Por Movimiento Tierra para Todos
El MOVIMIENTO TIERRA PARA TODOS repudia la sanción del proyecto de ley Nº 187 del 2008 aprobado por los legisladores del Chubut mediante el cual, en los casos de "usurpación de tierras fiscales", con la mera denuncia del Estado Nacional, Provincial o Municipal, el juez puede disponer el inmediato desalojo de los ocupantes sin juicio previo o en cualquier momento del proceso judicial.
Esta ley no está hecha para los grandes terratenientes, acaparadores ilegítimos de la Patagonia, y los no tan grandes que siguen engrosando su patrimonio con la complicidad de los funcionarios de turno. Está hecha para desalojar a los pueblos originarios y pequeños campesinos sin títulos, porque – actualmente -, la lucha por el reconocimiento del DERECHO A LA TIERRA es DE HECHO, es decir, se ocupa o está ocupada; y ésta ley facilita el desalojo automático con la mera acusación de usurpación por parte del Estado.
Ésta ley es también una amenaza permanente para las familias humildes establecidas en los asentamientos periféricos de los centros urbanos, que no poseen título de propiedad.
EL DERECHO A LA TIERRA ES DE TODOS.
Necesitamos un Estado que adopte una política que garantice la distribución equitativa de la tierra y no un Estado saqueador que favorece la desigualdad, la discriminación, y que representa los intereses de los ricos, cuyo único objeto es la explotación irracional de la NATURALEZA para seguir enriqueciéndose (madereras, minería, represas, etc.…)
En lugar de legalizar el desalojo de las tierras fiscales, el Estado, con el "protagonismo real de las comunidades", debería implementar políticas para las tierras fiscales no ocupadas, que generen trabajo digno, vivienda, producción, alimentación, etc., y terminar de una vez por todas con los planes asistenciales que crean dependencia y resignación en nuestras comunidades.
MOVIMIENTO TIERRA PARA TODOS
El MOVIMIENTO TIERRA PARA TODOS repudia la sanción del proyecto de ley Nº 187 del 2008 aprobado por los legisladores del Chubut mediante el cual, en los casos de "usurpación de tierras fiscales", con la mera denuncia del Estado Nacional, Provincial o Municipal, el juez puede disponer el inmediato desalojo de los ocupantes sin juicio previo o en cualquier momento del proceso judicial.
Esta ley no está hecha para los grandes terratenientes, acaparadores ilegítimos de la Patagonia, y los no tan grandes que siguen engrosando su patrimonio con la complicidad de los funcionarios de turno. Está hecha para desalojar a los pueblos originarios y pequeños campesinos sin títulos, porque – actualmente -, la lucha por el reconocimiento del DERECHO A LA TIERRA es DE HECHO, es decir, se ocupa o está ocupada; y ésta ley facilita el desalojo automático con la mera acusación de usurpación por parte del Estado.
Ésta ley es también una amenaza permanente para las familias humildes establecidas en los asentamientos periféricos de los centros urbanos, que no poseen título de propiedad.
EL DERECHO A LA TIERRA ES DE TODOS.
Necesitamos un Estado que adopte una política que garantice la distribución equitativa de la tierra y no un Estado saqueador que favorece la desigualdad, la discriminación, y que representa los intereses de los ricos, cuyo único objeto es la explotación irracional de la NATURALEZA para seguir enriqueciéndose (madereras, minería, represas, etc.…)
En lugar de legalizar el desalojo de las tierras fiscales, el Estado, con el "protagonismo real de las comunidades", debería implementar políticas para las tierras fiscales no ocupadas, que generen trabajo digno, vivienda, producción, alimentación, etc., y terminar de una vez por todas con los planes asistenciales que crean dependencia y resignación en nuestras comunidades.
MOVIMIENTO TIERRA PARA TODOS
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