Por Pastoral Social de la Diócesis de Comodoro Rivadavia
“Ningún pibe nace chorro”. Bajo este titulado refrendamos un comunicado regional patagónico emitido en el mes de Mayo del 2010 junto a otros seis equipos de las diócesis.
Hoy volvemos a recuperar algunos conceptos de aquel comunicado, que nos resultan vigentes y oportunos en la actualidad, habiendo escuchado manifestaciones de funcionarios y decisores políticos que, ante la proximidad de las elecciones, piensan que bajando la edad de punibilidad de los jóvenes es como se enfrenta el grave problema de violencia e inseguridad de nuestra ciudad, aún a sabiendas que esa no es la solución.
¿Si esa no es la solución por qué proponemos la baja de edad en los jóvenes?
Se ha vuelto a instalar con fuerza la idea de que uno de los factores determinantes de inseguridad son los delitos y conductas violentas cometidos por jóvenes y adolescentes en particular.
Señalamos con profunda preocupación la vigencia de esta idea que cada tanto emerge espasmódicamente, porque además de falsa es peligrosa ya que acentúa la descarga punitiva sobre los adolescentes, desconociendo que poseen historias atravesadas por la vulneración de derechos, producto de políticas económicas inmorales ,de la desidia del estado-gestión y de la indiferencia de una sociedad que ahora los culpabiliza, dirigiendo la discusión hacia el castigo y no hacia la adecuada preparación para la vida en libertad.
Este último aspecto es fundamental: ya que habla de la promoción y prevención de las conductas que permiten que una persona se desarrolle y crezca saludablemente integrándose a su medio.
Consideramos que este es el papel de las políticas públicas de educación, salud, Cultura, acción social, vivienda, etc…etc…que debieran favorecer el proceso de crecimiento de las personas.
¿No cabría preguntarse entonces qué ha pasado con las acciones destinadas a la familia, la niñez, la adolescencia luego de 13 años de contar con una Ley de Protección de la Niñez, la Adolescencia y la familia?¿Cuál ha sido su impacto para tener el actual estado de situación?
Obtenidas las respuestas ¿Qué decisiones se han tomado a partir de esta evaluación?
Pese al compromiso asumido por nuestro país como estado-parte, de respetar los principios y el paradigma de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, pese a la sanción de la Ley Nacional de Protección 26.061, pese a nuestra ley provincial de Protección Nº 4347 y al reordenamiento institucional provocado por ella, observamos que no se cumple con la letra de la ley, vaciando de contenido la vigencia de esos derechos a favor de la niñez, la adolescencia y la familia. Constatamos la ausencia de políticas Públicas integrales, efectivas y con permanencia en el tiempo que promuevan un mejor crecimiento y desarrollo de nuestros niños y adolescentes. Exigimos la efectiva aplicación de las leyes con la asignación de recursos correspondientes, con instituciones y organismos articuladas entre sí y cuyos integrantes sean profesionales, técnicos y operadores capacitados, supervisados y sostenidos en su tarea, jerarquizados laboralmente ,con la logística y la infraestructura necesaria para su desempeño.
Porque no se trata de sancionar ni modificar leyes sino de cumplir con las que ya existen. Son decisiones políticas impostergables.
No se puede desconocer la responsabilidad que le cabe a una sociedad, que avaló durante años la ejecución de políticas que incidieron en el proceso de desintegración social, marginación, pobreza, destrucción de la escuela pública y de los sistemas de salud, empobrecimiento de políticas integrales, pauperización, y desempleo de los padres de estos adolescentes afectando a las familias quienes debieran ser sostén, valor y cuna de aprendizajes. Esa sociedad, a la que pertenecemos, ahora pide medidas de seguridad a costa de estas consecuencias.
Observamos el papel de los medios que acentúan este discurso social, instalando esta percepción de miedo y amenaza constante, ocultando a su vez la situación de desprotección con sus marcas de marginalidad que sufren millones de niños y adolescentes en nuestro país y en nuestra ciudad, en un contexto de violencia estructural que no es denunciada.
También queremos recordar que el delito es amparado por adultos que utilizan a niños y adolescentes para lograr sus objetivos. Pero más grave es saber que el circuito del delito y del crimen solo puede subsistir si hay complicidad de todo un sistema que los apaña y mira hacia otra parte o bien participa activamente de sus beneficios.
Estamos convencidos de que como adultos e integrantes de una comunidad, debemos asumir la responsabilidad colectiva de construir una sociedad capaz de resolver sus conflictos, ayudando a sus miembros más desprotegidos mediante acciones de fortalecimiento de sus personas, en todo sentido, y no excluyéndolos de un sistema de convivencia y de oportunidades.
Por ello rechazamos todo intento de estigmatizar y rotular a nuestros adolescentes construyendo en el imaginario social una falsa idea de amenaza y peligrosidad cuando en realidad deberíamos fortalecer los mecanismos de inclusión social, de ejercicio de la ciudadanía, de promoción y protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes.
Sabemos, por experiencia concreta, que no hay mejor prevención que la inclusión.
Y esta tiene un valor no sólo simbólico sino concreto.
Implica el mejor servicio y asistencia en educación, en salud, en recreación,deporte y cultura, para tod@s pero sobre todo para aquell@s niñ@s y adolescentes complicados en el ejercicio de su libertad para quienes no debiera existir responsabilidad penal sino la atención correspondiente para lograr su recuperación.
Por ello nos movilizamos junto a otros, rechazando la baja de imputabilidad y exigiendo que se impulsen las políticas a favor de la restitución de los Derechos de la Infancia y Adolescencia, tal es el compromiso del Estado y de la Sociedad Civil y como único modo posible de enfrentar esta realidad de violencia e inseguridad.
Desde el Evangelio Jesús fue muy claro y nos dejó un mensaje rotundo:
“Tengan cuidado de despreciar a alguno de éstos pequeños, pues les digo que sus ángeles en el Cielo contemplan sin cesar la cara de mi Padre…” (Mt.18,10)
Y al decir de Eduardo Galeano:
“El sistema que no da de comer
Tampoco da de amar,
A muchos condena
Al hambre de pan
Y a muchos condena al hambre
De abrazos”
Equipo Diocesano de Pastoral Social de Comodoro Rivadavia
Febrero del 2011
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“Ningún pibe nace chorro”. Bajo este titulado refrendamos un comunicado regional patagónico emitido en el mes de Mayo del 2010 junto a otros seis equipos de las diócesis.
Hoy volvemos a recuperar algunos conceptos de aquel comunicado, que nos resultan vigentes y oportunos en la actualidad, habiendo escuchado manifestaciones de funcionarios y decisores políticos que, ante la proximidad de las elecciones, piensan que bajando la edad de punibilidad de los jóvenes es como se enfrenta el grave problema de violencia e inseguridad de nuestra ciudad, aún a sabiendas que esa no es la solución.
¿Si esa no es la solución por qué proponemos la baja de edad en los jóvenes?
Se ha vuelto a instalar con fuerza la idea de que uno de los factores determinantes de inseguridad son los delitos y conductas violentas cometidos por jóvenes y adolescentes en particular.
Señalamos con profunda preocupación la vigencia de esta idea que cada tanto emerge espasmódicamente, porque además de falsa es peligrosa ya que acentúa la descarga punitiva sobre los adolescentes, desconociendo que poseen historias atravesadas por la vulneración de derechos, producto de políticas económicas inmorales ,de la desidia del estado-gestión y de la indiferencia de una sociedad que ahora los culpabiliza, dirigiendo la discusión hacia el castigo y no hacia la adecuada preparación para la vida en libertad.
Este último aspecto es fundamental: ya que habla de la promoción y prevención de las conductas que permiten que una persona se desarrolle y crezca saludablemente integrándose a su medio.
Consideramos que este es el papel de las políticas públicas de educación, salud, Cultura, acción social, vivienda, etc…etc…que debieran favorecer el proceso de crecimiento de las personas.
¿No cabría preguntarse entonces qué ha pasado con las acciones destinadas a la familia, la niñez, la adolescencia luego de 13 años de contar con una Ley de Protección de la Niñez, la Adolescencia y la familia?¿Cuál ha sido su impacto para tener el actual estado de situación?
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Pese al compromiso asumido por nuestro país como estado-parte, de respetar los principios y el paradigma de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, pese a la sanción de la Ley Nacional de Protección 26.061, pese a nuestra ley provincial de Protección Nº 4347 y al reordenamiento institucional provocado por ella, observamos que no se cumple con la letra de la ley, vaciando de contenido la vigencia de esos derechos a favor de la niñez, la adolescencia y la familia. Constatamos la ausencia de políticas Públicas integrales, efectivas y con permanencia en el tiempo que promuevan un mejor crecimiento y desarrollo de nuestros niños y adolescentes. Exigimos la efectiva aplicación de las leyes con la asignación de recursos correspondientes, con instituciones y organismos articuladas entre sí y cuyos integrantes sean profesionales, técnicos y operadores capacitados, supervisados y sostenidos en su tarea, jerarquizados laboralmente ,con la logística y la infraestructura necesaria para su desempeño.
Porque no se trata de sancionar ni modificar leyes sino de cumplir con las que ya existen. Son decisiones políticas impostergables.
No se puede desconocer la responsabilidad que le cabe a una sociedad, que avaló durante años la ejecución de políticas que incidieron en el proceso de desintegración social, marginación, pobreza, destrucción de la escuela pública y de los sistemas de salud, empobrecimiento de políticas integrales, pauperización, y desempleo de los padres de estos adolescentes afectando a las familias quienes debieran ser sostén, valor y cuna de aprendizajes. Esa sociedad, a la que pertenecemos, ahora pide medidas de seguridad a costa de estas consecuencias.
Observamos el papel de los medios que acentúan este discurso social, instalando esta percepción de miedo y amenaza constante, ocultando a su vez la situación de desprotección con sus marcas de marginalidad que sufren millones de niños y adolescentes en nuestro país y en nuestra ciudad, en un contexto de violencia estructural que no es denunciada.
También queremos recordar que el delito es amparado por adultos que utilizan a niños y adolescentes para lograr sus objetivos. Pero más grave es saber que el circuito del delito y del crimen solo puede subsistir si hay complicidad de todo un sistema que los apaña y mira hacia otra parte o bien participa activamente de sus beneficios.
Estamos convencidos de que como adultos e integrantes de una comunidad, debemos asumir la responsabilidad colectiva de construir una sociedad capaz de resolver sus conflictos, ayudando a sus miembros más desprotegidos mediante acciones de fortalecimiento de sus personas, en todo sentido, y no excluyéndolos de un sistema de convivencia y de oportunidades.
Por ello rechazamos todo intento de estigmatizar y rotular a nuestros adolescentes construyendo en el imaginario social una falsa idea de amenaza y peligrosidad cuando en realidad deberíamos fortalecer los mecanismos de inclusión social, de ejercicio de la ciudadanía, de promoción y protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes.
Sabemos, por experiencia concreta, que no hay mejor prevención que la inclusión.
Y esta tiene un valor no sólo simbólico sino concreto.
Implica el mejor servicio y asistencia en educación, en salud, en recreación,deporte y cultura, para tod@s pero sobre todo para aquell@s niñ@s y adolescentes complicados en el ejercicio de su libertad para quienes no debiera existir responsabilidad penal sino la atención correspondiente para lograr su recuperación.
Por ello nos movilizamos junto a otros, rechazando la baja de imputabilidad y exigiendo que se impulsen las políticas a favor de la restitución de los Derechos de la Infancia y Adolescencia, tal es el compromiso del Estado y de la Sociedad Civil y como único modo posible de enfrentar esta realidad de violencia e inseguridad.
Desde el Evangelio Jesús fue muy claro y nos dejó un mensaje rotundo:
“Tengan cuidado de despreciar a alguno de éstos pequeños, pues les digo que sus ángeles en el Cielo contemplan sin cesar la cara de mi Padre…” (Mt.18,10)
Y al decir de Eduardo Galeano:
“El sistema que no da de comer
Tampoco da de amar,
A muchos condena
Al hambre de pan
Y a muchos condena al hambre
De abrazos”
Equipo Diocesano de Pastoral Social de Comodoro Rivadavia
Febrero del 2011
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