Por Puerta E
La normativa provincial obliga al Gobierno a publicar los contratos por publicidad 45 días después de su efectivización. Sin embargo, en los boletines oficiales de 2008 sólo parecen -con un llamativo delay- pautas otorgadas entre 2006 y 2007. Esto impide que los ciudadanos sepan qué porcentaje de su dinero se destina actualmente a la propaganda oficial
Pese a vanagloriarse de “ser transparente”, el gobierno encabezado por Mario Das Neves estaría incumpliendo con –al menos– parte de la ley provincial de Acceso a las Fuentes de Información, específicamente en lo que respecta a la publicación de los contratos de publicidad oficial.
El Gobierno está, por ley, obligado a detallar en los boletines oficiales, en qué medios, a qué costo y durante qué período publica su propaganda. Y debe hacerlo necesariamente en un plazo no mayor a 45 días desde la aparición de la publicidad.
Una rápida recorrida por los últimos boletines oficiales de la Provincia permite advertir que las “fechas de efectivización” de las operaciones publicadas en el apartado “Registro de publicidad oficial” datan de los años 2006 y 2007. Lo llamativo es que estos documentos no hacen mención alguna a las contrataciones de 2008. Pese a esto, cualquier ciudadano puede advertir que la propaganda gubernamental se desparrama diariamente por (prácticamente toda) la prensa chubutense y que hace unos meses comenzó a asomar en los medios nacionales.
Este hecho –que de por sí no da mucha sensación de transparencia- se contradice con el artículo 16 (“Publicación de los contratos”) de la Ley 3764 (de Acceso a las Fuentes de Información) el cual dispone que “en ningún caso la publicación de las operaciones realizadas podrá superar los cuarenta y cinco (45) días corridos, desde que venciera el plazo establecido en el artículo precedente”.
“El Gobierno incumple esa parte”
Puerta E consultó sobre el caso con un abogado, integrante de una entidad nacional que promueve la transparencia en las cuentas públicas, y éste confirmó que “la fecha a partir de la cual cuentan los 45 días debería ser la así llamada ‘fecha de efectivización’”, tras lo cual recalcó: “de manera que el Gobierno incumple esa parte de la ley”.
Además, el letrado consideró “curioso” que no se publique “mediante qué mecanismo de contratación se eligió el medio, ni por qué motivos”.
En términos generales, el abogado destacó que existe “un gran margen de discrecionalidad por parte de los funcionarios al momento de asignar pauta oficial” y consideró que en esas transacciones debe existir “transparencia”, esto es: “que se le explique a la gente por qué se contrató a tal medio, en relación a determinada campaña u objeto comunicacional”.
Eco legislativo
Al parecer, la falta de información acerca de las contrataciones publicitarias realizadas por el gobierno de Chubut –en un año donde el “Modelo Chubut” apareció hasta en las canchas de fútbol– llamó la atención de la oposición dentro de la Legislatura provincial.
De hecho, en el Boletín Oficial del 25 de septiembre pasado se publica una resolución legislativa mediante la cual se pide informes sobre “las erogaciones producidas por el Poder Ejecutivo en concepto de ‘publicidad oficial’”, de enero hasta agosto de 2008, “detallándose montos, fechas y los medios de comunicación a los cuales se destinaron cada una de esas partidas (radiales, televisivos, escrito, etc.). Ya sean estos provinciales o nacionales”.
Más allá de la ley de Acceso a las Fuentes de Información, es hasta redundante recordar que los ciudadanos chubutenses tienen derecho a conocer –en tiempo y forma– de qué manera el Estado provincial gasta el dinero de todos. De más está decir que la transparencia bien entendida empieza por casa.
La normativa provincial obliga al Gobierno a publicar los contratos por publicidad 45 días después de su efectivización. Sin embargo, en los boletines oficiales de 2008 sólo parecen -con un llamativo delay- pautas otorgadas entre 2006 y 2007. Esto impide que los ciudadanos sepan qué porcentaje de su dinero se destina actualmente a la propaganda oficial
Pese a vanagloriarse de “ser transparente”, el gobierno encabezado por Mario Das Neves estaría incumpliendo con –al menos– parte de la ley provincial de Acceso a las Fuentes de Información, específicamente en lo que respecta a la publicación de los contratos de publicidad oficial.
El Gobierno está, por ley, obligado a detallar en los boletines oficiales, en qué medios, a qué costo y durante qué período publica su propaganda. Y debe hacerlo necesariamente en un plazo no mayor a 45 días desde la aparición de la publicidad.
Una rápida recorrida por los últimos boletines oficiales de la Provincia permite advertir que las “fechas de efectivización” de las operaciones publicadas en el apartado “Registro de publicidad oficial” datan de los años 2006 y 2007. Lo llamativo es que estos documentos no hacen mención alguna a las contrataciones de 2008. Pese a esto, cualquier ciudadano puede advertir que la propaganda gubernamental se desparrama diariamente por (prácticamente toda) la prensa chubutense y que hace unos meses comenzó a asomar en los medios nacionales.
Este hecho –que de por sí no da mucha sensación de transparencia- se contradice con el artículo 16 (“Publicación de los contratos”) de la Ley 3764 (de Acceso a las Fuentes de Información) el cual dispone que “en ningún caso la publicación de las operaciones realizadas podrá superar los cuarenta y cinco (45) días corridos, desde que venciera el plazo establecido en el artículo precedente”.
“El Gobierno incumple esa parte”
Puerta E consultó sobre el caso con un abogado, integrante de una entidad nacional que promueve la transparencia en las cuentas públicas, y éste confirmó que “la fecha a partir de la cual cuentan los 45 días debería ser la así llamada ‘fecha de efectivización’”, tras lo cual recalcó: “de manera que el Gobierno incumple esa parte de la ley”.
Además, el letrado consideró “curioso” que no se publique “mediante qué mecanismo de contratación se eligió el medio, ni por qué motivos”.
En términos generales, el abogado destacó que existe “un gran margen de discrecionalidad por parte de los funcionarios al momento de asignar pauta oficial” y consideró que en esas transacciones debe existir “transparencia”, esto es: “que se le explique a la gente por qué se contrató a tal medio, en relación a determinada campaña u objeto comunicacional”.
Eco legislativo
Al parecer, la falta de información acerca de las contrataciones publicitarias realizadas por el gobierno de Chubut –en un año donde el “Modelo Chubut” apareció hasta en las canchas de fútbol– llamó la atención de la oposición dentro de la Legislatura provincial.
De hecho, en el Boletín Oficial del 25 de septiembre pasado se publica una resolución legislativa mediante la cual se pide informes sobre “las erogaciones producidas por el Poder Ejecutivo en concepto de ‘publicidad oficial’”, de enero hasta agosto de 2008, “detallándose montos, fechas y los medios de comunicación a los cuales se destinaron cada una de esas partidas (radiales, televisivos, escrito, etc.). Ya sean estos provinciales o nacionales”.
Más allá de la ley de Acceso a las Fuentes de Información, es hasta redundante recordar que los ciudadanos chubutenses tienen derecho a conocer –en tiempo y forma– de qué manera el Estado provincial gasta el dinero de todos. De más está decir que la transparencia bien entendida empieza por casa.
