Derecho a la tierra: acuerdo para un proyecto que busca frenar los desalojos en el campo

Por Darío Aranda

Organizaciones rurales de base consensuaron un proyecto de ley para frenar desalojos y declarar la función social de la tierra. La iniciativa cuenta con el apoyo del Ministerio de Agricultura. Será respaldada por legisladores del FpV y Nuevo Encuentro.

Frenar los desalojos campesinos y declarar la función social de la tierra son dos de los ejes del proyecto de ley impulsado por organizaciones campesinas del país que, en un hecho con pocos precedentes, se unieron para consensuar los artículos y planificar acciones directas para asegurar la aprobación de la norma. De sancionarse, será un primer gran freno al modelo de agronegocios que, con la soja como estandarte, implicó el avance de la frontera agropecuaria y provocó la expulsión de 300 mil familias campesinas e indígenas. El proyecto de ley es impulsado por la base de la pirámide del sector campesino, en los antípodas de la Mesa de Enlace, y cuenta con el apoyo de legisladores del Frente para la Victoria y Nuevo Encuentro, y el visto bueno del Ministerio de Agricultura de la Nación. “Es una iniciativa nacida de la diversidad de organizaciones, que somos quienes padecemos y enfrentamos el modelo de agronegocios. Será un freno legal a las topadoras, y vamos por más, por las tierras que nos arrebataron”, explicó Miriam Bruno, del Foro de la Agricultura Familiar (Fonaf).

“Declárese la emergencia territorial por el término de cinco años en materia de posesión y propiedad de las tierras rurales que ocupan en calidad de poseedoras las comunidades campesinas y agricultores familiares”, detalla el primer artículo del proyecto de ley, consensuada –además del Fonaf– por el Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI–Vía Campesina), Frente Nacional Campesino (FNC), Movimiento Campesino Liberación (MCL) y la Mesa Provincial de Organizaciones de Productores Familiares de Buenos Aires.

El proyecto de ley solicita la suspensión de desalojos durante cinco años (incluso la suspensión de ejecución de sentencias y actos administrativos que persigan ese fin) e insta, en los tres primeros años, a realizar un relevamiento de posesión y uso de tierras. La autoridad de aplicación será el Ministerio de Agricultura, pero con la “participación indispensable” de las organizaciones campesinas.

La fundamentación del proyecto cuestiona el actual modelo extractivo: denuncia el avance minero, petrolero y los agronegocios. Los sindica como contrarios a la vida campesina y violatorios de los derechos humanos. También innova al proponer la tierra como un bien social, y no como una mercancía en busca de rentabilidad. Propone una mirada integral de la problemática de tierra, que acabe con la inseguridad jurídica que viven las familias ancestrales y que instale una política agraria con los campesinos como actores centrales, con acceso al agua, tierra y créditos.

“Entendemos la tierra como un bien social para el trabajo comunitario y la agricultura familiar, y no como renta. La tierra para reproducir la vida y preservar la diversidad, como sustento de la soberanía alimentaria, con uso sustentable de recursos naturales”, explicó el MNCI. Nota completa

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