Enviado por Ricardo MódicaLa legisladora Silvia Horne (PJ) ingresó una iniciativa de ley por la que promueve la protección legal del derecho a la vivienda, democratizar el acceso a la tierra e inmuebles y la promoción de la conformación de bancos de inmuebles.
En el mismo sentido, asegurar el derecho a la regularización dominial sin discriminaciones, otorgando preferencia a los grupos más vulnerables, determinar las bases para la participación vecinal en materia de asentamientos humanos y, con ello, contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la población.
El espíritu de la norma es alcanzar estas metas "como parte de una política social comprometida con el desarrollo humano, la integración social, la paz social, la igualdad de oportunidades, la equidad entre géneros y el reconocimiento a la diversidad", según queda reflejado en el articulado.
Horne propone que las políticas de accesibilidad al suelo y a la vivienda serán destinadas prioritariamente a los sectores más vulnerables, entendiendo por estos a las personas de escasos recursos económicos, incluidos los desocupados o subocupados, los menores de edad, los que presenten discapacidad, las mujeres solas y los pueblos originarios.
En otro sentido, la legisladora justicialista especifica que "se entenderán como discriminatorias las exclusiones basadas en origen nacional, residencia provincial o municipal, o por razones políticas, religiosas o de índole sexual".
En los fundamentos, Horne sostiene la "imperiosa necesidad de una ley que de manera eficiente garantice el acceso al suelo y a la vivienda digna" y sostiene que "la falta de acceso al suelo y a la vivienda por parte de amplios sectores de la población rionegrina ha sido una regla común", a lo que se suma una "pobre política pública de vivienda".
"Los estados poseen la obligación de efectuar una política pública de vivienda acorde con las necesidades actuales" que priorice las situaciones de vulnerabilidad y los casos de grupos desventajosos incluyendo "las personas sin hogar y sus familias, las alojadas inadecuadamente y las que no tienen acceso a instalaciones básicas, las que viven en asentamientos ‘ilegales’, las que están sujetas a desahucios forzados y los grupos de bajos ingresos", señala Horne en los argumentos que acompañan al articulado de su iniciativa.
FUENTE: PRENSA LEGISLATURA
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