Por Oscar Meilán
Enviado por Iris Gimenez
Días pasados se conoció el listado de todos los que integraron el tristemente célebre Batallón 601, organismo de inteligencia de la Dictadura Militar que ofició de vigilancia, seguimiento y denuncia de la totalidad de los argentinos.
Allí se destacan los cargos, las responsabilidades y las tareas encomendadas -por supuesto que como todo organismo supernumerario, existen cocineros, administrativos, personal de servicios, etc.-
Inmediatamente comenzaron las repercusiones referidas a aquéllos que se encontraron expuestos ante la opinión pública y también de aquellos funcionarios de la democracia que los cuentan entre sus colaboradores: “Que es una caza de brujas, que es una lista kirchnerista, etc, etc.”. Lo mismo dicen entre otras iniciativas como la ley de medios.
Pero existe una realidad incontrastable, que es la que la continuidad de los juicios contra el terrorismo de estado ha permitido dilucidar y que ya no se puede poner en discusión. Se trata de que hubo delitos de lesa humanidad, que hubo un plan de exterminio pergeñado por los que detentaban el poder ilegítimamente y que recorría hacia abajo todas las estructuras del Estado.
Puede ser cierto que algunos no integraban las patotas de secuestradores, las de los torturadores o la de los encargados de la solución final -los vuelos de la muerte, los fusilamientos masivos como en los campos de concentración de Córdoba o Campo de Mayo y los enfrentamientos fraguados a lo largo y ancho del país entre otros- pero sí es cierto que aportaban la información para que ello ocurriera y trabajaban luego para su ocultamiento, y lo siguen haciendo hoy en día. Esas mismas personas salen a decir –sin que nadie lo verifique- que “yo no hacía lo que ellos -refiriéndose a sus compañeros de tarea- hacían”, pero a pesar de todas las oportunidades que les brinda la democracia, entre ellas la de ser testigo protegido, no dicen qué hacían ni quiénes eran sus compañeros que sí lo hacían (a confirmación de partes relevo de pruebas). Y hay una verdad de Perogrullo y es que si no hubieran estado de acuerdo no habrían podido integrar el Batallón 601, ni ninguno de los organismos de inteligencia que hubo en todo el país, incluida nuestra región.
Otro argumento vergonzoso que utilizan es que en democracia se portaron bien. Massera, Videla y ninguno de los miles de culpables del genocidio -entre ellos los civiles que acompañaron e instigaron su realización- están siendo juzgados por lo que hicieron en democracia, salvo por el ocultamiento sistemático y la repetición desestabilizadora hacia gobiernos democráticos de cualquier envergadura y signo político a lo largo y ancho del país. Pero una situación no se puede soslayar y es la obligación que tenemos los funcionarios de la democracia de no ocultar y denunciar todas estas situaciones bajo el grave delito de encubrimiento.
Decía nuestro compañero Bachi Chironi en un acto oficial en el Salón Gris de la Casa de Gobierno con la presencia de la casi totalidad del gabinete provincial, del Superior Tribunal de Justicia, de organismos de control y de las Abuelas de Plaza de Mayo:
“¿...Cuándo las autoridades municipales y provinciales de todas las jurisdicciones y las nacionales van a cumplir acabadamente con el mandato democrático de abrir las listas, proporcionar la información que existe, para no seguir incurriendo en la victimización permanente y la dificultación de hacer justicia para conocer el paradero y, sobre todo, la identidad de los 400 chicos (ahora adultos) que aún carecen de ella y también de todos aquellos que esperamos más de 30 años esa reparación histórica...?” Leer más
Nota relacionada: El fin del secreto en el Batallón 601
Enviado por Iris Gimenez
Días pasados se conoció el listado de todos los que integraron el tristemente célebre Batallón 601, organismo de inteligencia de la Dictadura Militar que ofició de vigilancia, seguimiento y denuncia de la totalidad de los argentinos.
Allí se destacan los cargos, las responsabilidades y las tareas encomendadas -por supuesto que como todo organismo supernumerario, existen cocineros, administrativos, personal de servicios, etc.-
Inmediatamente comenzaron las repercusiones referidas a aquéllos que se encontraron expuestos ante la opinión pública y también de aquellos funcionarios de la democracia que los cuentan entre sus colaboradores: “Que es una caza de brujas, que es una lista kirchnerista, etc, etc.”. Lo mismo dicen entre otras iniciativas como la ley de medios.
Pero existe una realidad incontrastable, que es la que la continuidad de los juicios contra el terrorismo de estado ha permitido dilucidar y que ya no se puede poner en discusión. Se trata de que hubo delitos de lesa humanidad, que hubo un plan de exterminio pergeñado por los que detentaban el poder ilegítimamente y que recorría hacia abajo todas las estructuras del Estado.
Puede ser cierto que algunos no integraban las patotas de secuestradores, las de los torturadores o la de los encargados de la solución final -los vuelos de la muerte, los fusilamientos masivos como en los campos de concentración de Córdoba o Campo de Mayo y los enfrentamientos fraguados a lo largo y ancho del país entre otros- pero sí es cierto que aportaban la información para que ello ocurriera y trabajaban luego para su ocultamiento, y lo siguen haciendo hoy en día. Esas mismas personas salen a decir –sin que nadie lo verifique- que “yo no hacía lo que ellos -refiriéndose a sus compañeros de tarea- hacían”, pero a pesar de todas las oportunidades que les brinda la democracia, entre ellas la de ser testigo protegido, no dicen qué hacían ni quiénes eran sus compañeros que sí lo hacían (a confirmación de partes relevo de pruebas). Y hay una verdad de Perogrullo y es que si no hubieran estado de acuerdo no habrían podido integrar el Batallón 601, ni ninguno de los organismos de inteligencia que hubo en todo el país, incluida nuestra región.
Otro argumento vergonzoso que utilizan es que en democracia se portaron bien. Massera, Videla y ninguno de los miles de culpables del genocidio -entre ellos los civiles que acompañaron e instigaron su realización- están siendo juzgados por lo que hicieron en democracia, salvo por el ocultamiento sistemático y la repetición desestabilizadora hacia gobiernos democráticos de cualquier envergadura y signo político a lo largo y ancho del país. Pero una situación no se puede soslayar y es la obligación que tenemos los funcionarios de la democracia de no ocultar y denunciar todas estas situaciones bajo el grave delito de encubrimiento.
Decía nuestro compañero Bachi Chironi en un acto oficial en el Salón Gris de la Casa de Gobierno con la presencia de la casi totalidad del gabinete provincial, del Superior Tribunal de Justicia, de organismos de control y de las Abuelas de Plaza de Mayo:
“¿...Cuándo las autoridades municipales y provinciales de todas las jurisdicciones y las nacionales van a cumplir acabadamente con el mandato democrático de abrir las listas, proporcionar la información que existe, para no seguir incurriendo en la victimización permanente y la dificultación de hacer justicia para conocer el paradero y, sobre todo, la identidad de los 400 chicos (ahora adultos) que aún carecen de ella y también de todos aquellos que esperamos más de 30 años esa reparación histórica...?” Leer más
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