Fuente: Página/12Familias rurales cortan la Ruta 34, en Santiago del Estero, desde hace un mes. Exigen una ley que frene los desalojos y piden detener la represión que padecen en el campo. También, que se ponga en marcha el acuerdo firmado con el gobierno provincial.
Por Darío Aranda
Topadoras que avanzan ilegalmente sobre ranchos campesinos, hombres y mujeres presos por defender su territorio, policías que reprimen a familias que se niegan a dejar los campos donde vivieron durante generaciones. Sólo tres de las acciones que se repiten en Santiago del Estero a medida que avanza la frontera agropecuaria. Luego de dos años de reuniones, el Movimiento Campesino provincial (Mocase) firmó un acuerdo con el gobernador, Gerardo Zamora, quien se comprometió a dar soluciones inmediatas. “Desde el gobierno provincial dejaron que todo siga igual. Mucha reunión, ninguna solución”, explicó Guido Corvalán, presidente del Mocase, sobre la Ruta Nacional 34, a sólo quince kilómetros de la capital santiagueña, donde ayer cumplió un mes de corte y aún no tienen respuesta del gobierno.
“Exigimos justicia, el inmediato desalojo de los empresarios usurpadores de nuestro territorio y denunciamos que, a pesar de que se firmó un acuerdo con el gobernador Zamora mediante el cual se garantizarían los derechos de los campesinos, una vez más nos encontramos frente a la ausencia de políticas que resuelvan la principal problemática del sector, la tierra”, denunció la organización campesina, que apuntó también contra lo que considera el otro actor que posibilita los desalojos: “Presentamos ante el Tribunal Superior de Justicia más de 250 casos graves donde se violan sistemáticamente los derechos de las familias rurales. No les importaron nuestras pruebas, los jueces siguieron del lado del que tiene dinero”.
Luego de dos años de reuniones con funcionarios de distintos niveles, el 15 de julio pasado, el gobernador Zamora firmó un acuerdo de doce puntos. Se comprometió a solucionar casos urgentes de conflictos por tierras, solicitar al bloque oficialista que sancione una ley de emergencia territorial que suspenda los desalojos e implementar políticas participativas de regulación dominial. También prometió investigar y sancionar los abusos policiales contra familias campesinas.
Seis días después, el 21 de julio, hombres armados al mando de un empresario ingresaron a tierras campesinas del paraje Agua Amarga (en el norte provincial) y golpearon a familias campesinas. En un hecho insólito, la policía santiagueña dejó libre a los agresores y detuvo a las víctimas. “Una vez más estamos viviendo hechos de injusticia, violencia y usurpación de nuestras tierras. Proliferan bandas armadas con total impunidad”, denunció el Mocase y ante “el cómplice accionar policial” llamó a ejercer el “legítimo derecho a la autodefensa”.
El Movimiento advirtió que detendría el avance empresario (en su mayoría sojeros y ganaderos), los desmontes y, sobre todo, no permitiría que las familias sean expulsadas de las tierras que trabajaron por generaciones.
En septiembre, en el departamento de Copo, empresarios inmobiliarios y policías ingresaron a territorios campesinos, rompieron alambrados, amenazaron y robaron herramientas. En agosto, en el paraje Pozo del Castaño, guardias privados armados amenazaron a familias rurales y dispararon frente a la escuela de la comunidad. La policía local no tomó la denuncia de las familias del Mocase ni encarceló al agresor, que luego se paseó por el pueblo ufanándose del hecho. La intimidación es muy similar a la registrada en el asesinato del cacique diaguita Javier Chocobar, el 12 de octubre de 2009 en Tucumán, que también fue filmada y donde tampoco hay condenados. La diferencia: en Santiago del Estero falló la puntería y se evitó la muerte.
La vuelta al diálogo fue el 14 de octubre, cuando el gobernador Zamora recibió en su despacho a referentes del Foro Nacional de Agricultura Familiar (Fonaf) –espacio estatal reconocido y legitimado por el gobierno nacional– y a dirigentes del Mocase. El gobernador reiteró su compromiso a cumplir los doce puntos del acta-acuerdo firmada en julio, prometió la entrega de títulos, políticas para mejorar la producción, herramientas e, incluso, invitó a discutir el Presupuesto 2011.
Pero el Mocase denunció que el gobierno provincial aún no cumplió ninguno de los doce puntos firmados y alertó que “jueces, policías y empresarios siguen atentando contra la vida campesina”.
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