Por Enrique Gabriel Kaltenmeier *
Las elecciones provinciales de septiembre de 2007 fueron el segundo comicio en que estuve habilitado para participar como elector. En ellos debuté como fiscal de mesa por la UCR. Poco más de un mes más tarde, en mi tercera elección, me tocó la responsabilidad de ser fiscal general de un centro de votación en las presidenciales de octubre de 2007. De modo que en las líneas que siguen, a la luz de mi breve experiencia, trataré de graficar qué es un fiscal, y cómo debe ser encarado un proceso de fiscalización.
Su nombre no denota exactamente su función. No es sólo un acusador, sino que principalmente es un observador, un garante, un custodio de la pureza electoral. La complejidad de su rol reside en aspectos tales como la carga ética de su función; en su necesaria capacidad personal, atención, perspicacia, formación; o en la organización montada por su partido; etc. Desde el plano ético, el fiscal tiene la misión exclusiva e insoslayable de proteger la pureza del comicio. Está allí para asegurar que la voluntad popular sea expresada tal cual es, y no deformada por intereses de diversa índole. Desde éste punto de vista, se transforma también en un custodio de las instituciones democráticas. Claro que para que cumplir ése rol de manera adecuada debe ser consecuente con los principios que le son inherentes: mal puede custodiar la pureza del comicio si él mismo comete fraude.
Paradójicamente, el accionar más habitual de los fiscales es el incorrecto, buscando la obtención de un beneficio para la “corporación” a la que representa. Por este desempeño turbio, el fiscal deja de ser respetado. Las autoridades de mesa son formadas para enfrentar a los fiscales e impedir o desactivar sus reclamos. Se les inculca en su proceso de capacitación que ellas tienen la última palabra y que sus decisiones (aunque sean equivocadas, injustas y arbitrarias) tienen el sostén de la fuerza pública. Obviamente, los fiscales que cumplen su función de manera correcta -lo que en dicho contexto lamentablemente constituye un signo de debilidad- sufren las consecuencias, y viven la injusticia con más fuerza.
El desprestigio de los fiscales es fundado desde ese momento en que no llenan su actividad con el contenido ético correspondiente. Y quizá por eso se trata de reducir a los fiscales a la mera función de reponer boletas. Respecto de esto cabe aclarar dos cosas; primero, que aún así, considerando como función exclusiva del fiscal la reposición de boletas, las autoridades de mesa no colaboran con el fiscal en la realización de la tarea; y en segundo lugar, el Código Electoral Nacional asigna la función de reponer boletas exclusivamente al presidente de la mesa (artículo 98) y no al fiscal, a quien le otorga únicamente la función de observar y reclamar (artículo 57).
La estrecha relación entre partidos y fiscales es ineludible, dado que ellos son los que motorizan la fiscalización, y para ello deben formar a sus militantes. La preparación técnica del fiscal es tan importante como su compromiso ético y sus convicciones doctrinarias, ya que ese conocimiento es lo que le permitirá desarrollar con solvencia su función de control. Debe conocer palmo a palmo la legislación pertinente, debe ser instruido con los mismos parámetros con los que se instruye a las autoridades de mesa, y debe adquirir experiencia previa para ganar confianza en sí mismo y tonificar sentidos y mente, para que al momento de la elección tenga el ingenio y la astucia como para descubrir tempranamente cualquier maniobra fuera de la ley.
Pero es obvio que el fiscal no actúa de forma autónoma, sino que es designado por su partido como un miembro, entre tantos, de un equipo, para un operativo de fiscalización. Hablamos sencillamente de un plan. Si un partido está realmente avocado a garantizar la transparencia de un comicio, y denunciar las irregularidades, debe coordinar con anticipación la labor de todos sus fiscales, para que esta sea eficaz. El operativo de fiscalización no se reduce al armado de sobres con padrones y boletas, y en su distribución en conjunto con las viandas. Es parte de ese plan la presentación espontánea de todos los afiliados para ponerse a disposición de tal operativo; la formación y entrenamiento de los fiscales; el establecimiento de comunicaciones entre las autoridades de mesa y sus fiscales para que coordinen sus acciones; la inspección previa de los centros de votación, para que, atento a sus peculiaridades, la fiscalización se ajuste de manera adecuada; la evaluación de la aptitud de cada fiscal y, en consecuencia, asignarlos en escuelas según su grado de conflictividad; la constitución de una guardia en los cuarteles generales del partido para asistencia de los fiscales que lo requieran; etc.
Obviamente -y aquí encontramos otra descoordinación entre lo que debería hacerse y lo que se hace-, esta es una tarea que demanda un tiempo enorme y no puede encararse en la última semana previa a la elección. El armado de todo el operativo debe ser, además, independiente de la definición coyuntural de las candidaturas y plataforma, y la capacitación de los fiscales debe ser permanente.
Sin dudas, no todas las falencias de un comicio son responsabilidad exclusiva de los partidos políticos y sus fiscales, pero es verdad que a ellos les corresponde una cuota de responsabilidad suficiente como para que deban encarar su tarea con la mayor seriedad y el mayor compromiso ético posibles.
* DNI 32801480
(Nota completa publicada en RARA AVIS blog: http://kaltenmeier.blogspot.com/ “Consideraciones sobre la fiscalización de los comicios”, 12 de enero de 2011)
Las elecciones provinciales de septiembre de 2007 fueron el segundo comicio en que estuve habilitado para participar como elector. En ellos debuté como fiscal de mesa por la UCR. Poco más de un mes más tarde, en mi tercera elección, me tocó la responsabilidad de ser fiscal general de un centro de votación en las presidenciales de octubre de 2007. De modo que en las líneas que siguen, a la luz de mi breve experiencia, trataré de graficar qué es un fiscal, y cómo debe ser encarado un proceso de fiscalización.
Su nombre no denota exactamente su función. No es sólo un acusador, sino que principalmente es un observador, un garante, un custodio de la pureza electoral. La complejidad de su rol reside en aspectos tales como la carga ética de su función; en su necesaria capacidad personal, atención, perspicacia, formación; o en la organización montada por su partido; etc. Desde el plano ético, el fiscal tiene la misión exclusiva e insoslayable de proteger la pureza del comicio. Está allí para asegurar que la voluntad popular sea expresada tal cual es, y no deformada por intereses de diversa índole. Desde éste punto de vista, se transforma también en un custodio de las instituciones democráticas. Claro que para que cumplir ése rol de manera adecuada debe ser consecuente con los principios que le son inherentes: mal puede custodiar la pureza del comicio si él mismo comete fraude.
Paradójicamente, el accionar más habitual de los fiscales es el incorrecto, buscando la obtención de un beneficio para la “corporación” a la que representa. Por este desempeño turbio, el fiscal deja de ser respetado. Las autoridades de mesa son formadas para enfrentar a los fiscales e impedir o desactivar sus reclamos. Se les inculca en su proceso de capacitación que ellas tienen la última palabra y que sus decisiones (aunque sean equivocadas, injustas y arbitrarias) tienen el sostén de la fuerza pública. Obviamente, los fiscales que cumplen su función de manera correcta -lo que en dicho contexto lamentablemente constituye un signo de debilidad- sufren las consecuencias, y viven la injusticia con más fuerza.
El desprestigio de los fiscales es fundado desde ese momento en que no llenan su actividad con el contenido ético correspondiente. Y quizá por eso se trata de reducir a los fiscales a la mera función de reponer boletas. Respecto de esto cabe aclarar dos cosas; primero, que aún así, considerando como función exclusiva del fiscal la reposición de boletas, las autoridades de mesa no colaboran con el fiscal en la realización de la tarea; y en segundo lugar, el Código Electoral Nacional asigna la función de reponer boletas exclusivamente al presidente de la mesa (artículo 98) y no al fiscal, a quien le otorga únicamente la función de observar y reclamar (artículo 57).
La estrecha relación entre partidos y fiscales es ineludible, dado que ellos son los que motorizan la fiscalización, y para ello deben formar a sus militantes. La preparación técnica del fiscal es tan importante como su compromiso ético y sus convicciones doctrinarias, ya que ese conocimiento es lo que le permitirá desarrollar con solvencia su función de control. Debe conocer palmo a palmo la legislación pertinente, debe ser instruido con los mismos parámetros con los que se instruye a las autoridades de mesa, y debe adquirir experiencia previa para ganar confianza en sí mismo y tonificar sentidos y mente, para que al momento de la elección tenga el ingenio y la astucia como para descubrir tempranamente cualquier maniobra fuera de la ley.
Pero es obvio que el fiscal no actúa de forma autónoma, sino que es designado por su partido como un miembro, entre tantos, de un equipo, para un operativo de fiscalización. Hablamos sencillamente de un plan. Si un partido está realmente avocado a garantizar la transparencia de un comicio, y denunciar las irregularidades, debe coordinar con anticipación la labor de todos sus fiscales, para que esta sea eficaz. El operativo de fiscalización no se reduce al armado de sobres con padrones y boletas, y en su distribución en conjunto con las viandas. Es parte de ese plan la presentación espontánea de todos los afiliados para ponerse a disposición de tal operativo; la formación y entrenamiento de los fiscales; el establecimiento de comunicaciones entre las autoridades de mesa y sus fiscales para que coordinen sus acciones; la inspección previa de los centros de votación, para que, atento a sus peculiaridades, la fiscalización se ajuste de manera adecuada; la evaluación de la aptitud de cada fiscal y, en consecuencia, asignarlos en escuelas según su grado de conflictividad; la constitución de una guardia en los cuarteles generales del partido para asistencia de los fiscales que lo requieran; etc.
Obviamente -y aquí encontramos otra descoordinación entre lo que debería hacerse y lo que se hace-, esta es una tarea que demanda un tiempo enorme y no puede encararse en la última semana previa a la elección. El armado de todo el operativo debe ser, además, independiente de la definición coyuntural de las candidaturas y plataforma, y la capacitación de los fiscales debe ser permanente.
Sin dudas, no todas las falencias de un comicio son responsabilidad exclusiva de los partidos políticos y sus fiscales, pero es verdad que a ellos les corresponde una cuota de responsabilidad suficiente como para que deban encarar su tarea con la mayor seriedad y el mayor compromiso ético posibles.
* DNI 32801480
(Nota completa publicada en RARA AVIS blog: http://kaltenmeier.blogspot.com/ “Consideraciones sobre la fiscalización de los comicios”, 12 de enero de 2011)
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