Por Darío Aranda para Página/12La Justicia de Santa Fe prohibió, con fallo firme, fumigar en cercanías de zonas urbanas. El caso marca un precedente para los jueces del resto del país y cuestiona, en base jurídica, el modelo agropecuario. Anuncian nuevas presentaciones judiciales.
Luego de dos años de disputa judicial, donde en primera y segunda instancia los jueces cuestionaron y limitaron el uso de agroquímicos, la Justicia de Santa Fe acaba de dejar firme la prohibición de fumigar en cercanías del barrio Urquiza de la localidad de San Jorge. Es el primer caso de Argentina donde, con fallo firme, la Justicia prohíbe las fumigaciones para proteger la salud. El expediente judicial, que marca jurisprudencia para centenares de denuncias en todo el país, invoca el principio precautorio (ante la posibilidad de perjuicio irremediable es necesario que los jueces tomen medidas protectivas), cuestiona al glifosato (pilar del cultivo de soja) y apunta a un modelo agropecuario en base a agroquímicos. Anuncian nuevas presentaciones judiciales para cientos de pueblos afectados por fumigaciones.
A los cinco días de nacer, Ailén tuvo su primera intoxicación con agroquímicos. Y comenzó el calvario: médicos, internaciones, estudios, ahogos permanentes, desmayos, cócteles de medicamentos para poder respirar. Siempre, casualmente, sus malestares eran precedidos por fumigaciones en un campo de soja vecino. El sentimiento más básico, proteger a su hija, llevó a Viviana Peralta –una ama de casa de un barrio humilde de Santa Fe– a pisar por primera vez tribunales. Pidió mediante un amparo que se privilegie la salud de los niños por sobre los negocios agropecuarios. Fue el inicio de la causa.
“Me decían que estaba loca, pero desde que frenamos las fumigaciones nuestros hijos dejaron de enfermarse”, resume Viviana Peralta, remarca que son muchos los vecinos que trabajaron juntos para proteger la salud de los niños y aún no sale del asombro por los llamados de otras provincias y de Europa, donde “el caso San Jorge” (como comienza a conocerse) marca un hito en la lucha contra un modelo rentable, en manos de empresas, pero con costos sanitarios y sociales.
En marzo de 2009, Viviana Peralta –junto a otros vecinos del barrio Urquiza– y el Centro de Protección a la Naturaleza (Cepronat) presentaron el amparo. El juez Tristán Martínez, del Juzgado Civil, Comercial y Laboral 11, hizo lugar y ordenó la suspensión inmediata de las fumigaciones en adyacencias de la zona urbana de la ciudad. Los productores sojeros, la Municipalidad y el gobierno provincial, mediante el Ministerio de Producción, apelaron la medida.
En diciembre de 2009, ya en segunda instancia, la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial (Sala 2) de Santa Fe mantuvo la prohibición y dio un paso inédito: ordenó que el gobierno de Santa Fe y la Universidad Nacional del Litoral (UNL) demuestren que los agroquímicos no son perjudiciales para la salud. De esa manera, por primera vez, se invirtió el cargo de la prueba: era una regla que los vecinos y campesinos intoxicados tenían que demostrar las afecciones en la salud, pero ahora serían los impulsores del modelo de agronegocios quienes tendrían que demostrar la inocuidad de los químicos. Nota completa
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