Por Consejo Asesor Indígena Andino
El CAI ante los crímenes de la policía de RN en el Nahuel Huapi, San Carlos de Bariloche
La policía –la común y los cuerpos especiales- es parte del dispositivo del Estado provincial de Río Negro del que disponen los gobiernos para llevar a cabo su proyecto político e ideológico. Para eso eligen, preparan, entrenan, adiestran y financian a los policías, por lo que sus condiciones físicas, psicológicas e ideológicas no son fruto de la casualidad. Así, de ningún modo aceptamos como error o exceso individual las ejecuciones realizadas por policías contra tres jóvenes en San Carlos de Bariloche días pasados.
Desde nuestra experiencia como parte del pueblo mapuche en lucha queremos aportar algunos elementos de casos en los que actúa la policía de Río Negro contra comunidades, para comprender que es parte fundamental del Estado contra el avance en la conciencia y en la organización en esta etapa de entrega de los bienes y recursos de la naturaleza.
* Privación ilegítima de la libertad y amenaza de muerte contra un peñi del lof Lleiful-Cayumil de la meseta de Somuncura;
* Desalojo con gases, persecución armada y detenciones contra la familia mapuche Loncón;
* Desalojo judicial a través del BORA del lof Kospi;
* Intervención de la comisaría de Huahuel Niyeu (Ingeniero Jacobacci) en contra del lof Sayhueque;
* Intervención de la comisaría de Maquinchao en contra del lof Lleiful-Cayumil y Paillecheo-Huayquilicán;
* Violencia y asentamiento de una unidad del BORA en Bolsón en amenaza a la comunidas José Manuel Pichún.
Secuestro del bicentenario
La madrugada del 25 de mayo pasado, el policía Daniel Montes, responsable del destacamento de El Caín, paraje rural del sur, golpeó, amenazó de muerte y dispuso la privación ilegal de la libertad de Cristian Lleiful, miembro del lof Lleiful-Cayumil de la meseta de Somuncura. “Si quiero le pego un tiro en la cabeza”, aseguró Montes ante la familia, a la vez que lo increpó por su pertenencia al CAI y a su presunta condición de “robador de campos” aludiendo a la recuperación territorial realizada en laguna El Unco en octubre de 2006. Cristian sufrió 48 (cuarenta y ocho) horas de virtual secuestro en la comisaría de Maquinchao.
Como CAI denunciamos el caso de privación ilegítima de la libertad, golpes, amenazas y persecución ideológica por parte de este efectivo de la policía, para lo que contó con la connivencia de la juez de Paz del paraje, también denunciada ante la justicia ordinaria con asiento en Bariloche. Hasta el momento de dar a conocer este pronunciamiento Montes sigue cumpliendo funciones en El Caín, a metros de la ruka de la familia de la víctima.
Desalojos de comunidades mapuche
El personal de la comisaría de Comallo intervino en el desalojo de la familia mapuche Loncón del paraje Tres Cerros, a unos 80 km al noreste de Bariloche, en cumplimiento de una orden judicial viciada de nulidad y a favor de un juez de Cámara de General Roca. Desalojó con gases lacrimógenos en una ruka aislada en pleno campo, persiguió a caballo a uno de los miembros de la comunidad a campo travieza, golpeó a otro delante de un menor de 10 años y detuvo a dos lammgen en forma irregular. Las víctimas denunciaron el caso ante la Defensora del Pueblo de la provincia, la secretaría de DD.HH. de la provincia y el entonces comisario Cufré, entre otros organismos públicos. Todos los policías continúan prestando servicios en la juridicción de las víctimas.
Meses después, en diciembre del 2009, fue desalojada la comunidad Kospi de Fiske Menuco (General Roca) a favor de un proyecto inmobiliario sobre la costa del Curru Leuvú (río Negro). En este caso, 100 (cien) efectivo del cuerpo especial BORA intervino contra 6 (seis) peñi y lammgen, entre los que se encontraban dos niños de 5 y 11 años y el jovencito de 15 víctimas de golpes y persecución. La justicia no encontró delito en el accionar del BORA denunciado por Kospi. Leé acá la nota completa
El CAI ante los crímenes de la policía de RN en el Nahuel Huapi, San Carlos de Bariloche
La policía –la común y los cuerpos especiales- es parte del dispositivo del Estado provincial de Río Negro del que disponen los gobiernos para llevar a cabo su proyecto político e ideológico. Para eso eligen, preparan, entrenan, adiestran y financian a los policías, por lo que sus condiciones físicas, psicológicas e ideológicas no son fruto de la casualidad. Así, de ningún modo aceptamos como error o exceso individual las ejecuciones realizadas por policías contra tres jóvenes en San Carlos de Bariloche días pasados.
Desde nuestra experiencia como parte del pueblo mapuche en lucha queremos aportar algunos elementos de casos en los que actúa la policía de Río Negro contra comunidades, para comprender que es parte fundamental del Estado contra el avance en la conciencia y en la organización en esta etapa de entrega de los bienes y recursos de la naturaleza.
* Privación ilegítima de la libertad y amenaza de muerte contra un peñi del lof Lleiful-Cayumil de la meseta de Somuncura;
* Desalojo con gases, persecución armada y detenciones contra la familia mapuche Loncón;
* Desalojo judicial a través del BORA del lof Kospi;
* Intervención de la comisaría de Huahuel Niyeu (Ingeniero Jacobacci) en contra del lof Sayhueque;
* Intervención de la comisaría de Maquinchao en contra del lof Lleiful-Cayumil y Paillecheo-Huayquilicán;
* Violencia y asentamiento de una unidad del BORA en Bolsón en amenaza a la comunidas José Manuel Pichún.
Secuestro del bicentenario
La madrugada del 25 de mayo pasado, el policía Daniel Montes, responsable del destacamento de El Caín, paraje rural del sur, golpeó, amenazó de muerte y dispuso la privación ilegal de la libertad de Cristian Lleiful, miembro del lof Lleiful-Cayumil de la meseta de Somuncura. “Si quiero le pego un tiro en la cabeza”, aseguró Montes ante la familia, a la vez que lo increpó por su pertenencia al CAI y a su presunta condición de “robador de campos” aludiendo a la recuperación territorial realizada en laguna El Unco en octubre de 2006. Cristian sufrió 48 (cuarenta y ocho) horas de virtual secuestro en la comisaría de Maquinchao.
Como CAI denunciamos el caso de privación ilegítima de la libertad, golpes, amenazas y persecución ideológica por parte de este efectivo de la policía, para lo que contó con la connivencia de la juez de Paz del paraje, también denunciada ante la justicia ordinaria con asiento en Bariloche. Hasta el momento de dar a conocer este pronunciamiento Montes sigue cumpliendo funciones en El Caín, a metros de la ruka de la familia de la víctima.
Desalojos de comunidades mapuche
El personal de la comisaría de Comallo intervino en el desalojo de la familia mapuche Loncón del paraje Tres Cerros, a unos 80 km al noreste de Bariloche, en cumplimiento de una orden judicial viciada de nulidad y a favor de un juez de Cámara de General Roca. Desalojó con gases lacrimógenos en una ruka aislada en pleno campo, persiguió a caballo a uno de los miembros de la comunidad a campo travieza, golpeó a otro delante de un menor de 10 años y detuvo a dos lammgen en forma irregular. Las víctimas denunciaron el caso ante la Defensora del Pueblo de la provincia, la secretaría de DD.HH. de la provincia y el entonces comisario Cufré, entre otros organismos públicos. Todos los policías continúan prestando servicios en la juridicción de las víctimas.
Meses después, en diciembre del 2009, fue desalojada la comunidad Kospi de Fiske Menuco (General Roca) a favor de un proyecto inmobiliario sobre la costa del Curru Leuvú (río Negro). En este caso, 100 (cien) efectivo del cuerpo especial BORA intervino contra 6 (seis) peñi y lammgen, entre los que se encontraban dos niños de 5 y 11 años y el jovencito de 15 víctimas de golpes y persecución. La justicia no encontró delito en el accionar del BORA denunciado por Kospi. Leé acá la nota completa
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