La minería produjo un desastre ambiental en Costa Rica

Por Humberto Kadomoto

La MINERA CANADIENSE Glencair Gold informó a la prensa local que desde el 25 de julio pasado cerró la mina y despidió a los 350 trabajadores, debido a que el terreno, ubicado en las montañas de Miramar de Puntarenas (Pacífico central - Costa Rica), se está deslizando a causa de las lluvias.

La mina ha apilado cerca de ocho millones de toneladas de materiales altamente tóxicos, los cuales se están deslizando poco a poco y que contaminarán el río Ciruelas, ubicado cerca de la mina. Este río desemboca a unos 15 kilómetros, en el Golfo de Nicoya, uno de los sitios de más riqueza del país para la actividad pesquera, y donde sobreviven cerca de 4.500 pescadores artesanales. El principal contaminante sería el cianuro, mas el mercurio, plata, arsénico o cobre.

Desde el 2002 está vigente un decreto de PROHIBICION DE MINERIA A CIELO EN COSTA RICA.

11 de septiembre de 2007Ecologistas de Costa Rica advirtieron hoy acerca de una posible "catástrofe ambiental" debido al deslizamiento de una mina de oro a cielo abierto que se ubica en la zona del Pacífico y que fue cerrada por la empresa de capital canadiense que la opera.
Gabriel Rivas, biólogo y ecologista, afirmó en una conferencia que "estamos ante un gravísimo accidente con el potencial de convertirse en una de las mayores catástrofes ambientales en la historia de Costa Rica".

La empresa canadiense Glencair Gold Corporation informó a la prensa local que desde el 25 de julio pasado cerró la mina y despidió a los 350 trabajadores, debido a que el terreno, ubicado en las montañas de Miramar de Puntarenas (Pacífico central), se está deslizando a causa de las lluvias.

Sin embargo, Rivas aseguró que la situación era "previsible", pues las autoridades de gobierno tenían conocimiento de la inestabilidad de los terrenos en la zona, que ahora contienen elementos tóxicos como cianuro, a causa de las labores de minería.

Según el ecologista, la mina ha apilado cerca de ocho millones de toneladas de materiales considerados altamente tóxicos, los cuales se están deslizando poco a poco y que podrían caer en el río Ciruelas, ubicado cerca de la mina.Este río desemboca a unos 15 kilómetros, en el Golfo de Nicoya, uno de los sitios de más riqueza del país para la actividad pesquera, y donde sobreviven cerca de 4.500 pescadores artesanales.El principal contaminante sería el cianuro utilizado para extraer el oro de las rocas y el cual también libera metales pesados como mercurio, plata, arsénico o cobre, que podrían contaminar los mantos acuíferos que abastecen las comunidades cercanas.

Además, la "geomembrana" colocada debajo del terreno para evitar filtraciones de material tóxico a los mantos acuíferos, se está estirando a causa del movimiento de tierras.Los pobladores de Miramar y los grupos ecologistas temen que esa "geomembrana" se rompa y que el cianuro y los metales pesados lleguen hasta las 21 nacientes de agua del lugar.Roberto Aguilar, abogado y vecino de Miramar, afirmó que en un estudio reciente, encontraron en el agua de la comunidad un pequeño porcentaje de cianuro, que aún no es dañino para los humanos, pero que es una señal de advertencia.

La empresa, que entró en operación en noviembre de 2002, solicitó a las autoridades costarricenses la suspensión de operaciones durante un año para analizar posibles soluciones, aunque ha aceptado que es "incierto" una reanudación de operaciones.

En total, el terreno que se está deslizando es de 100 millones de toneladas, cifra que incluye las ocho millones de toneladas altamente tóxicas, así como otros materiales.

Entre las posibles soluciones para la mina está la construcción de un muro de contención que tendría un costo cercano a los ocho millones de dólares.

Rivas explicó que en agosto pasado la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) envió uno de sus geólogos para efectuar un estudio en el sitio, pero aún no se ha concluido."La falta de información oficial tanto de la empresa como de las autoridades, nos hace temer que existe un peligro potencial de que la empresa se declare en quiebra, abandone la mina y que los costarricenses paguemos las consecuencias", concluyó Rivas.

Desde el 2002 está vigente un decreto de moratoria a la minería a cielo abierto, firmado por el entonces presidente Abel Pacheco.