Por Leandro Renou Desde hace dos años el multimillonario resiste el cumplimiento de un fallo judicial que ordena el libre acceso al lago. Por qué muchos replican su amenaza de dejar sin trabajo a todos sus empleados. El rol de los medios.
El imperio privado y por fuera del control estatal que el magnate inglés Joe Lewis creó en la zona de Lago Escondido, se construyó a fines de los años ’90 sobre la base sólida de la connivencia política y el apoyo empresario. Luego de comprar en 1998 las 12 mil hectáreas por sólo U$S 3.500.000, empezó el lobby del dueño de Puma, Vans y Hard Rock Café para blindar del público la zona, ubicada a escasos kilómetros de El Bolsón, provincia de Río Negro. El puntapié inicial del imperio de Lewis se dio a fines de ese año. Diputados trató un proyecto de ley para ampliar el área protegida Río Azul/Lago Escondido para que, justamente, el Estado pudiera tener injerencia sobre las áreas controladas por Lewis. En un principio, todas las fuerzas políticas estuvieron de acuerdo, pero a la hora de votar, las presiones de los operadores del magnate dejaron el proyecto en la nada.
A pesar de este antecedente, hasta el día de hoy –donde estalló un escándalo por la privatización de los caminos de acceso al lago y punteros de Lewis se establecieron en Viedma para obstruir la labor de la Corte Suprema provincial–, no se había identificado con nombre y apellido la red de adhesiones políticas, empresarias y de medios de comunicación a la privatización.
Los personajes más célebres y funcionales aparecieron en plenitud en la última constatación del área que ordenó el titular del Supremo Tribunal de Justicia, Víctor Sodero Nievas: uno de los que el 19 de marzo se interpuso al avance de la justicia en una de las once tranqueras de acceso al lago fue el empresario Juan Carlos Martínez, dueño de la cadena de supermercados El Chaqueño. “Vengo a defender los intereses de mi amigo”, decía Martínez en relación con su vínculo con Lewis. Además, el supermercadista también fue parte del escrache al Poder Judicial de Viedma, marcha en la cual alentaba a las más de 200 personas congregadas frente al edificio a coincidir en que “hoy somos todos ingleses, los trabajadores, los empresarios, todos”. El dueño de El Chaqueño es uno de los cinco empresarios que a diario se reúnen con Nicolás Van Ditmar, administrador de Lago Escondido que días atrás aseveró que defendería la propiedad privada a punta de winchester. En esas reuniones, también tiene influencia Fabián Tornero, propietario del corralón Comarca Andina, que además es proveedor del emprendimiento de Lewis.
“Van Ditmar es el principal operador, vinculado a Lewis a través de su grupo inmobiliario, es el que maneja el negocio y el nexo político”, dijo a Tiempo Argentino el doctor Rubén Marigo, abogado de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, seccional Bariloche. Es que Federico Van Ditmar, padre de Nicolás, fue quien le vendió Lago Escondido a Lewis y ubicó a su primogénito como mano derecha del multimillonario.
Otro de los que les puso el cuerpo a los negocios de Lewis fue el abogado bonaerense Santiago Lynch. Es gerente de All About Kids, el predio donde Lewis recibe a colegios como método para blanquear su imagen ante la sociedad; encargado de “las relaciones con la comunidad” y según fuentes que investigan el caso Lago Escondido, además es hoy asesor jurídico de Hidden Lake. Los que lo conocen destacan la formación conservadora del letrado, que se recibió en la Universidad Católica Argentina. En las tranqueras, Lynch presumía ante la justicia diciendo: “Soy pariente del Che Guevara”. Entre los que adhieren a la causa Lewis se filtró en los últimos días el presidente del Rugby Club Jabalíes, José Calviño, quien afirmó en diferentes medios pro-Lewis que hoy “el lago es mucho más público de lo que parece”. Calviño es uno de los organizadores de los partidos de rugby que se juegan en las canchas que Lewis tiene cerca del lago, y su equipo ha hecho las veces de local en dicho predio.
Para hacer triunfar su empresa, Lewis creó además un bloque de medios adictos. Dos diarios reproducen sus actividades y tergiversan el humor real que hay en Viedma con la causa Lago Escondido: el diario Ruta 40 está dirigido por Nancy Aleuy, quien además es encargada de prensa de Hidden Lake; mientras que el matutino El Cordillerano tiene como corresponsal en la zona a otro vocero de Lewis. El caso de Ruta 40 es bastante particular: “Se fundó en septiembre de 2010 con la idea de cambiar la imagen negativa del emprendimiento Hidden Lake”, contó a Tiempo Eliana Almonacid, referente de la Juventud Radical de Río Negro y ex trabajadora del diario. Aleuy echó a Almonacid y otros cinco compañeros en noviembre del año pasado, por negarse a juntar firmas contra la legisladora del ARI, Magdalena Odarda, para declararla persona no grata por las investigaciones contra Lewis que lleva adelante desde 2005. Además, el medio siempre pagó los sueldos en negro y los trabajadores están en juicio por salarios adeudados. “La directora nos decía que Lewis tenía comprados todos los medios, y el magnate bancaba todo el diario”, dijo Almonacid. Van Ditmar era, en el periódico, el autor intelectual de la línea editorial.
Pero el engranaje más importante es la pata política del respaldo a Lewis. Avalados por la hasta ahora ausente postura del gobernador radical Miguel Saiz, los funcionarios públicos armaron dos frentes para apoyar al magnate. Por un lado, se constituyó virtualmente el grupo de choque encargado de disuadir cualquier protesta contra Lewis. En este grupo ingresan el comisionado de El Manso, Jesús Carro; y el intendente de El Bolsón, Oscar Romera. Romera fue, junto con Van Ditmar y un grupo de civiles pagos, quien estuvo al frente en marzo de 2009 de una represión a una manifestación de la CTA Neuquén a favor de la soberanía argentina en el Lago. Legisladores que investigaron el caso contaron a este diario que, en esa ocasión, y ante la posibilidad de que la protesta llegara a las puertas de la mansión de Lewis, el magnate cerró un acuerdo con la policía: mientras Romera y Van Ditmar frenaban a la CTA y a algunos vecinos, el grupo Bora, la división antimotines de la policía, esperaba en la casa como el último recurso de la represión. Por fortuna, el cuerpo no tuvo que actuar.
De cualquier forma, el fanatismo de Romera tiene una explicación: fuentes cercanas al funcionario contaron que su hija, Nieves Romera, trabaja actualmente en la empresa Lago Escondido y aspira a ser concejal. Junto a Carro, uno de los que hoy está al frente del escrache a la Corte Suprema, Romera es conocido en la zona como cabeza del grupo de “los amigos de Lewis”.
De todos modos, los vínculos políticos son aun más profundos en el segundo eslabón del apoyo gubernamental: el de las habilitaciones y permisos. El titular del Consejo de Ecología y Medio Ambiente de Río Negro, Oscar Echeverría, fue uno de los señalados por Odarda “como uno de los amigos de los poderosos que se están quedando con nuestros recursos naturales”. A pesar de su rol de control estatal, Echeverría vacaciona en la estancia de Lewis, y fue el encargado de decir que el camino público de acceso al lago no estaba en condiciones, cuando en la constatación judicial se probó que lo único que faltan son los puentes, presuntamente derribados por Lewis. Con este ardid, se intentó frenar el ingreso judicial a las propiedades del millonario. De hecho, por estas trabas recién el 19 de marzo, luego de 12 años de lobbies y presiones, la justicia confirmó que Lewis tiene dos mansiones sobre el camino público. Nota completa
Informe: Violeta Mucci para Tiempo Argentino.
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