Otra cachetada: la Justicia condenó a Río Negro por Práctica Antisindical

Prensa ATE -Río Negro

Dos fallos de suma importancia para nuestra clase salieron antes de que terminara el año. Salud Pública deberá, por un lado, restituir las condiciones laborales enajenadas al dirigente Hugo Rojas y, por otro lado, devolver su puesto de trabajo a la compañera Alicia González médica del hospital de Sierra Grande.

El mismo gobierno que precariza la Salud, la Promoción Social, la Educación y a sus trabajadores, es el que persigue a quienes levantan la voz para denunciar las injusticias. En todas las líneas del gobierno se fomenta el dedo inquisidor que acusa, persigue y hostiga a los luchadores sociales. Hoy, sin embargo, podemos celebrar un tiro para el lado de la justicia.

La Cámara del Trabajo con asiento en esta ciudad falló a favor de nuestro sindicato, encarnado en el Secretario General Hugo Rojas, quien desde el año 2003, casi en forma concomitante con el inicio de su labor gremial sufrió hostigamiento, discriminación y trato desleal por el solo hecho de ejercer la representación gremial; y condenó a la Provincia por Práctica Antisindical.

Rojas es Profesional Bioquímico en el Laboratorio Central del Hospital “Francisco López Lima” de Fishcug Menuco (Roca) y desde entonces se le comenzaron a asignar en forma dispar los puntos para guardias activas, dándole calificaciones disvaliosas e inferiores a los de sus compañeros a efectos de la percepción del Fondo de Obras Sociales.

Ya en febrero de 2007 había salido una medida cautelar, mediante la que se demandaba la restitución de las condiciones de trabajo. Sin embargo, por la tozudez política del Ministro de Salud, de la Directora del nosocomio y de los Jefes de Departamento y de Servicio, esto nunca se llevó a la práctica.

Ahora Salud Pública deberá restituirle en el plazo diez días, bajo apercibimiento de aplicar una sanción conminatoria (astreintes). Del mismo modo, la Justicia condenó a la Administración Provincial y le impuso una multa por 1.000 pesos por Práctica Antisindical. Sentando un fallo inédito en la provincia.

El otro caso es el de la compañera Alicia González, médica del Hospital “Dr. Pablo Bianchi” de Sierra Grande. En los primeros días de diciembre pasado la trabajadora recibió un telegrama enviado por el director del nosocomio Hernán Cáceres mediante el cual se le anunciaba la no renovación del contrato que culminaba el 31 de diciembre de 2007.

Frente a la negativa del director de atender al Sindicato, ni dar los motivos de la cesantía de la compañera, las delegadas de ATE movilizaron a la comunidad hospitalaria realizando asambleas tras lo cual se presentó un amparo judicial solicitando una medida cautelar. El mismo fue aceptado por la Cámara Laboral de Viedma, quien hizo lugar a la medida de no innovar solicitada y ordenó al Ministerio de Salud que se mantenga la situación de revista de la actora como médica generalista del hospital.

Para dictar sentencia, la Cámara Laboral tomó en cuenta el caso "Madorrán c. Administración Nacional de Aduanas", en el cual la Corte Suprema de Justicia ordenó reinstalar a una trabajadora que había sido despedida de ese organismo público, ya que no se había realizado un sumario previo. El Caso Madorrán es un fallo trascendental para los empleados públicos al proteger la estabilidad en el empleo.

Estos dos casos, el de Rojas y González, muestran claramente la cara inquisidora del gobierno. Un gobierno que tendrá que poner las barbas en remojo porque los trabajadores nos estamos organizando y en lucha por trabajo y vida digna y no nos detendremos hasta conseguirlo.

Solidaridad con los trabajadores rurales

Desde la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y como miembros de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), frente a la nueva instancia paritaria de los trabajadores rurales, extendemos un abrazo compañero y manifestamos nuestra solidaridad con la lucha que llevan adelante.

Sabemos de las penurias que padecen los rurales, de sus magros sueldos y de su histórica postergación. Un panorama similar al conjunto de la clase trabajadora por el cual presagiamos un año de diputa en el cual los trabajadores deberemos redoblar nuestros esfuerzos para profundizar la lucha, herramienta y esperanza que posibilitará los cambios que se necesitan.

Es por esto que creemos que en estas paritarias, es imprescindible que los compañeros ratifiquen la exigencia de un salario para todos los trabajadores de acuerdo a una definición legal y garantía constitucional. El salario mínimo vital debe asegurar los ingresos necesarios para la dignidad humana y no sólo rondar la línea de pobreza.
El sistema constitucional y legal vigente define como salario mínimo vital al un salario que garantice alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestimenta, asistencia sanitaria, esparcimiento, transporte, vacaciones y previsión.
Salud compañeros rurales y a seguir luchando!