Por ADINEntre marzo y octubre de 1976 fueron fusilados 29 presos políticos detenidos en la Unidad 1 del Servicio Penitenciario Provincial (Barrio San Martín, Córdoba). En la época en que se cometieron esos crímenes comandaba el Tercer Cuerpo de Ejército el general Luciano Benjamín Menéndez, en tanto que al frente de la Cuarta Brigada Aerotransportada (área 311), unidad de la cual dependía el Servicio Penitenciario, se desempeñaba el general Juan Bautista Sasiaiñ.
@DIN, 20 de noviembre de 2008 - La Justicia Federal de Córdoba resolvió procesar al ex dictador Jorge Rafael Videla y a otros jefes del Ejército durante el último gobierno militar, por violaciones a los derechos humanos cometidos en el Departamento de Informaciones de la Policía (D2) y en la cárcel penitenciaria (UP1) de esta capital.
La decisión fue adoptada por la jueza federal Cristina Garzón de Lascano, en el marco de la causa denominada UP1, donde se investigan los 29 asesinatos cometidos durante simulacros de fuga montados por efectivos policiales y miembros de la Cuarta Brigada Aerotransportada del Ejército que dependía de la unidad comandada por Luciano Benjamín Menéndez, quien purga una doble condena a prisión perpetua.
Este primer procesamiento había sido largamente solicitado por los familiares de las víctimas, ya que el modo como habían sido asesinados constituía un claro ejemplo de violación a todas las leyes humanitarias, incluyendo las de la guerra.
El dictador Jorge Rafael Videla y otros cinco oficiales superiores del Ejército fueron procesados por la Justicia federal de Córdoba por torturas y homicidios agravados cometidos durante la última dictadura contra una treintena de personas secuestradas en la cárcel de San Martín (Unidad Penitenciaria 1) y en el Departamento de Informaciones (D2) de la policía provincial. La mayor parte de los asesinatos tuvieron lugar entre abril y octubre de 1976 y fueron publicitados como enfrentamientos en supuestos intentos de fugas. Videla seguirá detenido en la unidad 34 del Servicio Penitenciario Federal, en Campo de Mayo. Los otros cinco militares seguirán en sus hogares. La jueza Cristina Garzón de Lascano, que ordenó los procesamientos, ostenta el récord de militares y policías detenidos en lugares de privilegio, los mismos donde cometieron los delitos.
Los seis represores fueron procesados como autores mediatos de los delitos de lesa humanidad cometidos por subordinados del Ejército y del célebre D2, la mayoría procesados con prisión preventiva. A excepción de los casos de José René Moukarzel y Raúl Alberto Bauducco, asesinados en el interior de la cárcel de San Martín, los otros 29 presos fueron retirados de sus lugares de detención con la excusa de someterlos a Consejos de Guerra.
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