Por Bloque de Diputados de la UCR Un funcionario del Municipio de Lago Puelo, denunciado en su momento por el bloque de diputados provinciales de la Unión Cívica Radical, fue objeto de una denuncia penal ante el Ministerio Público Fiscal de Esquel por decisión de la Oficina Anticorrupción de Chubut.
Manuel Nelson Cid, integrante del gabinete del intendente Iván Fernández, tuvo una conducta, según confirmó ese organismo, que se encuadraría en alguno de los ilícitos contra la administración pública previstos en el Código Penal, más allá de haberse acreditado “incompatibilidades de carácter funcional” atento lo normado en la ley de ética y transparencia en la función pública y el régimen para los empleados de la administración pública.
De existir alguna participación delictiva del intendente de Lago Puelo, como dicen los denunciantes, “deberá ser la Justicia Penal, a quien se le remitirán las actuaciones, quien deberá expedirse al respecto”, dispuso la Oficina Anticorrupción.
“Sin perjuicio de la denuncia penal, deberá remitirse copias certificadas de las actuaciones a la Dirección de Sumarios de la Provincia de Chubut, a los fines que se instruya el sumario administrativo correspondiente, a los fines de deslindar las responsabilidades disciplinarias y patrimoniales que pudieran caber”, ordenó la resolución.
El acusado principal, siendo funcionario del Municipio de Lago Puelo, prestó servicios a través de su empresa unipersonal, que gira bajo la denominación de “Manuel Nelson Cid – Servicios Especiales” a la propia comuna, trasladando pasajeros a localidades vecinas, tal como surge de distintas facturas fechadas en el año 2008.
El envío de las actuaciones al Ministerio Público Fiscal de Esquel está contenido en una resolución, firmada el pasado 13 de enero de 2011, del fiscal adjunto a cargo de la Oficina Anticorrupción de Chubut, Dr. Manuel Cimavedilla. El bloque de diputados de la UCR, sin embargo, fue notificado por un oficio del mismo funcionario pero fechado el último 5 de abril, casi tres meses después de aquella decisión.
Presentaciones
La denuncia del bloque radical se acumuló el año pasado a una anterior efectuada por la señora Mercedes Huenchupán, atribuyendo a Manuel Nelson Cid, paralelamente a su función pública como Director Municipal de Desarrollo Económico y Turismo, la facturación de servicios de su firma privada Keoken radicada en Lago Puelo, en presunta violación de las leyes I N° 231 (ex 4816) de ética y transparencia en la función pública y I N° 74 (ex 1987) sobre régimen del personal de la administración pública provincial.
La presentación incluyó también otra denuncia que involucró a Valeria Sinigoj, socia del mismo emprendimiento, y a Johana Noemí López por la recepción irregular de subsidios provinciales.
El bloque de la UCR cuestionó entonces la conducta del actual intendente municipal de Lago Puelo, Iván Fernández, por la intervención que le cupo en toda la actividad administrativa, acompañando numerosa documentación en su solicitud de la correspondiente investigación.
Relaciones
La tarea de la Oficina Anticorrupción comprendió el análisis de la relación laboral de Manuel Cid, empleado provincial con funciones en el Municipio de Lago Puelo desde 2004, considerándose en la resolución que pese a esa relación “el nombrado a la vez ha tenido vínculo comercial con el precitado Municipio, a la luz de la facturación emitida por el nombrado, cuestionada tanto por la concejal Huenchupán, como por los diputados del Bloque de Diputados de la UCR”.
“Que se desempeñe o no como funcionario jerárquico, según lo expresa el intendente Fernández o como personal de planta permanente del Estado Provincial, adscripto al Municipio de Lago Puelo, lo cierto es que pesan sobre el Sr. Cid, las prohibiciones de ser proveedor o contratista del organismo donde presta funciones”, señalan los fundamentos firmados por el fiscal adjunto Manuel Cimadevilla.
La aseveración se asienta a las leyes provinciales de Ética y Transparencia de la Función Pública y el Estatuto para el Personal de la Administración Pública, agregando que “ello sin perjuicio de que la conducta del Sr. Cid podría encuadrarse en algún delito contra la administración pública, motivo por el cual las presentes actuaciones, desde ya adelanto, serán remitida al Ministerio Público Fiscal de la ciudad de Esquel, para su evaluación en tal sentido”, añade.
Subsidios
Acerca del otorgamiento de subsidios en el marco de programas provinciales, la investigación consigna que en el caso de Cid se trata de un crédito garantizado a cuya posibilidad no se encuentra inhabilitado inicialmente, al igual que los aportes recibidos por María Valeria Sinigoj y Johana Noemí López.
En el primer caso se expresa que “el hecho de ser agente del Municipio de Lago Puelo, ya sea contratada o de planta permanente, no la inhabilita para llevar adelante un emprendimiento privado”, pudiendo ser motivo de cuestionamiento posterior por parte del Tribunal de Cuentas de la Provincia, ante quien será responsable en caso de no llevar a cabo la inversión.
En el segundo caso, cuya irregularidad, luego subsanada, se basó en que el domicilio real no habría sido denunciado, tampoco se admitió reproche al trámite administrativo, “más allá de la responsabilidad que tendrá la solicitante del subsidio ante el Tribunal de Cuentas de la Provincia, acerca de la acreditación de la inversión y la rendición de los montos recibidos”.
Por las circunstancias expuestas, quedaron desestimadas las denuncias referidas al otorgamiento del crédito, en el marco del Programa de Financiamiento “Emergencia Volcánica”, y de los subsidios autorizados por el Ministerio de Industria, Agricultura y Ganadería de la Provincia y otorgados por el Municipio de Lago Puelo, a las señoras María Sinigoj y Johana Noemí López.
0 Comentá esta nota:
Publicar un comentario