Fuente Crítica de la Argentina
Catorce meses después de haber sido sancionada por el Congreso y arrastrada por el alud generado por la tala indiscriminada que arrasó Tartagal, la presidenta Cristina Fernández finalmente reglamentará hoy la Ley de Presupuestos Mínimos de Protección de los Bosques Nativos. Será en un acto en la residencia de Olivos, a las 11. Lo informó en un comunicado la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, a cargo de Homero Bibiloni, en el que aseguró que “la reglamentación de la norma brindará, a solicitud de las autoridades correspondientes de cada provincia, la asistencia técnica, económica y financiera necesaria para realizar el ordenamiento territorial de los bosques nativos existentes en sus jurisdicciones”.
Las organizaciones no gubernamentales –como Greenpeace, Vida Silvestre, Proteger, Fundapaz– reclamaban la implementación de la ley 26.331, que el Congreso aprobó el 28 de noviembre de 2007. “Muchas veces una forma de ningunear una ley es no reglamentándola”, dijo el coordinador general de la campaña de biodiversidad de Greenpeace, Hernán Giardini. Lamentó que después de haber consensuado un borrador, ahora el Gobierno elaboró un nuevo texto que no contempla puntos que habían sido acordados en aquellas consultas. El proyecto de ley fue presentado por el diputado ex kirchnerista Miguel Bonasso, quien buscaba regular el uso del suelo y las actividades para proteger el medio ambiente y que denunció presiones de productores sojeros y gobernadores para frenar la norma.
“Sin el bosque, las laderas se vuelven cada vez más débiles, y esto favorece los desbordes. Por otra parte, cambia el régimen de lluvias porque está comprobado que las quemas envían a la atmósfera gases contaminantes cinco veces superiores a los industriales. Las consecuencias son imprevisibles y generalmente catastróficas”, escribió Bonasso en Crítica de la Argentina cuando el alud sepultó a Tartagal el lunes pasado y el ministro del Interior, Florencio Randazzo, dijo que “la catástrofe no podía evitarse”. Los ambientalistas y científicos insistieron que la catástrofe estuvo estrechamente vinculada con el desmonte del bosque salteño.
La diputada de la Coalición Cívica, Susana García, presentó en el Congreso un pedido de interpelación para que el jefe de Gabinete, Sergio Massa, y el mismo Bibiloni den explicaciones sobre los vínculos entre el desmonte y el alud. Bibiloni “lamentó” el pedido de interpelación y arremetió: “Lo que debemos valorar es que lo ocurrido en Tartagal no sería causa de la deforestación, tal como lo han informado el ministro del Interior, el gobernador de Salta y el subsecretario de Asuntos Hídricos de la Nación, tal como surge de la propia verificación climatológica y las condiciones del terreno, que muestran a las claras las causalidades del fenómeno”.
En ese sentido, el vicegobernador de Salta, Andrés Zottos, reclamó más presupuesto: “Tartagal está indefensa respecto de los márgenes de los ríos. Hace dos años tuvimos inundaciones y por eso declaramos el estado de emergencia. Aun así, no hay un solo fluviómetro para avisarle a la población cuando pasa algo de esta naturaleza. Si el alud del lunes, por ejemplo, hubiera ocurrido de noche, el daño hubiera sido aún peor”, dijo a Crítica de la Argentina. Explicó que el canal del río, sobre montaña, tiene 23 metros de ancho y cuando baja hacia el valle y alcanza el puente se reduce a 13, por lo que se produce un “efecto embudo”. La obra de ampliación y contención hídrica que arrancó en 2006 ahora está “parada” y por eso reconoció que “la llegada de la Presidenta significa una señal que nos da verdadera esperanza”.
Catorce meses después de haber sido sancionada por el Congreso y arrastrada por el alud generado por la tala indiscriminada que arrasó Tartagal, la presidenta Cristina Fernández finalmente reglamentará hoy la Ley de Presupuestos Mínimos de Protección de los Bosques Nativos. Será en un acto en la residencia de Olivos, a las 11. Lo informó en un comunicado la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, a cargo de Homero Bibiloni, en el que aseguró que “la reglamentación de la norma brindará, a solicitud de las autoridades correspondientes de cada provincia, la asistencia técnica, económica y financiera necesaria para realizar el ordenamiento territorial de los bosques nativos existentes en sus jurisdicciones”.
Las organizaciones no gubernamentales –como Greenpeace, Vida Silvestre, Proteger, Fundapaz– reclamaban la implementación de la ley 26.331, que el Congreso aprobó el 28 de noviembre de 2007. “Muchas veces una forma de ningunear una ley es no reglamentándola”, dijo el coordinador general de la campaña de biodiversidad de Greenpeace, Hernán Giardini. Lamentó que después de haber consensuado un borrador, ahora el Gobierno elaboró un nuevo texto que no contempla puntos que habían sido acordados en aquellas consultas. El proyecto de ley fue presentado por el diputado ex kirchnerista Miguel Bonasso, quien buscaba regular el uso del suelo y las actividades para proteger el medio ambiente y que denunció presiones de productores sojeros y gobernadores para frenar la norma.
“Sin el bosque, las laderas se vuelven cada vez más débiles, y esto favorece los desbordes. Por otra parte, cambia el régimen de lluvias porque está comprobado que las quemas envían a la atmósfera gases contaminantes cinco veces superiores a los industriales. Las consecuencias son imprevisibles y generalmente catastróficas”, escribió Bonasso en Crítica de la Argentina cuando el alud sepultó a Tartagal el lunes pasado y el ministro del Interior, Florencio Randazzo, dijo que “la catástrofe no podía evitarse”. Los ambientalistas y científicos insistieron que la catástrofe estuvo estrechamente vinculada con el desmonte del bosque salteño.
La diputada de la Coalición Cívica, Susana García, presentó en el Congreso un pedido de interpelación para que el jefe de Gabinete, Sergio Massa, y el mismo Bibiloni den explicaciones sobre los vínculos entre el desmonte y el alud. Bibiloni “lamentó” el pedido de interpelación y arremetió: “Lo que debemos valorar es que lo ocurrido en Tartagal no sería causa de la deforestación, tal como lo han informado el ministro del Interior, el gobernador de Salta y el subsecretario de Asuntos Hídricos de la Nación, tal como surge de la propia verificación climatológica y las condiciones del terreno, que muestran a las claras las causalidades del fenómeno”.
En ese sentido, el vicegobernador de Salta, Andrés Zottos, reclamó más presupuesto: “Tartagal está indefensa respecto de los márgenes de los ríos. Hace dos años tuvimos inundaciones y por eso declaramos el estado de emergencia. Aun así, no hay un solo fluviómetro para avisarle a la población cuando pasa algo de esta naturaleza. Si el alud del lunes, por ejemplo, hubiera ocurrido de noche, el daño hubiera sido aún peor”, dijo a Crítica de la Argentina. Explicó que el canal del río, sobre montaña, tiene 23 metros de ancho y cuando baja hacia el valle y alcanza el puente se reduce a 13, por lo que se produce un “efecto embudo”. La obra de ampliación y contención hídrica que arrancó en 2006 ahora está “parada” y por eso reconoció que “la llegada de la Presidenta significa una señal que nos da verdadera esperanza”.
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