Los planes sociales del país, lejos de los principios internacionales de DDHH

Por Infocívica

Una investigación del CELS revela que, para acceder al programa Familias por la inclusión social, las personas deben firmar una carta compromiso en la que renuncian a ejercer cualquier reclamo contra el Estado en caso de que se les suspenda el beneficio. Con un alcance limitado y un subsidio que está muy por debajo de la Canasta Básica Alimentaria, el programa también tiene características discriminatorias al clasificar a las personas como "empleables" o "inempleables".

(INFOCÍVICA, Buenos Aires, 10 de septiembre de 2007). Los programas sociales en la Argentina todavía no respetan los principios de Derechos Humanos en su totalidad y, por ende, aún mantienen un diseño que se acerca al asistencialismo que caracterizó a las políticas sociales de los años 90. Esta conclusión surge de una investigación que realizó el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) respecto del programa “Familias por la Inclusión Social ”, que fue creado por el gobierno nacional como una alternativa para salir del Plan “Jefes y Jefas de Hogar Desocupados”.

La investigación de la ONG , que se realizó entre agosto 2005 y diciembre 2006, revela que el programa Familias funciona sin permitir el derecho a ejercer reclamos, con rasgos discriminatorios y un alcance limitado. Además, destaca el informe, el subsidio no llega a cubrir el costo de la Canasta Básica Alimentaria.

Sucede que para acceder a este programa, que nació con la intención de alinearse a políticas sociales que buscan la integralidad de sus acciones, los receptores deben firmar una “carta compromiso” por medio de la cual renuncian a ejercer cualquier reclamo contra el Estado en caso de que se les suspenda la asignación del subsidio. Este aspecto demuestra la ausencia de vías para canalizar las demandas de los receptores del programa. Así, el Estado “sigue considerando las prestaciones provenientes de los programas sociales como meras concesiones del poder público, ajenas a la perspectiva de derechos”, señala la investigación que fue publicada recientemente en el libro “Programa familias por la inclusión social: Entre el discurso de derechos y la práctica asistencial”.

“Es una clara renuncia a sus derechos porque, además, el programa no tiene previsto formalmente un canal de reclamos. Las personas que quieren hacer reclamos, entonces, sólo pueden hacerlo a través de amparos y por la vía judicial”, destaca Pilar Arcidiácono, directora de Programas de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de CELS.

Pero las deficiencias del programa Familias no concluyen ahí, ya que este también pone en juego elementos fundamentales del derecho internacional de los derechos humanos de igualdad y no discriminación. En efecto, la investigación dejó al descubierto que las personas que reciben el programa fueron caracterizadas previamente como “empleables” o “inempleables” por el Ministerio de Trabajo. Esta distinción sería discriminatoria, porque la capacidad de insertarse en el mercado de trabajo aparece aquí como “una condición adscripta a los sujetos, a quienes se estigmatiza como empleables o inempleables, y no a una condición relacionada con la estructura de un mercado de empleo altamente segmentado según sexo y clase social”, destaca el informe.

Dentro del grupo de “inempleables” aparecen, no sólo las personas mayores de 60 años, sino también las mujeres con responsabilidades familiares. De este modo, la clasificación se basa sobre el supuesto de que las mujeres que tienen hijos no pueden trabajar. “No se respeta el principio de igualdad de oportunidades y de género, es decir, no siempre es la mujer la encargada de cuidar a los hijos ni tiene por qué ser así”, advierte Arcidiácono. Y agrega: “Además, esta forma de clasificar a los beneficiarios del programa no pone la mira en la demanda laboral, sino en la potencialidad del empleado”.

La igualdad de trato y de oportunidades de género de los miembros de familia, sin embargo, está expresada en la resolución 825/05 del Ministerio de Desarrollo Social. Es decir, esto no se está cumpliendo con la clasificación previa de los beneficiarios del programa. Tampoco cumple otro aspecto de esa resolución, la de “garantizar el reconocimiento y compromiso de hombres y mujeres respecto a la educación y desarrollo de sus hijos”.

Otro de los puntos llamativos de esta investigación es la limitación del programa para alcanzar a cubrir toda la geografía del país y las restricciones que existen para ingresar a él. De hecho, hasta mayo de 2005 sólo podían solicitar este subsidio los ciudadanos de 17 provincias y, dentro de ellas, sólo los habitantes de 74 municipios. Para el CELS, “al tratarse de un programa de aplicación nacional, no existían razones que permitieran al Estado evadir su responsabilidad frente al principio de universalidad de los derechos humanos”.

Ante la consulta del CELS respecto de esta observación, desde el Ministerio de Desarrollo Social les informaron que “el criterio de focalización geográfica fue determinado en 2002, de acuerdo al estado de emergencia social de las provincias, aglomerados urbanos y municipios seleccionados”. Sin embargo, según los datos relevados por el CELS, resulta imposible justificar la selección geográfica realizada.

Según el informe del CELS, esta situación fue modificada en mayo de 2005 por ese Ministerio, aunque sólo en forma parcial, porque, si bien se extendió la cobertura a todo el país, sólo se permitió el ingreso de aquellos beneficiarios del plan Jefes y Jefas que “desearan” migrar al programa familias. Es decir, nunca se abrió una inscripción para nuevos beneficiarios.

Respecto de esto, la ONG destacó que se cerró las puertas a aquellas personas que reúnen los requisitos para incorporarse al nuevo programa. A esto se suma que la inscripción del programa Jefes y Jefas se cerró el 17 de mayo de 2002, y que sólo se han logrado incorporar luego de esa fecha aquellas personas que acudieron a la instancia judicial.

El programa Familias incluye un subsidio que se entrega fundamentalmente a las madres, a cambio de que realicen controles de salud y garanticen el acceso a la educación para sus hijos. Sin embargo, el monto actual del subsidio se ubica entre los $155 y los $305, dependiendo de la cantidad de hijos, y no alcanza a cubrir las mínimas necesidades alimentarias del grupo familiar. Por ello, el informe del CELS plantea la necesidad de aumentar el subsidio hasta igualarlo con el costo de la canasta básica alimentaria, y establecer un mecanismo que evite que el monto del ingreso familiar se deprecie a causa de la inflación. Además, propone que la percepción de este subsidio sea compatible con la existencia de otro ingreso en el grupo familiar, hasta sumar así un monto no inferior a la canasta básica de alimentos.

“Lo que buscamos con este informe, que presentaremos al Ministerio de Desarrollo Social, es que se produzca un cambio en el discurso de políticas sociales del gobierno. La idea es que se ponga el enfoque en los Derechos Humanos y evitar así que estos programas terminen siendo una política asistencialista, tal como sucedió en los años 90”, destacó Arcidiácono.

El trabajo que realizó el CELS forma parte de una investigación sobre otros programas sociales implementados en el país luego de la crisis de 2001, y contó con el apoyo de la UNESCO