compañías piden cualquier disparate, y que hay funcionarios como Guzmán, que acaba de morir, de una honestidad intachable, que se le han cruzado en el camino a esos corruptos, nadie se ha atrevido a poner el gancho, pensando que tarde o temprano si este país se regenera un poco, va a ir preso. Entonces eso sigue empantanado 12 años después. Alberto Fernández tal vez lo desempantane, pero cuidado, que nos pueden estar estafando en cientos de millones de dólares.
-Usted decía que hay aspectos positivos del gobierno...
-Sí, lo de derechos humanos, o la relación con el FMI... bah, más o menos, porque le estamos pagando más que nunca. Pero bueno: esas son cosas discutibles.
-Pero esos argumentos supuestamente favorables hacen que mucha gente que apoya al gobierno, decía en su carta, no quiera ver el costado que usted denuncia como corrupto.
-Claro, es una gran estupidez tomar esa actitud de pensar "roban pero hacen".
-Lo que está diciendo es: roban.
-Roban, roban, roban. Eso no cambió. El bochorno con China también tiene que ver con la corrupción oficial. Yo lo juzgo en la misma dirección. Yo creo que Moroni en la SIGEN es incompatible con China. Si va a entrar un montón de plata en lugares como Enarsa, hay que tener mecanismos de control muy bien aceitados de cómo se maneja la plata. Fijate: en la SIGEN tenés a Moroni, que fue el gran compinche de Alberto Fernández para favorecer a las aseguradoras en contra de los asegurados y en contra del Estado. Ahora el Parlamento le da plenos poderes a Fernández para pagarle a través del INDER a las aseguradoras. Y el que tiene que fiscalizarlo es Moroni. Bueno: dos más dos es cuatro. Este es un gobierno poco serio, como era el de Menem, pero este proclama que es un país en serio.
-Si se sigue el hilo de su denuncia, la pregunta natural es, recordando viejos lemas, ¿roban para la corona?
-No sé, yo no investigo esos temas. Pero uno trata de razonar. ¿Para qué están tarifadas las cosas en el Ministerio de Economía, o en el de Planificación? Si hay cajas paralelas, uno puede suponer que gente con aspiraciones, como Lavagna o Kirchner, necesitan financiamiento independiente. Mi tímida conclusión, tentativa, es que muchas de estas familias se convierten en millonarias. Ahí está el caso de Arafat, con una fortuna de miles de millones y una lucha feroz de la viuda con la dirigencia palestina. Yo pienso que con el tiempo vamos a tener luchas parecidas en torno de Carlos Menem, y quién sabe si en torno de los actuales. Entramos en un terreno muy pantanoso.
-¿Y la comparación con China?
-Se dice que China va a aportar fondos asociándose a Enarsa, que es una empresa estatal nueva y cae en el ámbito que los organismos de control tienen que fiscalizar. En el ambiente empresario, apenas surgió lo de China, el primer comentario fue averiguar de qué nivel serían las cometas. No es que lo diga yo, es lo que la gente da por cierto. Y no nos olvidemos que, por lo que se sabe, China es un país bastante corrupto, entonces un negocio con China puede implicar jugosos retornos para funcionarios de ambos lados. No digo que los vaya a haber, pero no estoy tranquilo si los organismos de contralor están paralizados. Entonces digo: China, así, no va. Para que tengan sentido inversiones y permitan el desarrollo hay que hacer determinadas cosas. Vos construyendo caminos solamente no te desarrollás. Argentina es un país muy corrupto donde efectivamente no hay seguridad jurídica, y entonces no puede funcionar el capitalismo para que haya más bienestar. Hay enormes pozos de evasión, y entonces tampoco puede haber equidad. Porque la plata que evade un Eurnekián, es plata que se podría usar para que en los hospitales haya buena atención, que las escuelas estén equipadas. Son miles de millones. Pero ¿cómo va a haber equidad si hay una evasión monstruosa que es posible no tanto por las normas, sino por la actuación de funcionarios corruptos en el Poder Ejecutivo y el Judicial?
Si no resolvemos ese problema institucional, todo lo demás no va a servir para nada. Durante el menemismo hubo enormes inversiones en la Argentina, y terminamos en un colosal desastre. Los chinos no van a invertir lo que dijo Kirchner, pero, aunque lo invirtiera, este país no se va a desarrollar con eso. Mucho más importante es que haya instituciones funcionando, y eso implica que no haya corrupción, o que haya la menor corrupción posible. Y no que el gobierno esté asociado con la corrupción. (Los subrayados y negritas son nuestros).
Nota de los denunciantes: En la documental Nº 1 que acompañamos, se puede leer la serie completa de notas intercambiadas entre Julio Nudler y Página 12 al respecto.
Dada la gravedad de la conducta que Nudler denuncia respecto del Dr. Alberto Fernández y del Dr. Claudio Moroni, y aun cuando su nefasto paso por el INdeR no forma parte de la actividad de la presunta asociación ilícita denunciada, hemos solicitado asesoramiento técnico a personas entendidas en la cuestión de seguros y reaseguros, pues el tema tiene mucha importancia para conocer los sugestivos antecedentes de ambos encumbrados funcionarios del Dr. Kirchner, sospechados de formar parte hoy de tal grupo delictivo. La información que se nos ha proporcionado es la siguiente:
El INdeR (Instituto Nacional de Reaseguros) fue fundado durante la primera presidencia del Gral. Perón, en 1952, para evitar la sangría financiera que significaba dejar en manos privadas extranjeras ese vital rubro de la actividad económica.
Lo que hacía el INdeR era centralizar todas las operaciones de reaseguros (o sea, los esquemas de seguros de las compañías de seguros) actuando como reasegurador oficial. El INdeR, a su vez, reaseguraba sus propios excedentes en el exterior (el reaseguro de un reasegurador se denomina "retrocesión", siendo la idea atomizar los riesgos en la mayor medida posible) usualmente en el mercado inglés (aunque también en el norteamericano, europeo y otros).
Como el reaseguro era obligatorio con el INdeR, todas las aseguradoras locales tenían que contratarlo con él, ya se tratara de riesgos grandes (líneas aéreas, plantas industriales, buques, represas, etc.), o de riesgos pequeños (automóviles, casas particulares, riesgos de vida, etc.). A lo largo de los años se creó una situación muy compleja entre lo que las compañías de seguros le debían al INdeR (primas netas de sus comisiones) y lo que el INdeR le debía a las compañías de seguros (básicamente, siniestros).
Una de las acciones del Dr. Menem fue desregular el INdeR (primero, liberando una cuota del 40% a favor de las reaseguradoras privadas extranjeras, en 1989, y luego liberando el 100%, en 1991, hasta que finalmente lo liquidaron). Todo bajo la gestión de Alberto Fernández como Superintendente de Seguros de la Nación, luego seguido por Claudio Moroni.
Lo notable de todo esto es que el INdeR haya tenido que pagar cifras tan elevadas. Si efectivamente hubo en las carteras de negocios de las aseguradoras argentinas tantos siniestros que superaron las primas, entonces el INdeR seguramente hubiera podido recuperar buena parte de ellos reclamando las participaciones correspondientes a sus reaseguradores del exterior. Pero, insistimos, el INdeR controlado por Alberto Fernández y Claudio Moroni, aparentemente no lo hizo o lo hizo ineficientemente. De ese modo, el Estado debió pagar indebidamente inmensas cantidades en dólares a las compañías de seguros locales (en realidad, muchas de ellas eran simples filiales de empresas extranjeras) o a sus enriquecidos dueños, y nunca recuperó nada del exterior. A pesar de lo burdo de esta desastrosa y escandalosa maniobra, nada se investigó, y todo se cubrió con un manto de olvido (fácil de lograr debido a lo complejo de esas operaciones).
Muchas aseguradoras cobraron, así, enormes cifras, tan enormes que es sumamente difícil suponer que no hubo jugosos "retornos".
Una de ellas - AIG, American International Group (en el país, La Meridional Seguros) - logró cobrar del INdeR, en una sola operación, casi 40 millones de dólares, gracias a las presiones ejercidas por el entonces embajador norteamericano Terence Todman sobre el gobierno de Menem. AIG es la mayor aseguradora de EEUU y su poderoso "Chairman", Maurice Greenberg, cayó en desgracia este año cuando se descubrieron enormes estafas perpetradas por su familia contra el fisco y los clientes. Ello en connivencia con sus dos hijos, Jeffrey (hasta 2004 CEO del mayor "broker" de seguros de EEUU, Marsh McLennan) y Evan (CEO de la reaseguradora ACE) en un claro y flagrante conflicto de intereses.
Aquel proceso desregulador del gobierno del Dr. Menem, ejecutado por Alberto Fernández y Claudio Moroni, terminó liquidando unas 150 aseguradoras argentinas, dejando el mercado libre para las multinacionales. La desregulación del mercado aseguradora fue una estafa a los asegurados y al erario público, al tiempo que destruyó miles de puestos de trabajo.
A su vez, al disolverse el INdeR y privatizarse la Caja Nacional de Ahorro y Seguro (a favor del Grupo Werthein), el Estado dejó de tener reasegurador y asegurador oficiales, respectivamente. Ambos, en su conjunto, actuaban como administradores de riesgos del Estado en empresas públicas como Aerolíneas, ELMA, YPF, YCF, Yacimientos Aguas de Dionisio, Segba, Gas del Estado, Ferrocarriles, Agua & Energía, Somisa, Flota Fluvial, El Chocón, Salto Grande y muchos más. Hoy, el Estado Argentino no sólo no tiene ya más esas importantes empresas estratégicas, sino que carece también de un área que siquiera se ocupe de evaluar, administrar y minimizar los riesgos que aún permanecen en cabeza del Estado (por ej., determinados riesgos catastróficos y estratégicos, empresas y entidades públicas bajo su control y algunas empresas renacionalizadas como el Correo Argentino).
Lo importante a señalar ahora es que lo sucedido con el sector asegurador ha sido una de las principales pérdidas de la época privatizadora, y que ese proceso de destrucción, tan sospechoso y sugestivo, estuvo permanentemente dirigido por Alberto Fernández y Claudio Moroni (su delfín) como sucesivos Superintendentes de Seguros de la Nación. Fin del informe técnico.
Es evidente, señor juez, que lo de Julio Nudler no es una simple y aislada nota periodística, sino un real testamento o legado (quizás un mandato) a la sociedad argentina, de un hombre que sabía que su vida se estaba agotando, y que, ante la impotencia, quiso al menos dejarnos su testimonio. Nudler, luego de muchos años de conducta insobornable, nos dejó una prueba irrebatible de la corrupción que se ha adueñado de nuestro país, de la verdadera y gigantesca asociación ilícita que, al parecer, opera impúnemente hoy en la Argentina.
Lo que refiere Nudler es terrible e insoslayable. VS debe actuar, sin ningún lugar a dudas.
Pero no es sólo Julio Nudler quien denunció ese estado de corrupción generalizada en las esferas oficiales. Hay numerosos testimonios periodísticos de ello. Valga como muestra la documental que acompañamos, especialmente los recortes del periódico dominical PERFIL, del diario LA NACIÓN y de otros (documentales Nº 10 á 23).
III.- CARACTERÍSTICAS Y "MODUS OPERANDI"
En el caso que nos ocupa, se trataría de una asociación ilícita con al menos 14 años de existencia y con características especialmente graves: su jefe u organizador permanente podría llegar a ser nada menos que el señor presidente de la Nación, y la mayoría de sus componentes ocuparían hoy altos cargos oficiales.
En efecto, en 1991 asumió el Dr. Néstor Kirchner como gobernador de la provincia de Santa Cruz. Desde entonces y hasta hoy, el actual presidente se rodeó de determinados personajes que con notable frecuencia aparecen ligados a hechos sospechados de corrupción, y favoreció o se vinculó de una u otra forma con ciertas empresas que resultaron altamente beneficiadas con muy importantes contratos o concesiones públicas. Todos ellas, personas y empresas, gozaron invariablemente de la protección política del Dr. Kirchner, que les permitió quedar "protegidas" por un espeso manto de impunidad o al menos de cobertura de seguridad ante eventuales denuncias o investigaciones judiciales.
Como demostraremos más abajo, existen numerosos delitos presuntamente cometidos por esas personas y empresas, y a veces con la muy probable participación directa y personal del propio Dr. Kirchner, cuya consideración en conjunto hace aflorar fuertes indicios o presunciones sobre la existencia de la citada asociación ilícita.
Tales personajes y empresas tienen un vínculo de dependencia tan fuerte y visible respecto del Dr. Kirchner, que se torna evidente la jefatura de éste sobre todas ellas (Nudler es muy claro al respecto), y muy probable la responsabilidad del presidente en los actos presuntamente delictivos que se sospecha cometieron las primeras.
IV.- DELITOS PRESUNTAMENTE COMETIDOS POR LA ASOCIACIÓN ILÍCITA
1.- Sobreprecios en la contratación de obras públicas
El ex ministro de Economía, Dr. Roberto Lavagna, estando aún en el ejercicio pleno de ese alto cargo, el 22-11-05 denunció públicamente y ante un calificado auditorio (la Cámara Argentina de la Construcción) que había "prácticas monopólicas o de cartelización entre los empresarios, para facturarle al Estado sobreprecios por sus obras" y que ese grave acto de corrupción había sido detectado por el propio Banco Mundial, que es quien provee la financiación para construir dichas obras (Ver documental 3, diario La Nación del 23-11-05). El matutino porteño "Clarín", en su edición del 23 de noviembre de 2005, amplió la información y, bajo el título "Lavagna denunció sobrecostos y cartelización en la obra pública", afirmó que
"(Lavagna) Lo hizo en la Cámara de la Construcción. Dijo que hay licitaciones de Vialidad que 'son investigadas por Defensa de la Competencia e incluso por el Banco Mundial'. Roberto Lavagna estaba sentado al lado de uno de los empresarios más conocidos de la construcción cuando denunció que algunas empresas se ponen de acuerdo para cobrarle sobreprecios al Estado a la hora de hacer obras públicas. 'Hay un cierto grado de cartelización entre las empresas que construyen las obras públicas que hace el Estado, con los sobrecostos que ello implica', dijo Lavagna. Y puso como ejemplo el mantenimiento de las rutas: 'El caso de Vialidad es bien conocido por ustedes y saben que está siendo investigado por Defensa de la Competencia e incluso por el Banco Mundial'. (…) El ministro habló de obras públicas más caras, un sector que es responsabilidad de su par de Infraestructura, Julio de Vido, con quien los roces son frecuentes. Por la noche Néstor Kirchner elogió a los empresarios de la construcción."
Por último, el matutino "La Nación" del 29-11-05, indica que el ministro Lavagna
"se refirió por segunda vez en pocos días (antes lo había hecho en Rosario) a 10 licitaciones de caminos financiada por el programa Crema, del Banco Mundial (BM), que fueron suspendidas por haberse detectado sobreprecios. En junio, cuando se abrieron los sobres del concurso de precios convocado por Vialidad Nacional -organismo encargado de mantener las rutas nacionales no concesionadas- se detectaron anomalías en las ofertas. 'Llamó la atención que había mucha similitud en los precios presupuestados. Por ejemplo, se presentaban con precios similares, aunque estaba repartido quienes ganaban en cada caso', dijo una fuente del Banco Mundial."
Tal denuncia del Dr. Lavagna, como es de público y notorio conocimiento, produjo un gran impacto en la población argentina, y tuvo una amplia difusión internacional. No sólo eso, sino que, según todos los indicios, trascendidos y opiniones confiables, esa revelación del ex ministro de Economía fue el factor decisivo para que el presidente de la Nación le pidiera su renuncia al cargo. Ver documentales 2 á 8.
De ahí en más, y a medida que se fueron conociendo los detalles de ese caso, se pudo apreciar que las denuncias del Dr. Lavagna coincidían con muchos otros datos, investigaciones, denuncias, comentarios, sospechas, etc., que han inundado nuestro país en los últimos dos o tres años, al punto de que hoy se puede afirmar que existe presuntamente una serie de delitos que avalan, todos en conjunto y al parecer, la existencia de la citada asociación ilícita, que constituye "per se" el delito previsto en los art. 210 y 210 bis del CP.
Consigamos, de paso, que la denuncia del Dr. Lavagna, por su gravedad y por el cargo que ocupaba en ese momento quien la formuló, es de por sí causal suficiente como para que un juez de la Nación abra el sumario judicial del caso por presunto delito de cohecho (art. 256 y siguientes del CP), en concurso real (art. 55 del CP) con el de defraudación agravada por ser contra el Estado (art. 174, inc. 5). Insistimos, se trata de un hecho gravísimo, de larga data (asociación estable para cometer delitos…), y de un denunciante por demás calificado, cuyas palabras son totalmente creíbles y que han tenido la amplísima repercusión nacional e internacional señalada. Este caso constituye, pues, un grave escándalo público y un bochorno para la nación, imposible de dejar en las penumbras de la duda y la impunidad.
En esta denuncia quedarían sospechados al menos el Dr. Kirchner, el Arq. De Vido y los responsables de las empresas contratantes.
Para su dilucidación, es indispensable citar a declarar como testigo al denunciante Dr. Roberto Lavagna.
2.- Dólares de Santa Cruz desaparecidos.
Si bien es cierto que este escandaloso caso ha sido archivado por el juez provincial de Santa Cruz Dr. Santiago Lozada, por considerar asombrosamente que no hubo delito, corresponde considerarlo acá como antecedente por cuanto:
2.1.- Es de público y notorio conocimiento que el Poder Judicial de Santa Cruz, así como el Legislativo de esa provincia, no gozan de independencia alguna frente al Dr. Kirchner desde la época en que éste era gobernador de dicha provincia.
2.2.- El Dr. Santiago Lozada ha vulnerado los más elementales principios procesales y éticos, al aceptar ese caso en su Juzgado, pues él convive en pareja con una sobrina del Dr. Kirchner (Romina Mercado Kirchner, hija de su hermana Alicia) desde hace bastante tiempo, lo cual también es de público y notorio conocimiento en Santa Cruz. El Dr. Lozada debió excusarse porque le comprenden las generales de la ley.
2.3.- Desde que el Dr. Santiago Lozada dispuso asombrosamente archivar el expediente por considerar que no había delito, vanas han sido nuestras gestiones para que dicho juez haga pública su sentencia y todas las actuaciones de la causa de marras, como es su obligación legal. Ante la negativa del señor juez santacruceño a dar a publicidad actos de tanta trascendencia, hemos ocurrido ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, trámite que está en sus comienzos.
2.4.- El Dr. Santiago Lozada tiene otros sospechosos antecedentes sobre parcialidad manifiesta a favor de amigos y/o funcionarios del Dr. Kirchner:
2.4.1.- En el año 2000, el Dr. Lozada desactivó una causa que involucraba al Dr. Kirchner en el uso indebido del avión sanitario de la gobernación.
2.4.2.- Por la misma época, el juez cerró otro expediente que rozaba al actual Presidente. Era por un subsidio de 80 mil pesos, que el gobernador le había otorgado al sindicato de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN).
2.4.3.- El Dr. Lozada benefició a funcionarios y amigos del Dr. Kirchner al no investigar un grueso desfalco al Banco de la Provincia de Santa Cruz (en su época de banco oficial).
2.5.- El delito es manifiesto porque:
2.5.1.- El Dr. Kirchner mintió en reiteradas oportunidades sobre el lugar donde había depositado los fondos en el exterior.
2.5.2.- Nunca rindió cuentas sobre la suerte corrida por esos fondos entre 1993 y 2003 inclusive.
2.5.3.- De acuerdo con informaciones oficialmente difundidas por la Gobernación, esos fondos están depositados a nombre de un particular, y no de la provincia.
2.5.4.- Y lo más grave: el Dr. Kirchner (junto con el gobernador Acevedo) reconoce que sacó más de 530 millones de dólares, y ahora confiesa que se han reducido a 521 millones, a pesar de haber ganado intereses durante al menos 12 años. Es decir, hay un faltante probable de alrededor de 600 á 700 millones de dólares, sin contar con que los 530 millones iniciales aún no aparecen, a pesar de las públicas y solemnes promesas de ambos gobernantes.
En este delito habría intervenido el propio Dr. Kirchner, el Dr. Sergio Acevedo, y otros funcionarios provinciales.
Lo dicho amerita al menos que se solicite al juez de Santa Cruz Dr. Santiago Lozada la remisión de esta causa "ad effectum videndi et probandi".
3.- CONARPESA – PESCAFINA, asesinato de Espinosa, posible vinculación con el narcotráfico.
En esta causa se investiga el asesinato del señor Raúl "Cacho" Espinosa, un competidor y denunciante de CONARPESA. Ella tramita por ante los Tribunales provinciales de Puerto Madryn, Chubut, y ha sufrido una prolongada y sugestiva paralización en estos dos últimos años, al declararse extrañamente nulo todo el proceso. En el expediente judicial están acusados de homicidio los propietarios y directivos de CONARPESA, padre e hijo, y existe una declaración testimonial del hijo-hermano menor que los incrimina gravemente. Tiene una seria connotación internacional pues, al parecer, el primer pistolero contratado por CONARPESA para matar a Espinosa fue un integrante del grupo terrorista ETA de España, quien no habría aceptado el encargo por exigencias de dicha organización subversiva.
De acuerdo a trascendidos confiables, lo que subyace en este turbio y tenebroso caso es el narcotráfico en gran escala a España, del cual, siempre según las sospechas repetidamente difundidas, no sería ajena la empresa marítima PESCAFINA. En la misma línea de sospechas, se inscribe la presunta participación en la actividad de CONARPESA-PESCAFINA del Dr. Kirchner, de la Dra. Fernández de Kirchner y del Arq. De Vido. Tal participación parecería estar confirmada por la serie de ventajas otorgadas a CONARPESA por el Dr. Kirchner mientras fue gobernador de Santa Cruz, que se mantendrían hoy, por la asidua concurrencia de él y su esposa a los actos de CONARPESA, por el respaldo público y económico que dio dicha empresa a la campaña presidencial del Dr. Kirchner y otros detalles por el estilo, todos muy sugestivos.
Hacemos notar que, apenas se produjo la definición de la segunda vuelta de la elección presidencial a favor del Dr. Kirchner, en mayo de 2003, allegados a CONARPESA comenzaron a amenazar veladamente, y no tanto, a los periodistas de Puerto Madryn que habían impulsado la investigación de ese crimen. Con la asunción del Dr. Kirchner a la Presidencia de la Nación, al parecer se sintieron fuertes.
Al respecto, es conveniente tener en cuenta lo publicado por la agencia de noticias "EL Ojo Digital", el 7-6-05, bajo el título "La empresa pesquera y las investigaciones del ARI" (documental Nº 20). En él, se afirma:
3.1.- Que "En su momento, la Dra. Carrió presentó pruebas que relacionaban a la empresa española Conarpesa con apoyo financiero a la campaña del presidente Kirchner."
3.2.- Que "En febrero de 2005,… Carrió había asegurado que el gobierno nacional estaba relacionado con 'la mafia' de la pesca", vinculó a Conarpesa al narcotráfico y la denunció su relación con el 'Operativo Langostino'.
3.3.- Que De Vido era uno de los recaudadores de la campaña de Kirchner.
3.4.- Que Conarpesa "maneja la Patagonia, son mafia, y están dispuestos a matar".
3.5.- Que los dos empresarios españoles que figuran como propietarios de Conarpesa "son testaferros" de Jorge Antonio (a Antonio se le atribuye la propiedad de PESCAFINA, la otra pesquera sospechada)… de quien se dice que financió la campaña de Carlos Menem. Nota de los denunciantes: Al respecto, es muy sugestivo que Jorge Antonio, un hombre tan lejos de las posiciones ideológicas y políticas de "izquierda", o "centro-izquierda", o "progresistas", tenga expresiones tan laudatorias hacia el presidente Kirchner como las que se pueden leer en la prensa en la actualidad.
3.6.- Que el expediente judicial por el asesinato de Espinosa ya "estuvo a cargo de una quincena de magistrados, que se excusaron o abandonaron la causa por distintos motivos, uno de los últimos en dejar el caso, (el juez Dr.) Juan Eduardo Meani, aseguró que fue víctima de 'presiones' para que revisara las órdenes de captura contra los dos empresarios españoles".
3.7.- Que Conarpesa "serviría de una fachada ideal para el tráfico de drogas, especialmente cocaína de alta pureza, que ingresa desde Bolivia… y Paraguay, y sale… hacia España".
3.8.- Que Graciela Ocaña oportunamente trabajó en el ARI… y tuvo a su cargo la investigación de Conarpesa, su financiación de la campaña de Kirchner a través de De Vido, el asesinato de Espinosa y la relación de ese asesinato con entonces funcionarios de Santa Cruz, y hoy colaboradores de la Presidencia de la Nación.
3.9.- Que Ocaña, luego de ser designada por Kirchner al frente del PAMI, abandonó esa investigación.
Todos los subrayados son nuestros.
De lo transcripto surge con claridad que la actual diputada nacional, Dra. Elisa Carrió podría aportar datos vitales para esta investigación. Además, la Dra. Carrió, según todo indica, se entrevistó con el asesinado señor Espinosa poco antes del crimen, y éste le habría confiado los verdaderos motivos por los cuales, desde hacía tiempo, los directivos de CONARPESA lo perseguían y amenazaban.
Por lo dicho, creemos necesario que se cite a la Dra. Elisa Carrió para que preste declaración testimonial
4.- Southern Winds, vinculación con el narcotráfico.
Éste es otro caso que ya tiene sumario judicial abierto, y también extrañamente amañado, al parecer, para desviar la investigación de los presuntos y más encumbrados responsables. Otra vez nos encontramos con una causa donde se investiga el narcotráfico a España en grandes cantidades. Esa coincidencia es demasiado sugestiva como para no prestarle especial y detenida atención.
Y nuevamente también aparecen sospechados el Dr. Kirchner y su ministro el Arq. De Vido, además del Ing. Ricardo Jaime, antiguo y estrecho colaborador y amigo del presidente de la Nación.
La vinculación del Gobierno con la línea aérea Southern Winds surge a través del salvataje formalizado con la creación de LAFSA (Líneas Aéreas Federales SA). Notablemente, según "Clarín" del 26-Feb-2005, "LAFSA es controlada por José Bidart (hombre de confianza del ministro de planificación Julio De Vido) y Jorge Baravalle (consuegro de Roberto Lavagna). Nicolás Scioli (hermano del vicepresidente Daniel Scioli) que integraba la conducción, se alejó el año pasado".
5.- Bancos de Santa Cruz y de Santa Fe
Esta es una causa que requiere ser investigada. El señor Enrique Eskenazi, estrecho amigo del Dr. Kirchner, hasta mediados de 1997 era propietario sólo del pequeño Banco de San Juan, que había sido privatizado poco antes por el gobierno sanjuanino, perteneciente al grupo político del Dr. Menem. Eskenazi ofertó en la privatización del Banco de Santa Cruz, dispuesta por el Dr. Kirchner, a la sazón gobernador de esa provincia. Pero, el Banco Cooperativo Almafuerte hizo una mejor oferta en esa licitación. Al parecer, una persona ligada al gobierno del Dr. Menem sugirió al Banco Almafuerte retirar su oferta. Los directivos de éste se negaron a ello. Dos meses después y sorpresivamente, el Banco Central dispuso liquidar el Banco Cooperativo Almafuerte, y en pocas semanas el gobierno de Santa Cruz aceptó la oferta del señor Eskenazi y le vendió el Banco oficial de esa provincia.
Siendo ya presidente el Dr. Kirchner, el mismo Eskenazi ofertó por el Banco de Santa Fe, pero la pequeñez del grupo oferente, frente al tamaño mucho mayor del Banco a comprar, produjo la oposición fundada del Banco Central. Al final, y por influencia, al parecer, del Dr. Alberto Fernández, el Banco Central aprobó la operación, pero con el voto en disidencia de dos de sus directores, y el compromiso del grupo Ezquenazy de aumentar su cartera de depósitos en algo más de 30 millones de pesos. Siempre sugestivamente, como todo lo que venimos relatando, el gobierno de Santa Cruz habría constituido inmediatamente en el Banco de Santa Cruz (de Eskenazi, insistimos) un plazo fijo por la misma cifra exigida por el Banco Central para aprobar la compra del Banco de Santa Fe.
6.- Banco Nación, Lic. Miceli y Sr. Velasco.
En el mes de julio de 2005, Guillermo Cherasny publicó en su sitio, BrokersData.com, un despacho cuyas partes pertinentes transcribimos a continuación, con subrayados y negritas nuestras.
Las primeras movidas
Velasco (Ricardo Daniel Velasco, conocido como "Pacha", quien mantiene una relación afectiva estable con la Lic. Miceli) es un hombre ambicioso, que no desperdicia ninguna de las oportunidades que se le presentan. Ni bien Felisa Miceli llegó al Banco Nación, "Pacha" Velasco comenzó a operar para hacerse del control del Banco.
Su primera movida al respecto fue lograr que Miceli nombrara como vicepresidente 2do. del Banco Nación a Ricardo Lospinnato, un contador que pasara sin pena ni gloria por puestos de poca relevancia en el grupo Pérez Companc, pero que hace gala del mérito de ser amigo de juventud de Velasco y uno de sus hombres de mayor confianza. En el Nación Lospinnato es quien "cierra" técnicamente los negocios que "arma" Ricardo Velasco.
También hizo que Miceli le cediera a Lospinnato la presidencia de la estratégica Nación AFJP, la poderosa administradora de fondos de jubilaciones y pensiones perteneciente al Nación, y que simultáneamente nombrara a su gente en la administradora de Fondos Comunes de Inversión Carlos Pellegrini.
El manejo conjunto de la AFJP y de la administradora de fondos de inversión le permite a Velasco obtener jugosas comisiones, no registradas, e innumerables negocios financieros.
En el directorio de la FCI Carlos Pellegrini, Velasco colocó a uno de sus hombres, Marcelo Lapuente; un abogado sin ninguna experiencia en cuestiones financieras pero que para los planes de "Pacha" Velasco tiene el mérito de haber sido uno de los operadores económicos del recordado gobierno de Carlos Grosso en la Ciudad de Buenos Aires.
Lapuente es hoy uno de los principales gestores de los negocios que Velasco administra en el Nación. A cambio de una generosa contribución se encarga de gestionar créditos y de obtener refinanciaciones ventajosas -con quitas jugosas- para quienes tienen grandes deudas con el Banco Nación o con los Bancos que administra éste (en su momento se trataba del Suquía, el Bisel y el Bersa).
Pero como "Pacha" Velasco quería tener el control completo del Banco Nación, necesitaba que además de la presidencia, que detenta su novia, Lospinnato ocupara la vicepresidencia (1ra.). Pero a pesar suyo, Roberto Lavagna ya había ubicado en ese lugar a Zenón Biagosch (quien actualmente integra el directorio del Banco Central) por lo que los planes de Velasco se vieron frustrados y debió conformarse con el premio consuelo de que su amigo ocupara la vicepresidencia 2da. del BNA.
Durante su permanencia en el Banco Nación, Biagosch se enfrentó permanentemente con Lospinnato. Siempre oponiéndose a los negocios que, apelando a los oficios de éste, los Velasco-Miceli trataban de "colar" en el directorio.
Cuando, finalmente, Biagosch se mudó al Banco Central, de inmediato Velasco quiso mover su alfil y poner a Lospinnato en la Vicepresidencia del Banco Nación. Pero sus pretensiones otra vez se vieron frustradas, porque una vez más el Ministro Roberto Lavagna se le adelantó. Ni siquiera tomó en cuenta a Lospinnato y designó como Vicepresidente a Oscar Ferrari, un abogado de sólida formación civil y comercial muy vinculado a Ecolatina.
No obstante Velasco no ceja en su empeño y está operando para que, ante la eventualidad de que su novia integre las listas kirchneristas como candidata a diputada nacional (en el codiciado segundo lugar de la lista porteña), el Presidente de la Nación designe a su amigo Lospinnato como presidente del banco. (Nota de los denunciantes: Esto fue escrito en julio de 2005. Es muy sugestivo que, apenas la Lic. Miceli fue designada ministra de Economía, puso en la presidencia del Banco Nación al Sr. Lospinnato).
De carpintero a asesor financiero
Al mismo tiempo que colocaba a su gente en lugares estratégicos, Velasco necesitaba justificar su presencia permanente en el Banco Nación. Para ello, ni bien su novia asumió como Presidente, hizo que lo nombrara como asesor del Directorio.
Sin embargo, los Velasco-Miceli cuidaron el detalle y el nombramiento como asesor fue "ad honorem", de manera tal que la Miceli no pudiera ser acusada de nepotismo. Más allá de ello, y para brindar un argumento político que justifique la inexplicable presencia de Velasco en el directorio del Nación, éste dice a quien quiera oírlo que él es un hombre que responde a la Casa de Gobierno (al Secretario de la Presidencia, Oscar Parrilli) y que está puesto en el Nación para apoyar a Felisa Miceli y controlar de cerca a los hombres del Ministro Lavagna.
Como era de esperar, el nombramiento de Velasco ocasionó un fuerte cortocircuito entre Felisa Miceli y los directores que responden a Roberto Lavagna.
En la reunión de directorio en la que se aprobó su designación -reunión de la que se ausentó Miceli- uno de ellos, Juan Gulluscio, preguntó cuál era el fundamento para que alguien que no tiene otro antecedente profesional/laboral más que haberse desempeñado como carpintero, fuera designado asesor del Directorio del Banco más importante de la República Argentina.
La pregunta de Gulluscio fue seguida de un silencio sepulcral que fue roto por Lospinnato, quien justificó el nombramiento de Velasco argumentando que se trataba de "la pareja de la Señora Presidente" (SIC). Ante tamaño argumento Gulluscio pegó el portazo y renunció al directorio del Nación.
Sin inmutarse y ya con el molesto Gulluscio fuera del Banco, "Pacha" Velasco se instaló en uno de los suntuosos despachos pertenecientes al Directorio, que permanecía vacío.
Precisamente se instaló en el que está al lado del despacho de su novia y que tiene comunicación directa con éste. Haciendo ostentación del poder con que cuenta, se hizo poner dos secretarias, asignar uno de los automóviles correspondientes al directorio (si bien lo utiliza poco, y prefiere moverse con su propia 4x4), acompañado del correspondiente chofer y colocar en la puerta de su despacho un cartel en el que se lee "Ricardo Daniel Velasco, asesor del Directorio".
En contraposición, ninguno de los asesores profesionales del directorio del Banco Nación cuenta con despacho propio.
Para garantizarse la reserva de sus tejes y manejes, sin posibles ojos u oídos indiscretos, Velasco hizo que Felisa Miceli echara al jefe de seguridad del Banco y colocara en ese lugar estratégico a un hombre de su confianza, Brunet, proveniente de las filas de la Policía Federal.
Ya con sus espaldas cubiertas por Brunet y siguiendo normas de seguridad propias de quienes tienen negocios difíciles de justificar, también hizo que su novia le instalara en su despacho un teléfono del tipo "confidencial" -se trata de un teléfono encriptado, inmune a eventuales "pinchaduras"- y habitualmente utiliza un celular "trucho", distinto del que le proveyera el propio Banco de la Nación.
Si bien es un asesor ad honorem y de hecho no asesora al Directorio en nada, "Pacha" Velasco, con el consentimiento de su novia, se desenvuelve en el Directorio como si fuera un Director más (lo que produce la ira de los hombres del Ministro Roberto Lavagna).
Entre otras cosas no sólo utiliza los comedores reservados del Banco Nación para realizar almuerzos donde "cierra" algunos de sus negocios, sino que en las ceremonias del Banco no sólo se incluye junto a su novia entre las filas del Directorio, sino que ha subido con éste al escenario para entregar medallas en los aniversarios (ante la mirada atónica de los funcionarios de línea).
Las ambiciones políticas
Una vez hecho del control del Banco Nación, Velasco comenzó a realizar movidas políticas para proyectar su imagen a expensas de la buena estrella de su novia.
La primera de ellas fue lograr que ésta destinara fondos del Banco Nación para crear un fondo destinado a financiar microemprendimientos, que controla otro de los operadores de su novio: Reinaldo Ostroff. Entre otras cosas, esto le sirvió a "Pacha" Velasco para nombrar un ejército de contratados que actúan como sus operadores políticos, coordinados por Ostroff, repartiendo subsidios para las organizaciones sociales que él piensa instrumentar en su proyecto político.
En la actualidad Velasco, siempre detrás del sillón de su novia, está instrumentando otro fondo, que esta vez sería de $ 100 millones y estaría bajo su administración directa. Con este dinero piensa repartir favores en las provincias y colocar a algunos de sus colaboradores en lugares expectantes para las elecciones de octubre.
Dentro del ejército de contratados con que "Pacha" Velasco inundó al Banco, se encuentra Gustavo Herrera, al que Felisa Miceli nombró como asesor del Banco Nación en la provincia de Tucumán. El historial de Herrera satura al Veraz.
Tiene cuentas pendientes con varios Bancos y con la AFIP, entre otras cosas por librar un sinnúmero de cheques sin fondos. Sin embargo, para Miceli éste no parece ser un impedimento para que Herrera decida los destinos de los fondos del Banco Nación en aquella provincia. (…)
Los negocios de Velasco
Desde su llegada al Nación, Velasco ha realizado una serie de negocios de diversa envergadura, algunos de los cuales no tuvieron un final feliz porque se opuso el Ministerio de Economía o porque la voz de alto fue dada directamente desde Balcarce 50.
Su más rutilante fracaso fue la renegociación de la famosa deuda que el grupo Yoma tiene con el Nación. Velasco acordó con el propio Emir Yoma refinanciarle la deuda, que en sus orígenes estaba en torno de los 80 millones de dólares, reduciéndola a U$S 25 millones nominales pagaderos en 15 años mediante una ingeniería financiera francamente increíble.
Durante el 1er. año sólo se pagaría el 2% del capital, otro tanto en el segundo, 3% en el tercero, para continuar escalando progresivamente y culminar recién en el año 15 liquidando el 10%. El interés que se aplicaría sería más inexplicable que los pagos de capital: 1,5% en los dos primeros años, 1,6% en el tercero, 1,7% en el cuarto, 2,3% en el quinto y así sucesivamente. El autor de tamaña ingeniería financiera fue el eterno aspirante a la vicepresidencia, Ricardo Lospinnato.
La contraprestación a la que se comprometía Yoma ante el regalo de semejante descuento (que en términos de valor actual reducía la deuda a menos del 10% de su valor original; esto es, sin considerar los intereses caídos ni los punitorios), era pagar el 10% de la quita real, lo que redondeaba una suma cercana a los US$ 8 millones, que se efectuaría en tres pagos (uno de US$ 2 millones, y cada uno de los dos restantes de US$ 3 millones). La operación se iba a realizar a través de una cuenta en Montevideo, desde donde los fondos se girarían a España.
Como era de esperar que semejante acuerdo desatara más de una tormenta en el Directorio, Miceli esperó para aprobarla hasta el mes de enero, mes de receso, cuando los más duros de sus integrantes estaban de vacaciones. Sin embargo, la noticia del arreglo llegó de inmediato a Balcarce 50 y el Presidente en persona la conminó a dar marcha atrás de inmediato.
Temiendo que la noticia trascendiera a la prensa, los Velasco-Miceli marcharon súbitamente a Madrid, para esperar allí, lejos de periodistas indiscretos, los eventuales efectos no deseados que podía tener su osada jugada. Para suerte de ambos, la cosa no trascendió de los pasillos del poder.
Pero no todos fueron sinsabores para las incursiones financieras de "Pacha" Velasco. Entre los casos resonantes con el que sí tuvo un éxito considerable (y jugoso) fue con la entrega del frigorífico Santa Elena al siempre vigente Sergio "Rulito" Taselli.
Cuando Velasco llegó al Nación de la mano de su novia, una de las cuestiones irresueltas heredadas de los años menemistas era la de este frigorífico, que formó parte del caso Inducuer.
Taselli quería quedarse con el Santa Elena, y en una maniobra difícil de explicar logró que el juez de la quiebra le vendiera la maquinaria del frigorífico a un precio irrisorio. Una vez obtenida la maquinaria, sólo necesitaba que el Nación le vendiera el edificio (sobre el que tenía una hipoteca a su favor) situación en la que se encontraba cuando Miceli llegó a la presidencia del banco.
Sin embargo, las cosas no eran fáciles para los planes de Taselli. Los trabajadores del Santa Elena se habían agrupado en una cooperativa y con la asistencia del INAES -el organismo del Ministerio de Desarrollo Social que se encarga de la economía social- habían formulado un proyecto para explotar al frigorífico por sí mismos, como una empresa recuperada. Los planes incluían que el banco les entregara el edificio en alquiler, cosa a la que la "progresista" Miceli no le resultaba fácil negarse sin afectar su imagen.
Taselli tomó contacto con Velasco y ambos pergeñaron una estrategia para consumar la operación. Para ello necesitaban "dormir" el tema, hasta que se enfriara y pudieran hacerla sin ruidos ni costos políticos. Velasco fue el encargado de hacerlo. Para ello guardó el expediente del Frigorífico Santa Elena bajo cuatro llaves en su propio despecho y mantuvo eternas conversaciones con el INAES, en cada una de las cuales se preocupaba de brindar distintas excusas para dilatar la posibilidad de acceder al pedido de los trabajadores.
En el camino Velasco tuvo un golpe de suerte a su favor, cuando a causa de la interna de Desarrollo Social fueron apartados del INAES Elvira Castro y su grupo, quienes eran los principales opositores de la entrega del frigorífico a Taselli y los principales promotores del proyecto de empresa recuperada a cargo de los trabajadores.
Ya sin Elvira Castro de por medio y luego de dos años de amansadora a cargo de "Pacha" Velasco, la operación finalmente se concretó. Taselli se quedó con el Santa Elena y los Miceli-Velasco se embolsaron el 20% de la operación: la friolera de $ 700.000. Para alegría de ambos Taselli parece ser más generoso que Yoma, porque no sólo les dio el 20% sino que lo hizo en un solo pago y en billetes contantes y sonantes.
Hacemos notar a VS que, sobre este último asunto relatado por Cherasny, el conocido abogado penalista Dr. Juan Carlos Iglesias ha presentado hace pocos días una denuncia penal cuyo encabezamiento reza:
Del Dr. Juan Carlos Iglesias – 5-12-05
LA DENUNCIA
Señor Juez en lo Criminal y Correccional Federal:
Juan Carlos Iglesias, letrado, por su propio derecho y como simple ciudadano de la República, con domicilio en Tucumán 1424 4º A, a V.S.: respetuosamente digo:
Que vengo a formular una denuncia penal por la eventual comisión de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público (arts. 248 y 249 del C. Penal), Negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas (art. 265 del C. Penal), Cohecho y tráfico de influencias ( art.256 al 259 del C. Penal) contra FELISA MICELI, ex-Presidenta del Directorio del Banco de la Nación Argentina y actual Ministra de Economía de la Nación, RICARDO DANIEL VELASCO, asesor del Directorio del Banco de la Nación Argentina, por lo menos durante parte del período en que Miceli se desempeñara como Presidente del Banco Nación y SERGIO TASELLI, con motivo del apoderamiento ilegítimo del Frigorífico Santa Elena, quien habría entregado como contrapartida la suma de $ 700.000.- a los citados Miceli y Velasco, "en efectivo".
Lo dicho en este punto amerita abrir una investigación sobre las graves denuncias del señor Guillermo Cherasny y citarlo a declarar como testigo, además de solicitar se remita "ad effectum videndi et probandi" la causa abierta por el Dr. Juan Carlos Iglesias, para lo cual en su momento aportaremos los datos del Juzgado donde quedó radicada.
7.- Extraños subsidios del secretario de Transportes
De acuerdo con la nota del señor Diego Cabot, publicada por el diario LA NACIÓN el 13-11-05 (ver documental Nº 2) con el muy sugestivo título de "El señor de los subsidios",
"El secretario de Transporte, Ricardo Jaime, no sólo acumula denuncias de la Oficina Anticorrupción, sino también sospechas por sus vínculos con Southern Winds y por su manejo de los subsidios a las empresas del sector, incluida la polémica TBA".
En esa extensa nota, Cabot afirma que Jaime tiene
* "una absoluta confianza con el presidente",
* que "maneja la friolera suma de 2.000 millones de pesos por año destinados a inyectar subsidios en el transporte",
* que es "cordobés de nacimiento pero criado políticamente bajo el ala protectora de Kirchner",
* que "se maneja por fuera del organigrama. Directamente reporta al presidente",
* y que "es un preferido del presidente".
Sobre ese funcionario, dice el diario:
"Justamente la Oficina Anticorrupción se presentó como querellante en una causa penal en su contra… Jaime ha acumulado varios expedientes en la Justicia especialmente vinculados con el escándalo de SW, con la distribución de fondos destinados a obras en los ferrocarriles y con los subsidios al trasporte".
Éste es, pues, otro tema en el cual VS debe abrir, a nuestro entender, la correspondiente investigación ya que hay indicios concretos de la existencia de la asociación ilícita denunciada. Creemos oportuno que se cite a declarar como testigo al autor de la nota, señor Diego Cabot.
8.- El sugestivo poder de De Vido y su larga y estrecha relación con Kirchner
La larga y estrecha relación del Arq. Julio De Vido con el Dr. Kirchner, y su creciente poder, así como la aparente impunidad con que se mueve, son otros de los puntos por demás sugestivos, que indicarían la existencia de la asociación ilícita denunciada. Esa relación ha crecido notablemente desde que asumió la presidencia el Dr. Kirchner. Al respecto, el diario La Nación, en su ejemplar del 11-12-05, publica una nota de los señores Martín Rodríguez Yebra y Diego Cabot, en la que se afirma que De Vido (subrayados y negritas nuestros):
- "administra la porción más grande de poder fuera del despacho presidencial,… más del 10% del presupuesto nacional. Casi 10.600 millones de pesos, un 29,5% más que el año anterior.
- A veces ejerce como canciller… O como ministro de Trabajo.
- "La caída de Lavagna completó su esquema de poder. Con la llegada de Felisa Miceli al Ministerio de Economía su influencia creció de forma exponencial. Basta un ejemplo para entenderlo. A 20 días de las denuncias de Lavagna sobre la cartelización en la obra pública, las investigaciones quedaron en manos de Lisandro Salas, flamante secretario de Coordinación Técnica en el Palacio de Hacienda (Miceli). Se trata de un hombre de extrema confianza de De Vido…
- "Sin Lavagna, Kirchner le dio a su ministro de Planificación un explícito apoyo político.
- "De Vido trabaja con Kirchner desde hace más de una década…"
Queda totalmente claro que este es otro tema a investigar a fondo, pues apunta directamente a la posibilidad de la existencia de la asociación ilícita denunciada. También acá solicitamos se llame a los autores de la nota, los periodistas Martín Rodríguez Yebra y Diego Cabot a prestar declaración testimonial.
9.- El extraño ascenso de Rudy Fernando Ulloa Igor
La agencia electrónica Urgente24 difundió el 19-4-05 una nota sobre los antecedentes del Sr. Rudy Fernando Ulloa Igor, cuyo autor es el Sr. Carlos Alberto Bralo (documental Nº 18).
En dicha nota se afirma que:
9.1.- Kirchner y Ulloa se conocieron alrededor de 1977, cuando el segundo comenzó a trabajar como cadete del Estudio Jurídico que el actual presidente abrió en Río Gallegos.
9.2.- En 1982, ambos, junto con otros hoy conocidos funcionarios (Alicia Kirchner, Carlos Zannini, etc.), fundaron el Ateneo Juan Domingo Perón, y Ulloa fue el encargado de encontrar un local para alquilar cuando se decidió abrir una unidad básica. El 18 de abril de 1982 inauguraron la unidad básica 'Los Muchachos Peronistas'. Aún funciona y su presidente, como el de todas las unidades básicas que organiza Rudy, es Carlos Zannini.
9.3.- En agosto de 2001, el semanario Malón, propiedad del Grupo Magenta, difundió una biografía no autorizada de Rudy Ulloa, provocando agitación en Río Gallegos porque, además de explicar cómo Rudy se había apropiado de la FM Estación del Carmen, y cómo gestionaba el Centro Comunitario Barrio El Carmen y otros negocios menores, reveló que Rudy tenía un depósito en el Banco Provincia de Santa Cruz por 1.302.055 dólares.
9.4.- Cuando la Justicia lo convocó a declarar, Ulloa Igor dijo que el dinero no era suyo sino "del jefe". Y no fue una excusa porque, después, se supo que la cuenta era parte del patrimonio de Kirchner.
9.5.- Sorprende que un individuo tan desconfiado como Kirchner ponga en manos de un colaborador una firma autorizada para que éste disponga de más de un millón de dólares de su patrimonio personal. Conclusión: si Kirchner y Rudy comparten hasta una cuenta bancaria, la confianza que el Presidente le tiene a su colaborador-ahijado-amigo carece de límites.
9.6.- Cuando el señor Aburto fue electo intendente de Río Gallegos, Ulloa ubicó como secretario de Gobierno a Pablo Noguera, quien era su socio en el semanario "El Comunitario". Noguera comenzó a adjudicar las pautas publicitarias de la intendencia a "El Comunitario", lo que provocó un escándalo que llevó a Noguera a la cárcel –por un tiempo- y al semanario al abismo.
9.7.- Ulloa lo cerró, pero inició la publicación de un diario de distribución gratuita llamado "El Periódico", con versión digital. A Rudy aún le faltaba la TV, asignatura indispensable para quien aspire a un multimedios.
9.8.- "El Periódico" imprime cada día 18.700 ejemplares, que se regalan bajo el slogan "distribución gratuita, más barato imposible". Pero la rentabilidad esta garantizada: una edición cualquiera de "El Periódico" tiene publicidades tan disímiles como Honorable Cámara de Diputados de Santa Cruz, Banco de la Provincia de Santa Cruz, Consejo Provincial de Educación de Santa Cruz, Fomicruz Sociedad del Estado (de Santa Cruz), Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Provincia de Santa Cruz, y la publicación de licitaciones de Servicios Públicos Sociedad del Estado (4 avisos), del Programa Federal de Vivienda (11), y del Gobierno de la Provincia de Santa Cruz (3).
9.9.- Durante el tercer período como gobernador, Kirchner le otorgó a Ulloa el control de Canal 5 Comunitario (es TV abierta).
9.10.- Más recientemente, y luego de varios vaivenes económico-financieros que involucraron a Claudio Minnicelli, el cuñado de De Vido, el Canal 2 de Río Gallegos (o Canal 2 Producciones Sociedad Anónima), la mejor señal de cable de la provincia, pasó a manos de Rudy Fernando Ulloa Igor.
9.11.- Rudy no sólo dialoga con Kirchner cada fin de semana, cuando éste viaja a Río Gallegos (sus viviendas se encuentran separadas por escasos 50 metros. La de Rudy, al lado de la remisería que tiene, sobre la calle Maipú). También viaja a la Ciudad de Buenos Aires, y tiene una tarjeta magnética para ingresar a la Casa Rosada, tal como ocurre con los funcionarios importantes de planta.
Por lo visto, todo indica, VS, que Ulloa Igor sería otro integrante clave de la presunta asociación ilícita. Por ello, solicitamos se lo incluya en la investigación.
10.- La impunidad del grupo
De acuerdo con la documentación que hemos comentado, tanto el presidente Kirchner, como el resto de la presunta asociación ilícita, se han cuidado muy bien de quedar "protegidos" por un verdadero manto de impunidad.
En efecto, apenas asumieron el poder nacional, designaron a la esposa de De Vido, la ya citada Sra. Alessandra Minnicelli, como síndica general adjunta de la SIGEN, órgano encargado del control de los actos administrativos del presidente de la Nación, de su propio esposo y de los otros funcionarios acá denunciados. A ello se suman las denuncias sobre la gruesa falta de idoneidad para ese cargo de la Sra. Minnicelli, y las serias sospechas sobre la conducta moral del síndico general de la SIGEN, el Sr. Claudio Moroni, y de los señores Martín Redrado o Martín Pérez Redrado y Miguel Pesce, presidente y vicepresidente respectivamente del Banco Central, que también actúa como órgano de control, esta vez en el sector financiero.
Últimamente, ese manto de impunidad se habría consolidado escandalosamente con el nombramiento del Sr. Lisandro Salas como nuevo secretario de Coordinación Técnica del Ministerio de Economía, en la órbita de la Lic. Miceli, pues en sus manos (de Salas) quedará la investigación de la denunciada cartelización de las obras públicas que contrata su mentor y protector político, el Arq. De Vido. De ese modo, De Vido, jefe político de Miceli (y de Velasco), será investigado por un subordinado de Miceli impuesto por De Vido (documental Nº 23: "El gran negociador"). Y todos tendrán (tienen) el respaldo irrestricto del presidente Kirchner, aparente jefe de la asociación ilícita denunciada.
Los integrantes de la presunta asociación ilícita habrían pasado a ser jueces y partes al mismo tiempo, con la consiguiente burla a la Justicia.
Salvo los detalles y matices lógicos, la situación es similar a la que se dio en Santa Cruz, cuando un juez, que es sobrino del presidente Kirchner, decidió que en el escándalo de los millones de dólares de la provincia "desaparecidos" por el presidente Kirchner, no había delito alguno y archivó la causa sin más trámite.
Con tales datos de la realidad, la sospecha de estar ante una verdadera y peligrosa asociación ilícita se torna muy fuerte.
11.- Las denuncias de la Dra. Elisa Carrió y la investigación del ARI
En numerosas oportunidades, la actual diputada nacional Dra. Elisa Carrió ha difundido serias sospechas de corrupción respecto de las más latas esferas oficiales de la Nación. Incluso ha llegado a denominar al Arq. Julio De Vido como "el cajero de Kirchner".
Por otro lado, los técnicos, dirigentes y algunos diputados de su partido han elaborado un extenso, detallado y documentado trabajo titulado "INFORME de INVESTIGACIÓN - La distribución de la obra publica-Clientelismo o Política de Estado, 1ª y 2ª parte". Dicho estudio contiene muy valioso material sobre las irregularidades cometidas por el actual gobierno en la adjudicación y distribución de las obras públicas, especialmente desde el Ministerio de Planificación y, obviamente, desde la propia Presidencia de la Nación: un indicio más del accionar de la presunta asociación ilícita.
Por ello solicitamos se cite a la diputada nacional Dra. Elisa Carrió para que declare como testigo, y se le requiera aportar un ejemplar del mencionado estudio.
12.- Denuncias de PERFIL del 4-12-05
El semanario dominical PERFIL, en su entrega del 4-12-05, formula una serie de denuncias relacionadas íntimamente con el caso que nos ocupa. En efecto, dice PERFIL:
12.1.- Que Facundo De Vido, hijo el ministro de Planificación, es socio de una empresa inmobiliaria que proyecta un megaproyecto en Puerto Madero, y que habría recibido enormes ventajas del gobierno nacional, expresamente autorizadas o impulsadas por su padre, lo que configuraría el delito de tráfico de influencias (documental Nº 10 y 17).
12.2.- Que la presidenta del Unidad de Información Financiera, Sra. Alicia López, debió renunciar a su crucial cargo, por falta de interés en el control del lavado de dinero por parte del gobierno, y en concreto del Dr. Kirchner (documental Nº 11).
12.3.- Que el empresario santacruceño, Sr. Lázaro Báez, tiene desde hace años una sugestiva relación, al parecer comercial, con el Dr. Kirchner, y habría recibido favores apreciables del gobierno de Santa Cruz (documental Nº 12).
12.4.- En la nota "Felisa, me muero", el periodista Jorge Lanata aporta una larga serie de indicios sobre la asociación ilícita denunciada (documental Nº 14).
13.- La denuncia del Dr. Carlos Alberto Bralo
El Dr. Carlos Alberto Bralo ha presentado recientemente una denuncia penal contra el Dr. Kirchner y otros funcionarios, por el presunto delito de malversación de caudales públicos, abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios públicos, debido a la financiación de campañas electorales con recursos del Estado (documental Nº 19).
También dicha causa debería ser solicitada "ad effectum
videndi et probandi", y así lo solicitamos formalmente, para lo cual en su momento aportaremos los datos del Juzgado donde quedó radicada.
Resumen
Al parecer estamos frente a una asociación ilícita (que, a su vez, habría cometido otros delitos como los de cohecho, defraudación agravada, tráfico de influencias, etc.), pues:
a)- existirían 3 ó más miembros estables permanentes (banda estable),
b)- habría sido constituida con el objeto de cometer una pluralidad indeterminada de delitos,
c)- y tendría una prolongada permanencia en su accionar.
El análisis de esta larga serie de presuntos delitos y sus antecedentes parece sugerir que la asociación ilícita denunciada se formó aún antes de asumir el Dr. Kirchner la Gobernación de Santa Cruz (y quizás antes de ser intendente de Río Gallegos), y que la búsqueda del poder político, primero municipal, luego provincial y finalmente nacional, así como los recientes cambios en el Ministerio de Economía, tuvieron el objetivo central (aunque no necesariamente el único) de facilitar el accionar delictivo de dicha asociación ilícita.
IV.- PRUEBA
La aportaremos al momento de ratificar esta denuncia.
VI.- DERECHO
Fundamos nuestro derecho en los arts. 174 inc. 5, 210, 210 bis, y 256 y siguientes del CP, y en el art. 174 y siguientes del CPPN.
VII.- PETITORIO
1.- Se nos tenga por presentado como denunciantes y constituido el domicilio, procesal.
2.- Efectuada la correspondiente investigación y de acuerdo a sus resultados, se condene a quienes resulten autores, cómplices o encubridores, del delito de asociación ilícita, sin óbice de investigarlos y condenarlos por la comisión de los otros delitos particulares (cohecho, defraudación agravada, tráfico de influencias, etc.), sea en este expediente por haber sido denunciados en él, o en las causas que ya obran en otros Juzgados, con la conexidad que corresponda.
Proveer de conformidad SERÁ JUSTICIA.
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