Por Lucio Cuenca Berger *Enviado por Marta Sahores
Hace más de un año, en noviembre de 2009, el Estado cumplió con la obligación de fiscalizar el proyecto Pascua Lama a un mes de iniciada la construcción. En la oportunidad se constataron irregularidades alarmantes sobre todo en relación a la protección de glaciares y al cuidado del agua, los dos temas que han sostenido por más de 10 años la preocupación y resistencia de las comunidades aledañas a la iniciativa.
Si bien resultaba tranquilizador que el gobierno hubiese constatado en terreno que la “minera responsable” actuaba irresponsablemente, se esperaba una sanción en consonancia, es decir inmediata y ejemplarizadora. Los más optimistas hasta sostenían que por estar afectando al glaciar el Estrecho (impacto ambiental no previsto en el proyecto original), se debían parar las faenas y exigir un nuevo estudio de impacto ambiental.
Lejos de una conducta de este calibre, el gobierno esperó 10 meses de la solicitud formal de sanción elevada por la Dirección General de Agua, para en octubre, en el marco de la nueva institucionalidad, informar ante las consultas comunitarias que el proceso de sanción había quedado en el limbo, estaba paralizado, porque no había sido previsto por la estructura actual, así es que nadie podía pronunciarse. A pesar de que el gobierno mandó al parlamento una ley corta (Publicada en Diario Oficial el 13 de Noviembre), que evitara el vacío mientras entrara en vigencia la superintendencia de fiscalización, aún el proceso contra la minera siguió paralizado cuatro meses más por un problema de “interpretación”.
Es decir, durante 14 meses se siguió echando polvo a los glaciares (o sea destruyéndolos), se continuó con la captación ilegal de agua y con la intervención de maquinaria pesada sobre la naciente del lecho de un río. Pero si eso ya es escandalosamente ofensivo, lo que resulta indignante es que a fines de enero la COREMA de Atacama dictara formalmente la sanción de ¡11 millones 300 mil pesos! (U$ 23.000 aprox.). ¿Cuánto puede afectar una sanción así, al presupuesto de una empresa que en el 2005 pactó pagar 60 millones de dólares (cerca de 30.000.000.000 de pesos) a 8 empresarios agrícolas para que desmovilizaran la resistencia a las operaciones de esta multinacional?
La legislación minera no establece mitigación ni indemnización de daño, todo lo contrario, las empresas pueden alegar sentirse dañadas en sus ganancias y recurrir a tribunales económicos internacionales ¿qué le queda entonces a la comunidad en este escenario? ¿Vale realmente la pena dejar todo en manos de la institucionalidad?
La protección de los glaciares, el compromiso electoral de Bachelet y la condición de no tocar los glaciares para aprobar el Estudio de Impacto Ambiental de Pascua Lama, no se está cumpliendo y al contrario de sancionar como es debido, se multa simbólicamente a la empresa y se elude comunicar a la ciudadanía como corresponde, pues en términos formales la autoridad señala que la sanción es por no humectar los caminos y no cubrir la tolva de los camiones ¿qué significa esto? Cubrir de polvo los glaciares produciendo su irreversible destrucción, y de paso, disminuir las aguas del Valle del Huasco, cuyas comunidades han denunciado reiteradamente que pese a haber llovido durante el 2010, la escasez de agua es alarmante.
El polvo de Barrick no solo está afectando a los glaciares, sino que con las irrisorias multas estatales a esta millonaria compañía, también está conformando un oscuro velo con el que las anteriores y actuales autoridades estatales se cubren, para permitir que esta multinacional siga violando la ley, contaminando el medio ambiente y dañando irreversible ecosistemas bases de muchas economías locales de las cuencas de ríos que nacen donde ocurren las operaciones de extracción de oro.
* Director del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales - OLCA
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