Por Ileana Petersen *Enviado por Iris Giménez
“Si no canto lo que siento…me voy a morir por dentro”
Ayer se llevó a cabo en la ciudad de Viedma, a las 19 hs, la jornada denominada "Verdades, mitos y desafíos en la minería de Río Negro: Análisis constitucional de la ley 3981, el uso del agua y los tratados bilaterales de inversión".
La primera pregunta que me surge es: ¿qué necesidad de debatir acerca de algo que se encuentra prohibido en nuestra provincia?
La primera respuesta que se me ocurre es: la necesidad de convencer a la gente de que la minería es necesaria, de que estamos desaprovechando un negocio millonario que podría traer educación, salud y bienestar a nuestro pueblo, generar fuentes de trabajo y desarrollo regional.
En síntesis, la necesidad de convencer para derogar una ley pensada y votada a conciencia por quienes, en representación del pueblo, decidieron apostar por la vida y no por el dinero.
Y si bien se anunciaba este evento como actividad preliminar de la Maestría en Derecho Administrativo Global de la UNRN, no deja de resultar sospechoso que se elija justamente la Ley 3981 para el debate, en un momento en que las mineras presionan fuerte desde Santa Cruz hacia arriba. Pero si el debate hubiera tratado exclusivamente de la constitucionalidad de la Ley y si la misma afectaba o no otras leyes Nacionales y/o tratados internacionales, si se hubiera abordado desde la perspectiva del Derecho exclusivamente, uno podría haber pensado que era un evento enfocado hacia la maestría.
No había necesidad de hablar entonces de que la gente tiene miedo por su desconocimiento e ignorancia, que cuando algo nos da miedo es más fácil prohibirlo que investigarlo, de que hay minería “buena” y minería “mala”, que se puede hacer minería sustentable sin contaminar, y de tratar de convencernos de que quienes trabajaron por la promulgación de esta ley cometieron un error que se debe corregir.
No expuso el panelista anunciado Julio Ríos Gomez, doctor en geología, quien además es el presidente del Grupo de Empresas Mineras de la República Argentina y casualmente reside en San Juan.
Tampoco expuso el Dr. Luis Lutz, presidente del STJ, después de haber informado que el Superior Tribunal no cedería el auditorio del Poder Judicial para la realización del evento.
Si lo hicieron los otros 3 panelistas anunciados: el doctor Carlos Castrillo, Magister en Derecho Administrativo y Derecho Empresario (Universidad Austral); Marcela Yappert, abogada del Consejo de Ecología y Medio Ambiente de Río Negro (Codema), ex defensora del Pueblo adjunta de Río Negro; y el doctor Juan Pablo Bohoslavsky, director de la Maestría en Derecho Administrativo Global de la Universidad Nacional de Río Negro, en ese orden.
La exposición de Castrillo comenzó diciendo que “es innegable que la minería genera un gran impacto ambiental”, pero que si ese impacto se mantiene “controlado” no tiene por qué generar contaminación. Que para eso están los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) que nos demostrarán si va a haber o no contaminación, que si “la minería no convence, no va” pero que hay que darle una oportunidad a la minería “buena” de demostrar que puede hacerse de manera sustentable.
Cabría preguntarse, si todo es cuestión de “control”, por qué contaminan las mineras hoy en día, quiénes deben ejercer esos “controles” que no se están cumpliendo y por qué no se realizan. La respuesta es simple, como todo en nuestro país, el control se puede manejar por conveniencia.
Y más allá de los “controles” gubernamentales, ¿quién podría controlar los movimientos sísmicos de la tierra para que no provoquen grietas y filtraciones?, ¿quién es el encargado de controlar el viento para que no lleve las partículas de polvo y minerales a los pulmones de la gente, o el arsénico, o los metales pesados que se depositan en las cuencas de los ríos? Leer más
* DNI 21.445.989
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