Por Raquel Palomino *
“En esta parte de la tierra, la historia se cayo, como se caen la piedras, aun las que tocan el cielo o estan cerca del sol ”
Personal del INPE : Abra su bolsa,
¿Qué lleva?
Visita: Comida, voy a visitar a Pedro Condori, dirigente social.
Personal del INPE: Con más razón, ¡Deben haber balas, ábralas!
Pedro Condori, está preso en el Penal de Aucallama, ubicado en medio de un arenal de Lima; duerme en el piso, con otros 12 presos, en una celda donde hay dos camarotes de cemento y una letrina. “Yo estoy tranquilo y se que hay presiones, esperaré” me dijo, y entonces todos los papeles que soportan la información legal de su defensa y las acciones de denuncia internacional para su libertad - que no han logrado sacarlo aún -, ante su resignada y sabia paciencia, se desintegran con mi desesperanza. El de Pedro es uno de los casos más crueles de las personas que están siendo privadas de su libertad por el gobierno de García y los poderes fácticos. Pedro es minero, padre de cinco hijos, un ciudadano peruano para quien no existen los derechos humanos, él es una víctima más de la violenta criminalización de la protesta social desarrollada en el Perú.
Desde los años 90, con el gobierno autoritario de Fujimori, se viene implementando en el Perú, y cada vez con mayor agresividad, un modelo económico neoliberal acompañado de un modelo de desarrollo extractivo, depredador y excluyente que favorece a los grupos de poder económico, vulnera sistemáticamente los derechos humanos y afecta el medio ambiente. Las resistencias no se han hecho esperar y por ello los conflictos sociales han crecido de 78 registrados en el 2007 a 267 en el 2009 .
Alan García, procesado por violaciones a los derechos humanos ocurridos en su primer gobierno, continúa gobernándonos a fuerza de balas. Desde que empezó su gobierno, 32 personas han muerto en protestas , para ello, ejerce su poder represivo y coercitivo a través de las Fuerzas Armadas, policiales.
El proceso de criminalización de la protesta social se ha endurecido; por eso, quienes ejercen este derecho vienen siendo estigmatizados, denunciados, procesados y sentenciados arbitraria e injustamente. No existen cifras nacionales sobre la cantidad de personas criminalizadas, pero según la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) y los dirigentes gremiales existirían más de 1,300 casos.
Las víctimas más vulnerables de este proceso represivo son los dirigentes sociales. Uno de ellos es Pedro Condori, Secretario General del Sindicato de Trabajadores mineros de Casapalca, privado de su libertad injustamente desde hace más de 6 meses tan sólo por representar y defender los derechos laborales de los 1,300 mineros que trabajan para los Gubinss, dueños de la minera Casapalca que extrae cobre, plata, plomo y zinc.
Pedro Condori ha sido acusado por la Fiscalía Provincial de Huarochirí de ser el responsable de la muerte del Capitán de la Policía, Giuliano Villarreal, durante una protesta pacífica que realizaron los mineros en noviembre de 2008. APRODEH sostiene que a la hora en que se produjo la muerte del efectivo policial, el dirigente social no se encontraba presente en el lugar de los hechos, pues éste se hallaba en Lima, dirigiéndose al Ministerio de Trabajo, precisamente en ejercicio de su labor sindical. Sin embargo, el fiscal lo acusa de ser el “autor mediato” - o sea, de haber planificado y/u ordenado la muerte del policía -, y a la vez de “homicidio culposo” – o sea, de haber causado la muerte a otro sin intención, sin dolo. Es decir, en opinión del referido Fiscal, Pedro Condori planificó matar sin querer queriendo al policía Villareal. Leer más
* Periodista y activista de derechos humanos
DNI: 09536909
“En esta parte de la tierra, la historia se cayo, como se caen la piedras, aun las que tocan el cielo o estan cerca del sol ”
Personal del INPE : Abra su bolsa,
¿Qué lleva?
Visita: Comida, voy a visitar a Pedro Condori, dirigente social.
Personal del INPE: Con más razón, ¡Deben haber balas, ábralas!
Pedro Condori, está preso en el Penal de Aucallama, ubicado en medio de un arenal de Lima; duerme en el piso, con otros 12 presos, en una celda donde hay dos camarotes de cemento y una letrina. “Yo estoy tranquilo y se que hay presiones, esperaré” me dijo, y entonces todos los papeles que soportan la información legal de su defensa y las acciones de denuncia internacional para su libertad - que no han logrado sacarlo aún -, ante su resignada y sabia paciencia, se desintegran con mi desesperanza. El de Pedro es uno de los casos más crueles de las personas que están siendo privadas de su libertad por el gobierno de García y los poderes fácticos. Pedro es minero, padre de cinco hijos, un ciudadano peruano para quien no existen los derechos humanos, él es una víctima más de la violenta criminalización de la protesta social desarrollada en el Perú.
Desde los años 90, con el gobierno autoritario de Fujimori, se viene implementando en el Perú, y cada vez con mayor agresividad, un modelo económico neoliberal acompañado de un modelo de desarrollo extractivo, depredador y excluyente que favorece a los grupos de poder económico, vulnera sistemáticamente los derechos humanos y afecta el medio ambiente. Las resistencias no se han hecho esperar y por ello los conflictos sociales han crecido de 78 registrados en el 2007 a 267 en el 2009 .
Alan García, procesado por violaciones a los derechos humanos ocurridos en su primer gobierno, continúa gobernándonos a fuerza de balas. Desde que empezó su gobierno, 32 personas han muerto en protestas , para ello, ejerce su poder represivo y coercitivo a través de las Fuerzas Armadas, policiales.
El proceso de criminalización de la protesta social se ha endurecido; por eso, quienes ejercen este derecho vienen siendo estigmatizados, denunciados, procesados y sentenciados arbitraria e injustamente. No existen cifras nacionales sobre la cantidad de personas criminalizadas, pero según la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) y los dirigentes gremiales existirían más de 1,300 casos.
Las víctimas más vulnerables de este proceso represivo son los dirigentes sociales. Uno de ellos es Pedro Condori, Secretario General del Sindicato de Trabajadores mineros de Casapalca, privado de su libertad injustamente desde hace más de 6 meses tan sólo por representar y defender los derechos laborales de los 1,300 mineros que trabajan para los Gubinss, dueños de la minera Casapalca que extrae cobre, plata, plomo y zinc.
Pedro Condori ha sido acusado por la Fiscalía Provincial de Huarochirí de ser el responsable de la muerte del Capitán de la Policía, Giuliano Villarreal, durante una protesta pacífica que realizaron los mineros en noviembre de 2008. APRODEH sostiene que a la hora en que se produjo la muerte del efectivo policial, el dirigente social no se encontraba presente en el lugar de los hechos, pues éste se hallaba en Lima, dirigiéndose al Ministerio de Trabajo, precisamente en ejercicio de su labor sindical. Sin embargo, el fiscal lo acusa de ser el “autor mediato” - o sea, de haber planificado y/u ordenado la muerte del policía -, y a la vez de “homicidio culposo” – o sea, de haber causado la muerte a otro sin intención, sin dolo. Es decir, en opinión del referido Fiscal, Pedro Condori planificó matar sin querer queriendo al policía Villareal. Leer más
* Periodista y activista de derechos humanos
DNI: 09536909
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