Por Red Eco Alternativo
El caso de la desaparición del testigo Jorge Julio López, ocurrida hace dos años y medio, llegó ayer por primera vez a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ante la "terrible situación de parálisis" de la investigación, ante la "indiferencia" de las autoridades.
Así lo afirmó Graciela Rosenblum, Presidenta de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre y una de las expositoras del caso.
"¿Puede decirme si, en el momento de su desaparición, López estaba amparado por el programa de protección de testigos puesto en marcha por el Gobierno?", preguntó el juez Florentín Meléndez, uno de los tres magistrados que escucharon la ponencia. "No, porque, por más que los programas existen, lo cierto es que muchos testigos no quieren ser protegidos por las mismas fuerzas que, años atrás, violaron derechos humanos", fue la respuesta.
El caso llegó a la CIDH como parte de un reclamo de entidades argentinas por los "inaceptables obstáculos" en el desarrollo de procesos por violaciones de los derechos humanos. Y la situación de "impunidad de hecho" que eso entraña.
Rosenblum respondió a su vez que los 549 procesados "no reflejan la magnitud" del terrorismo de Estado vivido en la Argentina.
En el caso de López, los ponentes denunciaron también las "enormes dificultades" que existieron para que las autoridades tomaran dimensión de lo que implicaba su desaparición.
"Si bien es cierto que mucho se ha hecho, la verdad es que las enormes dilaciones y la falta de coordinación afectan la eficacia de toda la intención", coincidió el español Manuel Ollé, de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH).
"Al día de hoy sólo tenemos 48 sentencias condenatorias, producto de 13 juicios. Eso ocurre mientras 193 imputados han fallecido, al igual que víctimas y familiares que se quedan sin justicia", denunció Gastón Chillier, del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
En nombre del Gobierno, la directora de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, Andrea Gualde, agradeció las "críticas con ánimo constructivo", a la vez que aseguró que "es bien clara la voluntad política del Gobierno" para terminar con la "impunidad de hecho". Puso como ejemplo la existencia de 549 procesados desde la anulación de las llamadas leyes de perdón, como "reflejo del avance realizado y de la magnitud de los juicios que vendrán".
El caso de la desaparición del testigo Jorge Julio López, ocurrida hace dos años y medio, llegó ayer por primera vez a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ante la "terrible situación de parálisis" de la investigación, ante la "indiferencia" de las autoridades.
Así lo afirmó Graciela Rosenblum, Presidenta de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre y una de las expositoras del caso.
"¿Puede decirme si, en el momento de su desaparición, López estaba amparado por el programa de protección de testigos puesto en marcha por el Gobierno?", preguntó el juez Florentín Meléndez, uno de los tres magistrados que escucharon la ponencia. "No, porque, por más que los programas existen, lo cierto es que muchos testigos no quieren ser protegidos por las mismas fuerzas que, años atrás, violaron derechos humanos", fue la respuesta.
El caso llegó a la CIDH como parte de un reclamo de entidades argentinas por los "inaceptables obstáculos" en el desarrollo de procesos por violaciones de los derechos humanos. Y la situación de "impunidad de hecho" que eso entraña.
Rosenblum respondió a su vez que los 549 procesados "no reflejan la magnitud" del terrorismo de Estado vivido en la Argentina.
En el caso de López, los ponentes denunciaron también las "enormes dificultades" que existieron para que las autoridades tomaran dimensión de lo que implicaba su desaparición.
"Si bien es cierto que mucho se ha hecho, la verdad es que las enormes dilaciones y la falta de coordinación afectan la eficacia de toda la intención", coincidió el español Manuel Ollé, de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH).
"Al día de hoy sólo tenemos 48 sentencias condenatorias, producto de 13 juicios. Eso ocurre mientras 193 imputados han fallecido, al igual que víctimas y familiares que se quedan sin justicia", denunció Gastón Chillier, del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
En nombre del Gobierno, la directora de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, Andrea Gualde, agradeció las "críticas con ánimo constructivo", a la vez que aseguró que "es bien clara la voluntad política del Gobierno" para terminar con la "impunidad de hecho". Puso como ejemplo la existencia de 549 procesados desde la anulación de las llamadas leyes de perdón, como "reflejo del avance realizado y de la magnitud de los juicios que vendrán".
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