Por FOPEA
El grupo de organizaciones sociales que firmamos esta propuesta compartimos la certeza de que es impostergable la sanción de una nueva ley de servicios de comunicación audiovisual en nuestro país que reemplace a la norma vigente sancionada durante la última dictadura militar.
Por qué es necesaria una nueva ley
Luego de 25 años de democracia en los que diferentes iniciativas y proyectos legislativos claramente fracasaron a la hora de su concreción, en los últimos meses el Poder Ejecutivo Nacional impulsó la elaboración de un proyecto de ley de servicios de comunicación audiovisual, que aún no ha sido puesto a conocimiento del público.
Los abajo firmantes apoyamos la puesta en marcha de un proceso de cambio. Estamos convencidos de que es necesario derogar la norma de facto 22.285 y apoyar la sanción de una nueva ley que regule los servicios de radiodifusión ya existentes y siente las bases para una gestión democrática de los medios de comunicación hacia el futuro.
Consideramos imprescindible que la nueva norma esté inspirada en una concepción amplia de la radiodifusión y los servicios disponibles a partir de las nuevas tecnologías de la información, como forma de ejercicio del derecho a la comunicación, la información y la cultura, que debe ser protegido de acuerdo con los estándares internacionales en la materia.
Para ello es fundamental establecer un marco regulatorio que favorezca la diversidad y el pluralismo informativo, y fije límites precisos a la concentración de la propiedad de medios. Del mismo modo, es necesario garantizar el acceso a las licencias sin discriminación para las organizaciones sin fines de lucro, y una regulación que garantice la independencia de los medios públicos con respecto a los gobiernos de turno. Por otro lado, es imprescindible que se sienten las bases de una autoridad de regulación cuyo funcionamiento e integración plural garanticen la participación del conjunto de los interesados, así como la autonomía y la transparencia de sus acciones. Finalmente, es sabido que es necesario tomar decisiones clave sobre la regulación de las comunicaciones en el entorno digital y no es posible realizarlas sobre la base de un marco legal de origen autoritario y centralista.
Aún cuando creemos que la nueva normativa debería avanzar en relación a los objetivos antes planteados, vinculados con la pluralidad y diversidad en los servicios audiovisuales, consideramos que dicha ley debe fundamentalmente complementarse con otras normas que apunten al mismo fin de ampliar el derecho a la información de todos los ciudadanos. Por ejemplo, una ley nacional de acceso a la información pública; la despenalización de las figuras de calumnias e injurias cuando involucren cuestiones de interés público, tras la decisión explícita de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de condenar al Estado argentino en el caso Kimel (mayo de 2008); y una normativa que regule la distribución de la pauta publicitaria oficial de modo claro, transparente y no discriminatorio, recortando la discrecionalidad en la toma de decisiones. El tratamiento de estas temáticas colocaría a la Argentina en vías de cumplimiento de la agenda de libertad de expresión y derecho a la información emergente de los organismos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
Necesidad de un debate amplio y transparente
En particular, los abajo firmantes consideramos fundamental que esta ley se discuta de modo abierto y participativo, para lograr el consenso social y político más amplio posible. También creemos que este requisito de ampliación de la participación no puede convertirse en una excusa para la postergación indefinida de la sanción de la ley.
Es imprescindible que la nueva norma sea el resultado de un proceso transparente de deliberación en el cual se dé oportunidad a todos aquellos miembros de la comunidad de expresar sus opiniones. Una deliberación secreta o poco transparente no favorecería la democratización que pregona la sanción de esta nueva ley.
Para eso, es necesario establecer mecanismos que permitan a los ciudadanos y ciudadanas, individual o colectivamente, a las asociaciones de medios y a las asociaciones que agrupan a sectores del ámbito profesional, académico o científico de que se trata y a las organizaciones sociales y no gubernamentales, hacer conocer en forma oportuna y pública sus puntos de vista sobre el proyecto de ley. De este modo, además, todas las posturas tendrán su espacio para ser expresadas y serán conocidas por la ciudadanía.
En primer lugar, creemos que en el marco del compromiso público asumido por la presidente Cristina Fernández de Kirchner resulta necesario dar a publicidad a la brevedad el anunciado proyecto de ley del Ejecutivo.
En segundo lugar, proponemos que el Poder Ejecutivo defina un proceso de debate social amplio y participativo donde puedan hacer aportes y expresarse los diferentes sectores involucrados antes mencionados. Este proceso debe incluir diversas fases de consulta y deliberación públicas, y estar orientado hacia la búsqueda de consensos básicos. La experiencia de la discusión de la Ley de Educación Nacional puede ser un buen ejemplo a seguir en este sentido. Mecanismos de participación ciudadana, como los establecidos por el decreto 222 para la designación de jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, también pueden ser utilizados como modelo en lo que sea pertinente.
En tercer lugar, es necesario utilizar los mecanismos de transparencia, acceso a la información y participación ciudadana ya existentes en el Congreso, cuando el debate parlamentario tenga lugar. Como propuesta preliminar, proponemos que la discusión se inicie en la Cámara de Diputados, que se instrumenten las audiencias públicas previstas para la discusión en comisiones, que se deje constancia acerca del voto de cada uno de los legisladores que aprueben el dictamen de comisión en mayoría, que se garanticen los mecanismos de difusión y publicidad de los proyectos, las versiones taquigráficas, los dictámenes y el debate en las comisiones y el recinto, y que la propuesta sea votada, tanto en general como en particular, de forma nominal.
Firman
- Asociación por los Derechos Civiles (ADC)
- Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)
- Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC)
- Federación Argentina de Carreras de Comunicación Social (FADECCOS)
- Foro de Periodismo Argentino (FOPEA)
- Poder Ciudadano
Adhieren
- Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC)
- Foro por una Comunicación Democrática y Popular – Mar del Plata
El grupo de organizaciones sociales que firmamos esta propuesta compartimos la certeza de que es impostergable la sanción de una nueva ley de servicios de comunicación audiovisual en nuestro país que reemplace a la norma vigente sancionada durante la última dictadura militar.
Por qué es necesaria una nueva ley
Luego de 25 años de democracia en los que diferentes iniciativas y proyectos legislativos claramente fracasaron a la hora de su concreción, en los últimos meses el Poder Ejecutivo Nacional impulsó la elaboración de un proyecto de ley de servicios de comunicación audiovisual, que aún no ha sido puesto a conocimiento del público.
Los abajo firmantes apoyamos la puesta en marcha de un proceso de cambio. Estamos convencidos de que es necesario derogar la norma de facto 22.285 y apoyar la sanción de una nueva ley que regule los servicios de radiodifusión ya existentes y siente las bases para una gestión democrática de los medios de comunicación hacia el futuro.
Consideramos imprescindible que la nueva norma esté inspirada en una concepción amplia de la radiodifusión y los servicios disponibles a partir de las nuevas tecnologías de la información, como forma de ejercicio del derecho a la comunicación, la información y la cultura, que debe ser protegido de acuerdo con los estándares internacionales en la materia.
Para ello es fundamental establecer un marco regulatorio que favorezca la diversidad y el pluralismo informativo, y fije límites precisos a la concentración de la propiedad de medios. Del mismo modo, es necesario garantizar el acceso a las licencias sin discriminación para las organizaciones sin fines de lucro, y una regulación que garantice la independencia de los medios públicos con respecto a los gobiernos de turno. Por otro lado, es imprescindible que se sienten las bases de una autoridad de regulación cuyo funcionamiento e integración plural garanticen la participación del conjunto de los interesados, así como la autonomía y la transparencia de sus acciones. Finalmente, es sabido que es necesario tomar decisiones clave sobre la regulación de las comunicaciones en el entorno digital y no es posible realizarlas sobre la base de un marco legal de origen autoritario y centralista.
Aún cuando creemos que la nueva normativa debería avanzar en relación a los objetivos antes planteados, vinculados con la pluralidad y diversidad en los servicios audiovisuales, consideramos que dicha ley debe fundamentalmente complementarse con otras normas que apunten al mismo fin de ampliar el derecho a la información de todos los ciudadanos. Por ejemplo, una ley nacional de acceso a la información pública; la despenalización de las figuras de calumnias e injurias cuando involucren cuestiones de interés público, tras la decisión explícita de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de condenar al Estado argentino en el caso Kimel (mayo de 2008); y una normativa que regule la distribución de la pauta publicitaria oficial de modo claro, transparente y no discriminatorio, recortando la discrecionalidad en la toma de decisiones. El tratamiento de estas temáticas colocaría a la Argentina en vías de cumplimiento de la agenda de libertad de expresión y derecho a la información emergente de los organismos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
Necesidad de un debate amplio y transparente
En particular, los abajo firmantes consideramos fundamental que esta ley se discuta de modo abierto y participativo, para lograr el consenso social y político más amplio posible. También creemos que este requisito de ampliación de la participación no puede convertirse en una excusa para la postergación indefinida de la sanción de la ley.
Es imprescindible que la nueva norma sea el resultado de un proceso transparente de deliberación en el cual se dé oportunidad a todos aquellos miembros de la comunidad de expresar sus opiniones. Una deliberación secreta o poco transparente no favorecería la democratización que pregona la sanción de esta nueva ley.
Para eso, es necesario establecer mecanismos que permitan a los ciudadanos y ciudadanas, individual o colectivamente, a las asociaciones de medios y a las asociaciones que agrupan a sectores del ámbito profesional, académico o científico de que se trata y a las organizaciones sociales y no gubernamentales, hacer conocer en forma oportuna y pública sus puntos de vista sobre el proyecto de ley. De este modo, además, todas las posturas tendrán su espacio para ser expresadas y serán conocidas por la ciudadanía.
En primer lugar, creemos que en el marco del compromiso público asumido por la presidente Cristina Fernández de Kirchner resulta necesario dar a publicidad a la brevedad el anunciado proyecto de ley del Ejecutivo.
En segundo lugar, proponemos que el Poder Ejecutivo defina un proceso de debate social amplio y participativo donde puedan hacer aportes y expresarse los diferentes sectores involucrados antes mencionados. Este proceso debe incluir diversas fases de consulta y deliberación públicas, y estar orientado hacia la búsqueda de consensos básicos. La experiencia de la discusión de la Ley de Educación Nacional puede ser un buen ejemplo a seguir en este sentido. Mecanismos de participación ciudadana, como los establecidos por el decreto 222 para la designación de jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, también pueden ser utilizados como modelo en lo que sea pertinente.
En tercer lugar, es necesario utilizar los mecanismos de transparencia, acceso a la información y participación ciudadana ya existentes en el Congreso, cuando el debate parlamentario tenga lugar. Como propuesta preliminar, proponemos que la discusión se inicie en la Cámara de Diputados, que se instrumenten las audiencias públicas previstas para la discusión en comisiones, que se deje constancia acerca del voto de cada uno de los legisladores que aprueben el dictamen de comisión en mayoría, que se garanticen los mecanismos de difusión y publicidad de los proyectos, las versiones taquigráficas, los dictámenes y el debate en las comisiones y el recinto, y que la propuesta sea votada, tanto en general como en particular, de forma nominal.
Firman
- Asociación por los Derechos Civiles (ADC)
- Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)
- Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC)
- Federación Argentina de Carreras de Comunicación Social (FADECCOS)
- Foro de Periodismo Argentino (FOPEA)
- Poder Ciudadano
Adhieren
- Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC)
- Foro por una Comunicación Democrática y Popular – Mar del Plata
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