Fuente: Critica Digital
Fuentealba es el último de una lista de fusilados en manifestaciones en democracia que se inició con Víctor Choque en 1995.
María del Carmen Verdú*
A veces no es necesaria una sentencia absolutoria para consagrar la impunidad. La impunidad, que no es otra cosa que un atributo del poder, a veces es mejor servida con una sentencia condenatoria que satisfaga en una mínima porción el reclamo popular de juicio y castigo pero que al mismo tiempo ponga a resguardo a quienes, circunstancialmente, administran el poder que debe ser protegido.
Fuentealba es el último de una lista de fusilados en manifestaciones en democracia que se inició con Víctor Choque (Ushuaia, 1995), y cerraba, hasta el 4 de julio de 2007, con Luis Cuéllar (2003, Jujuy).
A pesar de la larga nómina –plagada de nombres olvidados, como los fusilados de Corrientes de 1999–, casi ninguno de los asesinos, todos identificables, pues eran funcionarios estatales, fue condenados. La masacre de Corrientes no cobró, hasta hoy, un solo preso.
Algún tirador aislado del 19 y 20 de diciembre de 2001 fue condenado, pero el grueso de los ejecutores y sus mandantes siguen impunes. Ninguno de los responsables políticos de los asesinatos de Teresa Rodríguez, Aníbal Verón, Santillán o Barrios fue enjuiciado ni mucho menos condenado. Pero, decíamos, a veces no hace falta la sentencia absolutoria para que triunfe la impunidad.
El comisario Fanchiotti, sicario en el Puente Pueyrredón, fue condenado a prisión perpetua, como su colega Poblete, y esa sentencia contribuyó a garantizar la impunidad de sus mandantes, desde el presidente y sus ministros hasta el gobernador y sus secretarios. La condena de Poblete, como la de Fanchiotti, permitirá dilatar la de sus superiores. Del mismo modo, señalar como su jefe sólo a Sobisch y sus ministros oculta la responsabilidad del ex presidente Kirchner y su gabinete. Cuando los hechos superan el límite, jueces y fiscales no dudan en condenar al dedo que aprieta el gatillo, para garantizar la impunidad del cuerpo gobernante. Como en el ajedrez, si hay que salvar al rey y sus alfiles, no les importa perder uno o dos peones.
* Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi).
Fuentealba es el último de una lista de fusilados en manifestaciones en democracia que se inició con Víctor Choque en 1995.
María del Carmen Verdú*
A veces no es necesaria una sentencia absolutoria para consagrar la impunidad. La impunidad, que no es otra cosa que un atributo del poder, a veces es mejor servida con una sentencia condenatoria que satisfaga en una mínima porción el reclamo popular de juicio y castigo pero que al mismo tiempo ponga a resguardo a quienes, circunstancialmente, administran el poder que debe ser protegido.
Fuentealba es el último de una lista de fusilados en manifestaciones en democracia que se inició con Víctor Choque (Ushuaia, 1995), y cerraba, hasta el 4 de julio de 2007, con Luis Cuéllar (2003, Jujuy).
A pesar de la larga nómina –plagada de nombres olvidados, como los fusilados de Corrientes de 1999–, casi ninguno de los asesinos, todos identificables, pues eran funcionarios estatales, fue condenados. La masacre de Corrientes no cobró, hasta hoy, un solo preso.
Algún tirador aislado del 19 y 20 de diciembre de 2001 fue condenado, pero el grueso de los ejecutores y sus mandantes siguen impunes. Ninguno de los responsables políticos de los asesinatos de Teresa Rodríguez, Aníbal Verón, Santillán o Barrios fue enjuiciado ni mucho menos condenado. Pero, decíamos, a veces no hace falta la sentencia absolutoria para que triunfe la impunidad.
El comisario Fanchiotti, sicario en el Puente Pueyrredón, fue condenado a prisión perpetua, como su colega Poblete, y esa sentencia contribuyó a garantizar la impunidad de sus mandantes, desde el presidente y sus ministros hasta el gobernador y sus secretarios. La condena de Poblete, como la de Fanchiotti, permitirá dilatar la de sus superiores. Del mismo modo, señalar como su jefe sólo a Sobisch y sus ministros oculta la responsabilidad del ex presidente Kirchner y su gabinete. Cuando los hechos superan el límite, jueces y fiscales no dudan en condenar al dedo que aprieta el gatillo, para garantizar la impunidad del cuerpo gobernante. Como en el ajedrez, si hay que salvar al rey y sus alfiles, no les importa perder uno o dos peones.
* Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi).
Nota relacionada: Fuentealba: perpetua para el policía Poblete
0 Comentá esta nota:
Publicar un comentario