Por Tomás Montenegro *Estamos acá presentes porque queremos manifestar nuestra opinión y llamar a la comunidad en general a la reflexión.
Hace más de siete años nos enteramos de los intentos de desalojo y varios fuimos testigos de los hechos más aberrantes que nos podríamos haber imaginado viviendo en el siglo XXI. Parecía que volvíamos cinco siglos atrás.
Luego de un jury de enjuiciamiento contra quién fuera el responsable de dictar las órdenes de desalojo, es destituido en el mes de mayo del año 2004 por "mal desempeño de sus funciones y por desconocimiento inexcusable del derecho" el juez Colabelli.
Ahora, después de siete largos años, el Superior Tribunal de Justicia del Chubut hace lugar a un recurso de casación que fuera rechazado en 2004. La defensa de Colabelli acudió a la Corte Suprema mediante un recurso de queja a raíz de lo cual la Corte dictamina que la Justicia de Chubut debe declarar admisible la casación antes rechazada. Se hace lugar a la casación restituyendo a Colabelli en su cargo de Juez porque el tribunal de enjuiciamiento de magistrados que lo constituyó en el año 2004, compuesto por cinco miembros, no reunía las formalidades necesarias, ya que uno de sus miembros, un abogado del foro de Sarmiento, carecía de la antigüedad de doce años en la matrícula para desempeñarse en ese cargo.
Resumiendo:
El Juez Colabelli es destituido en 2004 por mal desempeño de sus funciones y por desconocimiento inexcusable del derecho y es restituido en 2010 por un error administrativo en el cual uno de los miembros del tribunal no reunía la antigüedad necesaria.
NOS PREGUNTAMOS:
¿De quién es la responsabilidad de tener un tribunal conformado sin reunir las condiciones necesarias?
¿Qué cargo le van a dar a Colabelli cuando el cargo que ocupaba ya no existe más?
¿Por qué como comunidad toda tenemos que soportar que un juez que tuvo 26 (veintiséis) expedientes ofrecidos como prueba en su contra donde había irregularidades procesales y numerosas denuncias desde las diferentes comunidades mapuches por mal desempeño en sus funciones sea restituido por un error administrativo?
¿Cuáles son las garantías de las comunidades mapuches-tehuelches ante un juez que fue destituido por desconocimiento inexcusable del derecho y por mal desempeño de sus funciones, violando los derechos humanos de las comunidades en cuestión?
¿Cuánto le costo al Estado todo este proceso que tiene siete largos años?
¿Cuánto nos cuesta a todos, ya que aparentemente se le abonarían todos los años de sueldo como juez desde el año en que fue destituido (sueldo de jueces que, entre otras cosas, no pagan impuesto a las ganancias, como lamentablemente lo hacen muchos trabajadores)
¿Ésta es la realidad de la justicia? Llamamos a todas las organizaciones, a la comunidad en general, y a la propia justicia a manifestar su opinión, y que no sea este un hecho que pase y nada más.
¿Consideramos que los hechos por los que fue destituido este juez son mucho más importantes que un error administrativo?
¿Es ésta la Justicia que queremos?
¿Es ésta la Justicia idónea y con ética que queremos?
*Secretario General Central de Trabajadores Argentinos Regional Noroeste
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