Por ADIN@DIN, 29 de noviembre de 2007 - Anoche, la Cámara de Diputados de la Nación dio por fin la sanción definitiva a la Ley de Bosques, que pone freno a los desmontes por un año, hasta que las provincias y la Nación hagan un ordenamiento territorial para determinar qué tipo de bosques se pueden talar y cuáles no. Los legisladores aprobaron sin cambios las modificaciones que habían sido introducidas hace una semana por el Senado.
La sanción de Diputados mantuvo la declaración de la emergencia forestal, que tendrá vigencia por un año, lapso en que las provincias deberán promulgar una ley de ordenamiento territorial, que determine cuáles son las superficies a conservar intactas, en cuáles corresponde una explotación regulada para garantizar la sustentabilidad y aquellas que carecen de valor ecológico y pueden ser destinadas a cultivos. Dicha clasificación deberá responder a una serie de criterios de sustentabilidad establecidos en un anexo del proyecto sancionado.
El único orador fue el diputado kirchnerista independiente Miguel Bonasso, presidente de la Comisión de Recursos Naturales y autor de la iniciativa. El proyecto, respaldado por todas las organizaciones ambientalistas, fue sancionado por la Cámara baja en marzo pasado, pero quedó frenado en el Congreso, por la oposición de los gobernadores de las provincias norteñas, donde la tala indiscriminada se acentuó en los últimos años a expensas del desarrollo sojero y de los agronegocios.
La campaña de los ecologistas, que en octubre reunió más de un millón de firmas para exigir la sanción definitiva, "agilizó" las negociaciones. Finalmente se decidió introducir varias modificaciones; la principal fue la creación de un fondo de casi 1.000 millones de pesos para "compensar" a las provincias del norte por lo que dejarían de percibir cuando frenen los desmontes.
Ese fondo compensador estará conformado por el 0,3% del presupuesto nacional y el 2% de las retenciones agropecuarias. Del total, el 70% se entregará a los dueños de las tierras a cambio de que no talen los bosques. El 30% restante será aplicado por las provincias a programas de conservación. Los gobiernos provinciales se reservarán también la facultad de sancionar y aplicar multas.
Entre 2002 y 2006, la deforestación creció casi un 42% respecto del período que va de 1998 a 2002 y llegó a 1.108.669 hectáreas. La tasa de desmonte es seis veces más alta que la media mundial.
La nueva ley establece que los bosques deben ser clasificados según tres categorías: roja (intangibles, por su alto valor ambiental), amarillo (de aprovechamiento limitado), y verde (que podrán talarse por completo).
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