Enviado por Juan María EscobarAnte los lamentables incidentes de violencia acaecidos en ocasión en que el Tribunal Oral Federal de Tucumán dictara sentencia a los genocidas, Luciano B. Menéndez y Antonio Domingo Bussi ponemos en conocimiento de la Opinión Pública que deploramos todo lo ocurrido, y afirmamos que esta Asociación Civil, Familiares de Desaparecidos de Tucumán, no tiene responsabilidad ni relación con los autores del mismo.
Consideremos que esta sentencia, esperada por 32 años, resulta el inicio del derribamiento de los muros de la impunidad y que este TRIBUNAL ORAL no estuvo a la altura ni de las demandas ni circunstancias históricas en las que les competió actuar.
La sentencia emitida responsabiliza a los genocidas por delitos contra la humanidad toda. La magnitud del delito cometido no admite consideraciones dubitativas por parte del Tribunal. La normativa internacional habla de prisión efectiva, en cárcel común, por lo que resulta una afrenta a las víctimas del Terrorismo de Estado, el haber pospuesto su resolución para los días siguientes. La ley 24660 de penas privativas de la libertad, habla expresamente que los internos privados de libertad, por delitos comunes, tienen asegurado sus derechos a la salud, educación y trabajo. Es así que los genocidas pueden ejercer todas las garantías constitucionales.
Consideramos que la incoherencia de tal situación (perpetua más cárcel en su casa de country) dio pie a que se provocara los hechos de violencia por parte de organizaciones políticas, las que, paradójicamente, en el último tiempo tuvieron destacada actuación en el conflicto agrario, apoyando a los sectores de la oligarquía , ideólogos de la masacre producida en nuestro país. Son públicos los respaldos que estas organizaciones brindaron a los sectores tradicionalmente vinculados a los genocidas, como Cecilia Pando y la Sociedad Rural. Consideramos que su posición antigobierno fue la que primó en la planificación de los hechos que mancharan esta jornada memorable e histórica de todo el pueblo tucumano.
Las organizaciones de DDHH tenemos una larga trayectoria de lucha por la sanción a los genocidas y nunca apelamos a métodos violentos para lograr sus objetivos. Por ello, repudiamos a todos estos sectores que intentan apropiarse de esta lucha tiñéndola de violencia con fines políticos sectoriales como así también el accionar represivo de Gendarmería y de las usinas bussistas que nos endilgan una violencia que solo es resultado de su propia visión violenta.
Asimismo instamos al Tribunal Oral Federal a desempeñar su rol con solvencia sin expresar dudas que no tienen cabida en delitos contra la humanidad toda.
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