Por sobreprecio: la línea de alta tensión Madryn-Pico Truncado en la lupa de la AGN

Fuente: Crítica digital

Dos funcionarios de Alberto Fernández frenan informes: la auditoría que cuida al Gobierno

El jefe de Gabinete llevó a dos leales, Lamberto y Brusca, a la AGN, y puso a una militante K en un área clave que investiga el destino de los fondos en dependencias oficiales. La UCR amenaza con dejar el organismo.

Damián Glanz

El jefe de Gabinete continúa extendiendo sus tentáculos sobre las instituciones del Estado. Ahora, Alberto Fernández intervino virtualmente la Auditoría General de la Nación (AGN), el organismo que depende del Congreso y que se ocupa de controlar las cuentas del Gobierno. Con la designación de dos auditores leales, el ministro estableció una estructura de poder en la AGN que obstaculiza la investigación sobre los gastos oficiales. Ya consiguió frenar la publicación de cuatro informes que comprometen a los ministros de Planificación, Julio De Vido, y de Justicia, Aníbal Fernández; a la ex ministra Felisa Miceli, a las autoridades del Banco Nación y al secretario de Energía, Daniel Cameron.

La auditoría identificó un nuevo caso de millonarios sobreprecios en una obra energética, irregularidades en la distribución de fondos a las provincias, un pasivo no reconocido del Banco Nación de 5.700 millones de pesos y comprobó la responsabilidad del Ejecutivo en el caso “Greco”.

EL DESEMBARCO. La historia de la intervención albertista comenzó con un escándalo. El 7 de noviembre pasado, el oficialismo abusó de su mayoría en la Cámara de Diputados para imponer la nueva integración del Colegio de Auditores. Ese cuerpo está compuesto de seis miembros: tres por cada Cámara, y un presidente que propone la principal fuerza de la oposición. Los mandatos de los auditores salientes –el menemista César Arias y el frepasista Mario Fadel– vencían el 10 de diciembre y debían ser elegidos por la nueva composición del Congreso, que asumiría ese mismo día. Pero un mes antes de la fecha programada, y sin aviso previo, el bloque kirchnerista designó a dos hombres cercanos a Fernández: Vicente Brusca, un dirigente del Frente Unidad Peronista (FUP) que venía de presidir la Auditoría porteña en representación del Frente para la Victoria, y el ex diputado peronista Oscar Lamberto, que manejó durante una década la Comisión Mixta Revisora de Cuentas, oficina parlamentaria que se ocupa de evaluar los informes que realiza la auditoría. La designación irregular fue denunciada ante la Justicia por el bloque de la Coalición Cívica que reclamaba para sí uno de esos cargos vacantes.

El desembarco de Brusca y de Lamberto surtió un efecto inmediato. Todas las auditorías en curso que podían comprometer la situación judicial de los miembros del Ejecutivo quedaron congeladas. Crítica de la Argentina pudo reconstruir parte de esos expedientes.

• Obras energéticas, sobreprecios y Ministerio de Planificación componen un tríptico que se repite en la administración K. La AGN identificó un nuevo caso en las obras de interconexión de la línea de alta tensión de 500 kilovoltios entre Choele Choel (Río Negro) y Pico Truncado (Santa Cruz). De acuerdo a la investigación, el primer tramo de la obra –entre Choele Choel y Puerto Madryn (Chubut)– tuvo un costo de 545.736,71 pesos por kilómetro, mientras la segunda parte –de Puerto Madryn a Pico Truncado– se hizo, en el mismo período, a 848.812,71 pesos el kilómetro.

El informe destaca que cuando el Ministerio de Planificación licitó la obra en 2005, el presupuesto de la adjudicación alcanzaba los 580 millones de pesos. La empresa que cobró el sobreprecio de 48 por ciento es Intesar S.A., que pertenece a Electroingeniería, una firma cordobesa que creció al amparo de la actual gestión y que tiene estrechos lazos con el Gobierno.

• Desde el año 2002, el gobierno nacional subejecuta una caja que les pertenece a las provincias. Se trata del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN). Por ley, esa caja, que está en manos del Ministerio del Interior, debería ser utilizada para atender desequilibrios financieros provinciales o municipales. Pero la mayor parte de ese dinero no llega a ningún lado. En los últimos cinco años, el Gobierno distribuyó poco más del ocho por ciento, y se quedó con unos 5.700 millones de pesos. ¿Dónde fueron a parar esos fondos? Según figura en otro informe de la AGN, el dinero se utiliza para “fondear” al Banco Nación Argentina y disimular un pasivo acumulado en los últimos cinco años que equivale al monto subejecutado: 5.700 millones de pesos.

• A comienzos del año pasado, y a pedido del bloque de senadores de la UCR, la auditoría incluyó en su plan anual una investigación especial sobre el caso “Greco”: el intento del Gobierno de Néstor Kirchner de pagarle al quebrado holding mendocino una deuda ilegítima cercana a los 550 millones de pesos.

En 2006, el Ejecutivo había acatado la orden de un juez de emitir el pago, y la entonces ministra de Economía Felisa Miceli elevó al Congreso un proyecto de ley de ampliación presupuestaria que incluía esa erogación disimulada en una cuenta global llamada “pago a proveedores”. Tras el escándalo, la propia Miceli admitió que el pago no correspondía y denunció penalmente a sus propios empleados. Los técnicos de la auditoría determinaron que la voluntad de pagar los 550 millones de pesos no corrió por cuenta del equipo legal de Economía, como argumentó la ex funcionaria, sino que fue una orden directa de ella. Miceli podría ser denunciada penalmente por “tentativa de defraudación al Estado”.

• Hay un cuarto informe que preocupa a la Casa Rosada y que se ocupa del reparto a las provincias de las regalías petroleras que calcula la Secretaría de Energía. El órgano de control detectó la persistencia de falencias que ya había señalado el año anterior y que no fueron corregidas por Daniel Cameron, a cargo de esa oficina desde mayo de 2003.

Según el estudio realizado por la auditoría, la secretaría no implementó un registro confiable de las declaraciones juradas de la explotación petrolera que realizan las concesionarias de los pozos. En base a esos datos, se calculan las regalías que deben abonar las empresas y que se distribuyen entre las provincias productoras de hidrocarburos.

La AGN detectó que no concuerdan los datos provisorios que publica el Gobierno mensualmente, con los que efectivamente utiliza para calcular el dinero que deben recibir los gobernadores. ¿Cuánto pierden las provincias? No se sabe. El informe está retenido en la Gerencia de Control de Entes Reguladores.

El avance albertista no termina ahí. Los auditores generales que responden a la oposición (Leandro Despouy, Alfredo Fólica y Horacio Pernasetti) propusieron modificar la estructura de la AGN y adaptarla a las nuevas formas de ejecución presupuestaria del Gobierno. El objetivo era crear nuevas oficinas que se ocuparan de evaluar el destino de los cada vez más abultados subsidios a empresas privadas, los fondos fiduciarios y las nuevas empresas públicas. Lamberto y Brusca se negaron a aceptar los cambios y avanzaron sobre la estructura actual.

Por primera vez en la historia de la institución, la mayoría kirchnerista desplazó a personal de carrera de algunas áreas sensibles y colocó a gente de su confianza para monitorear las investigaciones que están en curso.

LOS INFORMES. La AGN realiza dos clases de informes: estudios de estados contables, que sólo analizan la “razonabilidad” de la aplicación de las normas contables, y auditorías de gestión, que avanzan sobre la efectiva utilización que cada funcionario hace del dinero. Estas últimas son las que más interés político, periodístico y judicial tienen, ya que permiten determinar en qué y cómo gasta el Gobierno el dinero de los contribuyentes.

Dentro de la auditoría, la mayor parte de esos informes están a cargo de la gerencia de control del sector No Financiero, que abarca el presupuesto de toda la administración central, las universidades, los organismos descentralizados y todas las empresas y sociedades el Estado. Al frente de esta estratégica oficina, Fernández designó a Susana Naruti, una militante del peronismo porteño que responde al auditor Brusca.

“Si el kirchnerismo no deja las auditorías de gestión en manos de la oposición, la UCR se va a retirar de la AGN. No podemos permitir semejante avance sobre la principal institución del Estado creada para controlar los actos de Gobierno”, advirtió Gerardo Morales, senador y presidente del radicalismo, la bancada opositora más numerosa del Congreso, la única con representación en el Colegio de Auditores de la Auditoría.

Agregó que “rompieron con una tradición histórica que hasta el menemismo había respetado. Las gerencias y subgerencias siempre se habían distribuido equitativamente entre el oficialismo y la oposición para preservar la independencia del trabajo técnico. Ahora, el Gobierno se apoderó de todas las gerencias de gestión, que es donde se evalúa si los fondos se utilizan correctamente”, señaló Morales. La Constitución Nacional establece que la Auditoría General de la Nación es un ente autárquico que asiste al Congreso para controlar la legalidad y la gestión de toda la actividad de la administración pública. Ahora, la Constitución está equivocada.

Tres nombres claves para que el control esté en manos de los controlados

Vicente Brusca, el auditor. Carlos Montero, el asesor. Susana Nasuti, la gerenta. Los tres forman un equipo de militancia peronista. En enero y a pedido del jefe de Gabinete y cacique del justicialismo porteño, Alberto Fernández, salieron de gira por los barrios porteños para hablar de las virtudes del programa energético de Cristina Fernández que impuso las lámparas de bajo consumo. Para ese entonces ya integraban la cadena completa de control sobre las sensibles auditorías de gestión que realiza la AGN, los estudios sobre la efectiva utilización que el Gobierno hace del dinero. El control, en manos del controlado.

El equipo de Alberto Fernández venía de trabajar en bloque en la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires en representación del Frente para la Victoria. Uno de ellos, Montero, ya había pasado por la AGN. Durante la presidencia de Carlos Menem ocupó la Gerencia General de Entes Reguladores y Privatizaciones del órgano de control. Aquella experiencia no terminó bien. Según figura en un memo interno que por estos días circula en la auditoría, Montero habría sido obligado a renunciar a su cargo a fines de los 90 luego de que se le realizara un sumario interno que detectó presuntas irregularidades en los controles que realizaba.

Los reparos sobre la designación de Montero como asesor de Brusca fueron expresados por el senador radical Gerardo Morales en una nota que le envió esta semana a su par kirchnerista Nicolás Fernández, presidente de la Comisión Mixta Revisora de Cuentas. En esa nota, Morales también menciona a otro asesor que fue designado por los nuevos auditores: Jorge Sozio. Se trata de un viejo conocido del Congreso. Fue director de Coordinación Contable del Senado en los 90. Y también de la Justicia. Está procesado junto a otros siete ex empleados de la Cámara alta, acusado de sustanciar una estafa de 2 millones de dólares en perjuicio del Estado. En el expediente, que pronto será elevado a juicio oral, se estableció que los imputados utilizaban facturas truchas para apropiarse de una parte del presupuesto de la imprenta del Congreso.

La Comisión Mixta Revisora de Cuentas es el órgano parlamentario encargado de seguir el funcionamiento de la AGN: aprueba su plan anual de auditorías y eleva al Poder Ejecutivo las recomendaciones y observaciones que realiza el ente. Y a diferencia de los que ocurre en otros países, como Estados Unidos o España, esa comisión está gobernada por el oficialismo. La Casa Rosada eligió a su club de legisladores más obedientes: el santacruceño Fernández (también guardián de la Comisión de Asuntos Constitucionales que heredó de la jefa de Estado), José Pampuro, Miguel Ángel Pichetto, María Laura Leguizamón, Agustín Rossi, Carlos Snopek y Gerónimo Vargas Aignasse.