Ley Provincial de Educación: “Interrogantes sobre la problemática social y el financiamiento”

Por Bloque Diputados UCR

El bloque de la Unión Cívica Radical acompañó la sanción en general de la nueva ley provincial de educación que se votó a ‘libro cerrado’ en la última sesión legislativa pero observó distintos pasajes de su contenido, señalando que “pensar, analizar y debatir una iniciativa de este tipo implica también pensar en las cuestiones sociales que repercuten en el proceso educativo”.

“Este proyecto plantea objetivos que se podrán concretar pero también cuestiones que más bien parecen declaraciones de principios que no sabemos cómo se implementarán”, señaló la diputada Marta Raso, en tanto que Carlos Lorenzo lamentó el olvido de preceptos constitucionales que establecen la obligación de “una inversión protegida del 25 % de los recursos del Estado Provincial” en la educación y alertó sobre la probable inconstitucionalidad de uno de los artículos vinculados con la financiación del sector.

Aunque admitió la posibilidad de que se haya deslizado un error, Lorenzo dijo que “se nos escapa hoy una posibilidad extraordinaria de reglamentar el artículo 119° de la Constitución Provincial” y, a pesar de reconocer la imposibilidad de introducir cambios por el acuerdo general alcanzado, adelantó una propuesta de “la redacción que debería quedar a los efectos de que no tenga visos de inconstitucionalidad”.

“Dejar el texto como está es, simplemente, ir en contra de lo que dice la Constitución Provincial, que establece que las inversiones en educación están aseguradas porque deberá disponer el Tesoro del 25 % de los recursos totales fiscales que tiene el Estado Provincial”, sostuvo el diputado radical.

Palabra empeñada

Marta Raso, por su parte, aludió a “la palabra empeñada” en la sesión del pasado 9 de septiembre cuando “pedimos el regreso a comisión del dictamen en tratamiento a solicitud de la ATECH para la búsqueda de los consensos que se habían perdido”, ocasión en la que “también solicitamos el debido tratamiento en la comisión de Educación como también el respeto a los diputados de la oposición”.

“La primera parte se cumplió con el logro gremial del consenso pero no obtuvimos el trabajo y el debate profundo que reclamábamos porque, sorpresivamente, desde el Poder Ejecutivo se decidió fecha y hora para el tratamiento de este proyecto”, señaló Raso, quien lamentó la falta de posibilidad que se tuvo para incorporar temas pendientes, ante “la orden de tratarlo tal como venía desde el Ministerio de Educación”.

La diputada formuló una serie de interrogantes sobre la futura instrumentación de aspectos contenidos en la ley y se refirió a la persistencia de situaciones de desigualdad en la provincia, que “impactan –aseguró- en el acceso, permanencia y egreso del sistema educativo”, destacando las vinculadas con la pobreza que “impactan directamente en el desarrollo intelectual y en los logros del aprendizaje”.

“Sin equidad, sin cohesión, la educación no puede lograr buenos resultados. Por eso no alcanza con hablar de inclusión y equidad. Se necesitan políticas sociales para que no sean estos meros enunciados y que todos trabajemos para el fortalecimiento de las instituciones y las prácticas democráticas”, sostuvo.

Discursos autoritarios

Raso apeló a los postulados del pedagogo brasileño Paulo Freire al reivindicar a las escuelas como “espacios públicos de aprendizaje, donde se privilegie la lectura del mundo” e instó a “desterrar las permanentes actitudes y discursos autoritarios generados desde los gobiernos, que se reproducen peligrosamente en las instituciones sociales y en el discurso y el accionar de chicos y jóvenes”.

En cuanto a los aportes impulsados por el radicalismo para su incorporación en la ley, mencionó la inclusión de talleres de lectura y escritura en todas los niveles y modalidades del sistema educativo; el estímulo al manejo de los nuevos lenguajes producidos por las tecnologías de la información y la comunicación y el acompañamiento a educadores noveles en su primera inserción laboral a través de los Institutos Superiores de Formación Docente.

Al anticipar el acompañamiento en general de la ley, la diputada Raso expresó su esperanza en que el instrumento legal “sirva a los niños de hoy y a las futuras generaciones de chubutenses”, advirtiendo que “estaremos muy atentos desde este bloque a la reglamentación de la nueva norma”.

Fortalezas y flaquezas

El diputado Carlos Lorenzo habló de “las fortalezas y las flaquezas” que posee cualquier iniciativa legislativa de importancia como la considerada y señaló que el bloque radical “ha apostado a la fortaleza de esta ley y, es por eso que ha decidido acompañar para dar un voto unánime a la sanción general”.

Al margen de ese acompañamiento, el legislador consideró positivo analizar la significación de la cuestión del financiamiento, indicando que “en los últimos tiempos de este mundo globalizado se indica que la educación tiene una directa relación con la inversión que se realiza”.

Constitución progresista

En su exposición rescató expresiones del actual presidente del Uruguay, José Mujica al respecto y destacó a los convencionales constituyentes de 1957 en Chubut que elaboraron “una constitución progresista” con el artículo referido a las previsiones presupuestarias para la educación. Sostuvo luego la ratificación de ese mismo espíritu en la reforma de 1994 y aludió a las aplicaciones concretas de aquel mandato constitucional.

“El bloque de la Unión Cívica Radical tiene hoy la necesidad de mencionar este tema”, agregó luego, mencionando el artículo referido al financiamiento que se plasmó en la ley sancionada. Advirtió en tal sentido sobre la posibilidad de “una redacción inconstitucional” y marcó las diferencias entre los distintos proyectos puestos a consideración de la Legislatura para garantizar los recursos presupuestarios a la actividad educativa.

“La Constitución Provincial asegura una inversión protegida de 25 % de los recursos del Estado”, recordó, marcando la disparidad que se daría si se respetara el artículo aprobado.

Inconstitucionalidad

Lorenzo dijo que para el bloque radical “se está escapando una posibilidad extraordinaria de haber reglamentado el artículo 119 de la Constitución Provincial” y adelantó la voluntad de “hacer ya una propuesta con la redacción que debería quedar del artículo 10, según nuestro criterio, a los efectos de que no tenga visos de inconstitucionalidad”.

La propuesta de la Unión Cívica Radical procura un nuevo texto que dice: “Adicionalmente a lo establecido en el artículo 119 de la Constitución Provincial, establécese un fondo especial de financiamiento para la educación en calidad de inversión protegida, afectando el 10 % de los ingresos provenientes de la coparticipación federal de impuestos con el fin de dar cumplimiento al artículo 9 de la ley nacional de educación N° 26.026 y a lo normado en la ley de financiamiento educativo N° 26.075. El fondo mencionado será administrado por el Ministerio de Cultura y Educación”.

“Dejar el texto como está en directamente ir en contra de la Constitución Provincial”, enfatizó el diputado Carlos Lorenzo.