Por Darío ArandaUna encuesta de la consultora Aresco evidencia una mayoritaria oposición a la megaminería. Se realizó en seis provincias mineras. Los encuestados también cuestionan las leyes que protegen la actividad. Más de la mitad cree que provoca un daño grave al ambiente.
Siete de cada diez personas rechazan la actividad minera a cielo abierto en las provincias con esa actividad. Es la cifra que se desprende del primer relevamiento sobre la actividad extractiva y que confirma la negativa que genera la minería a gran escala en el país. Realizado por la consultora Aresco, el estudio abarca seis provincias cordilleranas y señala que sólo el 17 por ciento se mostró a favor de la actividad. Con el marco de la aprobación de la ley de protección de glaciares y la movilización sostenida de la Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC) –un centenar de organizaciones en todo el país–, la investigación afirma que existe un convencimiento alto sobre la contaminación que produce la actividad, revela que los encuestados priorizan mayoritariamente el cuidado del ambiente por sobre la posibilidad de empleo y se explicita un amplio rechazo a los beneficios impositivos que tiene la actividad. Argentina planifica la instalación de quince proyectos en el corto plazo y publicita la existencia de 400 proyectos en exploración.
El 23 de marzo de 2003 se produjo un quiebre en el avance de las empresas mineras y también en el accionar de las comunidades para decidir su forma de desarrollo. En la ciudad chubutense de Esquel se realizó un plebiscito donde el 81 por ciento votó por el “no a la mina”, que frenó la instalación de un emprendimiento de oro y plata. Ningún otro gobierno provincial permitió votaciones sobre la actividad minera. Y ninguna empresa aceptó someter su posible instalación a la opinión de la población. Nunca se conocieron datos estadísticos sobre el rechazo, o aceptación, de la actividad minera a gran escala.
“Estudio sobre minería a cielo abierto en provincias mineras”, es el nombre del relevamiento realizado en septiembre último por la consultora Aresco, bajo la dirección del sociólogo Julio Aurelio. Con una muestra de 802 casos abarcó las provincias de Catamarca, La Rioja, San Juan, Neuquén, Chubut y Santa Cruz. El trabajo de Aresco destaca que se cubrió todo el territorio de las provincias y no sólo las áreas directamente vinculadas con la explotación minera.
Consultados sobre el posible “acuerdo con la producción minera a cielo abierto a nivel nacional”, el 76,6 por ciento afirmó estar “poco/nada de acuerdo” y sólo el 17,4 por ciento se mostró a favor. Cuando la consulta se realiza sobre la actividad a nivel provincial, el 31,3 por ciento optó por el “nada de acuerdo” y el 30,1 por ciento “poco de acuerdo”. El rechazo provincial llega así al 61,5 por ciento. El 12,9 por ciento se mostró “muy de acuerdo” y el 14,8 “bastante de acuerdo”.
“Gran parte de la población de las seis provincias, dado el impacto sobre el ambiente, no muestra acuerdo con el desarrollo de la minería a cielo abierto y con los beneficios impositivos que se otorguen a las empresas”, es una de las conclusiones del trabajo. El 33,2 por ciento afirmó estar “nada de acuerdo” con las ventajas impositivas de la minería, y el 33,8 por ciento optó por el “poco de acuerdo”. De esta forma, siete de cada diez personas cuestionaron la actual legislación que impulsa la actividad.
Desde la década del ’90 en el país rige un paquete de leyes sobre la minería a gran escala, entre ellas las leyes 24.196 (de Inversiones Mineras) y 24.228 (Acuerdo Federal Minero). La legislación nacional prohíbe al propio Estado (nacional, provincial y municipal) explotar por sí solo cualquier yacimiento. En contraposición, las grandes empresas internacionales gozan de estabilidad fiscal y cambiaria por treinta años, tiene un tope de sólo tres por ciento a las regalías en las provincias (se calcula en base al valor de boca de mina, bajo una simple declaración jurada de la propia empresa y sin control estatal), cuentan con exención del arancel de importación para equipos y maquinarias, devolución de IVA a la exploración y exención de impuestos a las ganancias. Nota completa
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