Enviado por Eduardo Hualpa y Ángel CallupilEl Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) cuestionó la decisión del Juez de Faltas de ordenar el desalojo como sanción administrativa de las familias que están reclamando terrenos y viviendas en la ciudad de Trelew.
En una presentación que hicieron al Juzgado de Faltas, firmada por su Director Ejecutivo Gastón Chillier, la prestigiosa entidad dedicada al estudio y defensa de los Derechos Humanos, participó de la discusión aportando sus argumentos en contra de las decisiones conocidas recientemente.
En uno de los párrafos finales de la presentación, que se acompaña en su totalidad, la entidad señala:
"La administración en vez de solicitar el desalojo de las familias, antes debería, en primer término, explicar a las personas el motivo por el cual no pueden permanecer donde habitualmente lo hacen, y ofrecerles —a través de órganos creados y dotados de capacidad y recursos humanos pertinentes para ello—, la adecuada contención y ayuda para que encuentren un lugar alternativo. En todo caso, para el derecho constitucional y el derecho internacional de los derechos humanos, el desalojo de bienes del dominio público y privado en situación como las aquí descriptas, y como última instancia y medida para la protección de derechos humanos está asignada al Poder Judicial. Por ello, la decisión dictada en este expediente carece de valor jurídico y no puede producir efectos, so pena de incurrir el estado en responsabilidad interna e internacional por afectación de derechos constitucionales y derechos reconocidos en el ámbito del derecho internacional de los derechos humanos."
La nota presentada por el CELS está disponible acá
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