Por Coalición Ciudadana por Aysén Reserva de Vida· Según la organización ambiental esta irregular situación fue descubierta hace algunos meses al revisar cartografía entregada por Conaf -pero elaborada por Ingendesa- en el marco de la evaluación de este proyecto hidroeléctrico, antecedentes que serían coherentes con los propios documentos de diversos órganos del Estado.
· El requerimiento ante el organismo contralor señala además que Conaf, Bienes Nacionales y Conama habrían actuado “negligentemente” en la protección de esta área silvestre protegida cuando Endesa realizó trabajos de prospección a fines de 2005 y principios de 2006.
· El parque fue declarada Reserva de la Biósfera por la Unesco en 1979 y es puntal de la presentación ante el mismo organismo para su calificación de Patrimonio Mundial de la Humanidad.
Continúan las repercusiones por el drástico cambio de criterio de la dirección regional de Conaf en la defensa de la integridad de las áreas silvestres protegidas, luego que en el último pronunciamiento por el estudio de impacto ambiental (EIA) de HidroAysén se abriera a la inundación de parte del Parque Nacional Laguna San Rafael. Su nuevo parecer contrastó con los informes anteriores del propio organismo, donde mantenía la tesis de la ilegalidad de esta posibilidad y declaraba su inconformidad con el estudio.
Esta mañana el director de la filial Aysén del Comité pro Defensa de la Fauna y Flora (Codeff), Peter Hartmann, presentó un requerimiento a la Contraloría Regional de Aysén en Coyhaique para que, según señala el documento, “controle y fiscalice el cumplimiento de responsabilidades y atribuciones en la administración, protección, de bienes nacionales, la protección de áreas silvestres protegidas y la aplicación de la legislación forestal, en este caso un parque nacional, además de la correcta aplicación de la Ley 19.300, para luego establecer incumplimientos y las medidas correctivas y sanciones que correspondan”.
En su presentación el dirigente entrega antecedentes de diversas situaciones relacionadas con los primeros trabajos y faenas de Endesa -luego proyecto HidroAysén- que han afectado a esa área protegida, y que a pesar de las diversas denuncias hechas ante organismos como Conaf, la seremi de Bienes Nacionales y la ex Comisión Nacional del Medio Ambiente, el Estado no habría cumplido con su rol de proteger este patrimonio natural nacional, declarado Reserva de la Biósfera por la Unesco en 1979 y puntal de la presentación ante el mismo organismo para su calificación de Patrimonio Mundial de la Humanidad.
Un hecho insólito es que incluso se ha constatado que de concretarse el embalse Baker 2 la parte norte del muro quedaría al interior de esta área protegida. Esto habría quedado en evidencia luego de solicitar a fines de 2010 antecedentes a la seremi de Bienes Nacionales sobre materias relacionadas con dichos terrenos, producto de lo cual el servicio “nos mandó esta cartografía donde se ve que el lugar –donde se realizaron faenas y estaría la presa- es parque nacional” dijo Hartmann.
Posteriormente, el 29 de diciembre de 2010, “por Ley de Transparencia preguntamos a Conaf, y el organismo nos confirma esto, señalando que habían encargado un estudio a Ingendesa por la evaluación de impacto ambiental de HidroAysén y que esta empresa descubrió que la zona era parque nacional y que dentro de este parque estaría el muro de la represa Baker 2” puntualizó.
Historial de faenas en parque nacional
La historia de la forma en que la institucionalidad del Estado se ha desempeñado frente al proyecto HidroAysén y su intervención del Parque Nacional Laguna San Rafael se remonta a varios años.
Fue el 28 de enero de 2006 cuando, por informaciones entregadas por el poblador Atilio Sánchez, Codeff filial Aysén envió al entonces director regional de Conaf, Jorge Burgos, una carta con fotografías informando de trabajos de prospección geológica con maquinaria, campamento, senderos y escaleras, despeje de vegetación, transporte y aterrizaje de helicópteros y depósito de desechos en terrenos fiscales a ambas riveras de El Saltón del río Baker, siendo ilegales los que se realizaban al interior del Parque Nacional Laguna San Rafael (ribera norte de El Saltón). A la luz de la denuncia “descubrimos que había un oficio del seremi de Bienes Nacionales (N˚ 2322 del 9.12.2005 del titular Nelson Alvear) respondiéndole a Endesa -en ese tiempo a cargo del Proyecto Hidroeléctrico Aysén-, que le preguntaba si podían usar ese terreno para hacer prospecciones geológicas, y el seremi de Bienes Nacionales respondió que no podían porque era parque nacional”, sólo autorizando expresamente trabajos en la ribera norte del río que son terrenos fiscales sin protección oficial. En tanto la respuesta de Conaf –mediante oficio N˚ 65 del 3 de febrero de 2006- fue que no se había autorizado ingreso al parque, pero que independientemente de ello el terreno de la ribera norte no era parque nacional sino simplemente terreno fiscal. De ahí la controversia.
El revuelo causado por la denuncia pública generó que Endesa solicitara el 8 de febrero de 2006 nuevamente a Bienes Nacionales ingreso al área norte, obteniendo la aprobación instantánea por parte de la seremi subrogante Ximena Contreras, quien con esta resolución contradijo al seremi titular.
“Cuando vimos que ni Conaf ni Bienes Nacionales estaban cumpliendo en este caso con su responsabilidad de salvaguardar la integridad de esta área silvestre protegida, dirigimos el 1 de marzo de 2006 una carta al director regional de la Conama, José Pablo Sáez, para que exigiera, como establece la Ley de Bases del Mediambiente en su letra d) artículo 11, la presentación de un EIA al estar las faenas en una localización próxima a áreas protegidas susceptibles de ser afectadas, y en este caso incluso dentro de un parque nacional” recordó Hartmann. La respuesta llegó el 17 de marzo, señalando que sólo les correspondía pedir mayor información a la empresa aludida y a los órganos del Estado correspondientes, “escudándose en una serie de subterfugios, diciendo ‘nosotros no tenemos nada que ver, no podemos obligar, no podemos fiscalizar, no podemos hacer nada’” recordó el dirigente. Esto fue complementado con una respuesta del 15 de junio del mismo año –luego de elevar su planteamiento a la dirección ejecutiva- donde argumentaban que estas actividades no requerían evaluación de impacto ambiental al ser sólo “de observación” y no una “ejecución de proyecto o actividad”, lo cual contrasta con las imágenes de las faenas realizadas y –en opinión de Hartmann- llevaría a la sinrazón que bajo este criterio se podría dinamitar el cerro Santa Lucía de Santiago y no tener que presentar estudio al caratular tal acción simplemente como estudios o faenas de prospección.
Recién el 4 de agosto de 2006, tras cuatro meses de espera, el nuevo seremi de Bienes Nacionales (el ex director de Conaf Jorge Burgos) respondió explicando que “se instruyó a la empresa para evitar involucrar terrenos declarados área silvestre protegida”.
Peter Hartmann expresó que en los hechos denunciados existen varias irregularidades que es necesario que el organismo contralor dilucide y eventualmente sancione.
Una de ellas es que no se exigió –originalmente a Endesa, hoy a HidroAysén- plan de manejo forestal ni tampoco propuesta técnica de restauración vegetacional, lo que sí se requirió a tales empresas para los demás sectores intervenidos.
Sólo se hicieron dos fiscalizaciones de Conaf al sector – una de ellas por quien hoy es director regional del organismo, Juan Eduardo Barrientos- y en helicóptero.
Otro punto es que HidroAysén nunca evaluó el impacto de la instalación de parte de la presa del embalse Baker 2 al interior del parque, donde además de su protección legal e incluso internacional, existe registro de poblaciones de huemules, especie en peligro de extinción. Y esto, al no ser considerado en el EIA, tampoco pudo ser observado por la ciudadanía en el proceso de participación ciudadana.
“Todo esto deja entrever que tanto Conaf como la seremi de Bienes Nacionales, por razones que desconocemos, actuaron negligentemente o lisa y llanamente en contra de sus responsabilidades y atribuciones legales, sin efectuar las averiguaciones ni estudios que correspondía y haciendo caso omiso de los antecedentes que ellos tenían sobre la situación de los terrenos afectados, y permitiendo uso ilegal y no autorizado de esta área” puntualizó. Situación similar habría ocurrido con Conama que “se escudó en subterfugios para no exigir la evaluación de impactos ambientales que correspondía ni cumplió con sus atribuciones en fiscalizar lo denunciado”.
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