Por Elvira CórdobaA pesar de existir una ley nacional que lo prohíbe, la Justicia de Sarmiento pretende desalojar a una comunidad mapuche en los próximos días. Se trata del asentamiento Jacinto Antileo ubicada en la zona de Buen Pasto, cerca de Sarmiento.
El juez que entiende en la causa no tiene en cuenta la vigencia de la Ley Nacional 26.160, una ley de emergencia que suspende los desalojos hasta que se realice un mapeo nacional de todos los pueblos originarios existentes. Esto es el Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas que, en Chubut, lleva adelante un Equipo Técnico de la UNPSJB.
La situación Judicial
El juez Gustavo Antoun que, favorece el reclamo de otro funcionario de la Justicia, pretende que la comunidad abandone el Lote 70 donde además se encuentra un galpón de uso comunitario. La fecha establecida en la medida cautelar se cumple hoy, 7 de setiembre.
La comunidad mapuche, que habita el lugar desde la década del 30, apeló ante el juez que desestimó la medida. De esta manera, se le dio la razón al querellante, Tomas Malerba, asesor civil de Incapaces en el Juzgado de Sarmiento, previo al proceso penal contra Carlos Antileo bajo la figura de “usurpación”.
El caso
La causa comenzó cuando Malerba realizó una presentación judicial contra la comunidad por ‘ocupar un terreno fiscal que por derechos hereditarios le pertenece’, según reclamó al Juez.
Sin embargo, la comunidad afirma que los derechos fueron cedidos sin la participación de ellos.
La Comunidad lleva el nombre de Jacinto Antileo, en homenaje al poblador del lugar que llegó allí hace 80 años, junto a otras familias de la misma comunidad.
Por su parte, don Carlos Antileo actual longko de la comunidad dice que “yo no estoy mal con Malbera, nosotros no tenemos problemas personales, sólo que él reclama lo que no es de él y yo defiendo el territorio que la comunidad ocupa desde hace más de 80 años”.
Luego destaca que “hubo una el reclamo lo época que dejamos de hablar nuestra lengua porque se burlaban, porque no querían darnos trabajo, ahora hay leyes y tenemos derecho que el mismo Juez no quiere respetar”.
Otros casos que están en manos de este mismo juez se vincula al territorio de la Comunidad Jacinto Tracaleu y de la Comunidad Corral de Piedra de Juana Sifuentes, donde un vecino les cerró el camino vecinal con una tranquera.
Apoyo
Referentes de Comunidades Indígenas y organizaciones sociales de distintos puntos de la provincia llegaron a la comunidad Jacinto Antileu para acompañarlos en este día donde se espera la presencia del juez en el lote 70 donde estaría verificando el cumplimiento de una orden dada en beneficio de Malerba.
La ley nacional y provincial
La ley de Emergencia y Relevamiento de Pueblos Originarios, sancionada durante 2006 y prorrogada hace un año, suspende "la ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos, cuyo objeto sea el desalojo o desocupación de las tierras contempladas". Además, puso en marcha el relevamiento técnico-jurídico de las tierras que actualmente ocupan las comunidades indígenas en el país.
Por otro lado, La Constitución Nacional de 1994 reconoce "la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas" y señala que debe garantizarse "la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que ocupan, y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano".
Asimismo, la Constitución provincial sostiene “deberán instituirse procedimientos adecuados en el marco del sistema jurídico nacional para solucionar las reivindicaciones de tierras formuladas por los pueblos interesados”. Además se incumplirían los tratados internacionales acordados en la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Ambos prohíben este tipo de medidas.
Proyecto de Entregas Comunitarios
La directora del Consejo de Participación Indígena (CPI), Rita Rosa, informó hace algunos días que todos los representantes de pueblos originarios y miembros del Gobierno Nacional están armando un proyecto de ley para que luego del relevamiento se les pueda entregar a cada comunidad el título de propiedad comunitario del territorio que habitan.
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