Viene de acá
Enviado por Red de Solidaridad con Chiapas de Vicente López
En segundo lugar, porque el gobierno actual, en su afán por despegarse de tales acciones en medio de una dura campaña electoral, ha dado un paso más en el proceso de criminalización, apuntando al conjunto de organizaciones sociales no oficialistas que desde hace años reciben planes sociales, y a partir de los cuáles vienen realizando un reconocido trabajo comunitario en el seno de los sectores más vulnerables de la población.
El intercambio de acusaciones y denuncias entre gobierno y algunos miembros de la oposición, así como la distorsión deliberada de ciertos medios de comunicación sobre la cantidad de planes sociales adjudicados a las organizaciones de desocupados (“estimación anacrónica y discriminatoria” que no deber ser utilizada “para criminalizar las actuaciones de las organizaciones de desocupados”, según palabras aclaratorias de un miembro del propio organismo –CIPPEC-, que proporcionó tal información), constituye un nuevo punto de inflexión, en una coyuntura económica en la cual todas las estadísticas indican que hay un aumento de la pobreza y la indigencia, se han reducido los gastos sociales, en particular en el rubro de asistencia directa a los comedores.
En tercer lugar, porque en las últimas semanas y en nombre de la “seguridad”, viene produciéndose una oleada represiva, que tiene por destinatario diferentes organizaciones sociales, sea que se trate de trabajadores estatales o privados, comunidades originarias, militantes populares, vecinos en emergencia habitacional u organizados en torno a una huerta orgánica (como los que fueron desalojados por el gobierno de Macri), por mencionar sólo algunos. A la continuidad de estas formas de criminalización desarrolladas desde hace años, se añaden otras, que revisten gravedad. Preocupa especialmente el caso del pueblo de Corcovado, en la provincia de Chubut, ocupado por la Gendarmería y donde se acumulan las denuncias de pobladores por torturas, violaciones y un nuevo desaparecido. Asimismo, preocupa la veloz aplicación de figuras penales relativas al corte de ruta, orientadas a la criminalización de las nuevas asambleas socio-ambientales que luchan contra el saqueo y la contaminación (minería a cielo abierto), como es el caso de los Vecinos Autoconvocados de Cafayate y las Asambleas riojanas de Chilecito y Famatina, que hoy enfrentan procesos penales, en un contexto de gran vulnerabilidad y asimetría en las relaciones de poder, frente a la alianza estratégica entre las corporaciones transnacionales y los gobiernos nacional y provinciales.
Por último, no podemos dejar de recordar, en este momento en el cual se realiza una grosera asimilación entre militancia social y acción terrorista, que el 26 de junio se cumplen 7 años de la masacre de Avellaneda, donde fueron asesinados Darío Santillán y Maximiliano Kosteki, que desde su triple identidad de jóvenes pobres del Conurbano Bonaerense, referentes sociales y militantes políticos con vocación de cambio social, luchaban no sólo por la autonomía de los movimientos sociales en el control de los planes sociales, sino por el aumento y la universalidad de dichas asignaciones.
Sintomáticamente, previo a aquella gran represión, las organizaciones de desocupados fueron demonizadas por los mismos medios y los mismos políticos que hoy pretenden ganar votos, transformando a los jóvenes pobres en potenciales delincuentes, y a las organizaciones sociales, que bregan por una transferencia de recursos hacia los sectores más vulnerables de la población, en supuestas bandas terroristas.
Frente a todo ello, consideramos necesario pronunciarnos:
-Los militantes populares detenidos no son antisemitas ni terroristas.
- Por la libertad a los presos políticos y la no judicialización de los reclamos sociales.
-Contra el saqueo de nuestros bienes naturales, la precarización de la vida y la impunidad de los de ayer y de hoy.
-Por la preservación de los bienes comunes y los recursos estratégicos del pueblo argentino.
- Por una Argentina sin hambre, con justicia y buen vivir para todos sus habitantes.
Primeras firmas
Maristella Svampa, Roberto Gargarella, Guillermo Cieza, Fernando Guzman,
Javier Rodriguez Pardo
Por favor, envíe su adhesión a la dirección dariovive.portal@gmail.com
Enviado por Red de Solidaridad con Chiapas de Vicente López
En segundo lugar, porque el gobierno actual, en su afán por despegarse de tales acciones en medio de una dura campaña electoral, ha dado un paso más en el proceso de criminalización, apuntando al conjunto de organizaciones sociales no oficialistas que desde hace años reciben planes sociales, y a partir de los cuáles vienen realizando un reconocido trabajo comunitario en el seno de los sectores más vulnerables de la población.
El intercambio de acusaciones y denuncias entre gobierno y algunos miembros de la oposición, así como la distorsión deliberada de ciertos medios de comunicación sobre la cantidad de planes sociales adjudicados a las organizaciones de desocupados (“estimación anacrónica y discriminatoria” que no deber ser utilizada “para criminalizar las actuaciones de las organizaciones de desocupados”, según palabras aclaratorias de un miembro del propio organismo –CIPPEC-, que proporcionó tal información), constituye un nuevo punto de inflexión, en una coyuntura económica en la cual todas las estadísticas indican que hay un aumento de la pobreza y la indigencia, se han reducido los gastos sociales, en particular en el rubro de asistencia directa a los comedores.
En tercer lugar, porque en las últimas semanas y en nombre de la “seguridad”, viene produciéndose una oleada represiva, que tiene por destinatario diferentes organizaciones sociales, sea que se trate de trabajadores estatales o privados, comunidades originarias, militantes populares, vecinos en emergencia habitacional u organizados en torno a una huerta orgánica (como los que fueron desalojados por el gobierno de Macri), por mencionar sólo algunos. A la continuidad de estas formas de criminalización desarrolladas desde hace años, se añaden otras, que revisten gravedad. Preocupa especialmente el caso del pueblo de Corcovado, en la provincia de Chubut, ocupado por la Gendarmería y donde se acumulan las denuncias de pobladores por torturas, violaciones y un nuevo desaparecido. Asimismo, preocupa la veloz aplicación de figuras penales relativas al corte de ruta, orientadas a la criminalización de las nuevas asambleas socio-ambientales que luchan contra el saqueo y la contaminación (minería a cielo abierto), como es el caso de los Vecinos Autoconvocados de Cafayate y las Asambleas riojanas de Chilecito y Famatina, que hoy enfrentan procesos penales, en un contexto de gran vulnerabilidad y asimetría en las relaciones de poder, frente a la alianza estratégica entre las corporaciones transnacionales y los gobiernos nacional y provinciales.
Por último, no podemos dejar de recordar, en este momento en el cual se realiza una grosera asimilación entre militancia social y acción terrorista, que el 26 de junio se cumplen 7 años de la masacre de Avellaneda, donde fueron asesinados Darío Santillán y Maximiliano Kosteki, que desde su triple identidad de jóvenes pobres del Conurbano Bonaerense, referentes sociales y militantes políticos con vocación de cambio social, luchaban no sólo por la autonomía de los movimientos sociales en el control de los planes sociales, sino por el aumento y la universalidad de dichas asignaciones.
Sintomáticamente, previo a aquella gran represión, las organizaciones de desocupados fueron demonizadas por los mismos medios y los mismos políticos que hoy pretenden ganar votos, transformando a los jóvenes pobres en potenciales delincuentes, y a las organizaciones sociales, que bregan por una transferencia de recursos hacia los sectores más vulnerables de la población, en supuestas bandas terroristas.
Frente a todo ello, consideramos necesario pronunciarnos:
-Los militantes populares detenidos no son antisemitas ni terroristas.
- Por la libertad a los presos políticos y la no judicialización de los reclamos sociales.
-Contra el saqueo de nuestros bienes naturales, la precarización de la vida y la impunidad de los de ayer y de hoy.
-Por la preservación de los bienes comunes y los recursos estratégicos del pueblo argentino.
- Por una Argentina sin hambre, con justicia y buen vivir para todos sus habitantes.
Primeras firmas
Maristella Svampa, Roberto Gargarella, Guillermo Cieza, Fernando Guzman,
Javier Rodriguez Pardo
Por favor, envíe su adhesión a la dirección dariovive.portal@gmail.com
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