Interpelación al ministro Castro: “Nos hubieran gustado respuestas más ajustadas a la realidad”

Por Bloque de Diputados UCR

El bloque de diputados de la Unión Cívica Radical valoró el mecanismo de la interpelación para recuperar el debate parlamentario de los temas que preocupan a la sociedad e instó a cada uno “a cumplir su rol sin pretender ver que somos enemigos con este tipo de iniciativas”, según afirmó el presidente de la bancada, Roberto Risso.

Al hablar en la madrugada de hoy (jueves) al concluir en Rawson la sesión especial con el ministro de Gobierno, Miguel Castro, y la plana mayor de la Policía, Risso mencionó el “nivel de la discusión” pero sostuvo que “se pudo haber hecho de otra manera”, en alusión a la decisión de los bloque mayoritarios de impedir la continuidad del debate y la intervención de la oposición en cuestiones aclaratorias sobre las respuestas del representante del Poder Ejecutivo.

“Nos hubieran gustado respuestas más ajustadas a la realidad. No podemos darnos por satisfechos”, agregó, tras repasar las principales falencias que se desprendieron de la exposición de Castro, iniciada con la exhibición de lo que llamó “un spot publicitario” sobre las acciones oficiales en materia de seguridad.

Mencionó también la falta de equipamiento en las brigadas especiales que encabezan la lucha contra el delito en la provincia; la cuestión salarial fuertemente condicionada por el pago de los llamados ‘adicionales’; la carencia de propuestas de la Dirección General de Políticas Estratégicas en Prevención del Delito; la deficitaria metodología de ingreso de nuevos agentes y la discontinuidad de acciones de capacitación y la falta de interés en salvaguardar la honorabilidad de la Policía del Chubut en las últimas acusaciones por supuestos excesos y abusos, entre los que mencionó el caso del joven Antillanca, fallecido en Trelew a principios de septiembre del año pasado.

Objetivos y resultados

“Ojalá que haya quedado claro. Ese fue, al menos, nuestro intento. Un acto de interpelación no es una confrontación sino la posibilidad de discutir temas con los funcionarios de cada área, en este caso la inseguridad, y de recibir informes de los principales responsables, como una forma de contribuir a generar políticas de Estado”, señaló inicialmente Risso.

“Escuchamos una exposición que en muchos aspectos no tiene absolutamente nada que ver con la realidad”, estimó, considerando un audiovisual proyectado sobre la política provincial de seguridad como “un spot publicitario parecido a la isla de la fantasía, que presentó una policía que no es la que conocemos y palpamos nosotros”.

Risso mencionó concretamente la actividad de las brigadas especiales, cabeceras de la lucha contra el delito, entre ellos la drogadicción, y afirmó que “cuando fuimos a preguntar nos encontramos con que la División de Drogas Peligrosas (en Comodoro Rivadavia) no está en condiciones de investigar, ni de hacer tareas de inteligencia. No tiene los vehículos ni el equipamiento necesario para hacerlo”, añadió.

“Esa es la realidad de nuestra policía, más allá de la visión política de cada uno, la falta de equipamiento. El propio ministro lo reconoció cuando dijo que ahora se comprarán 22 vehículos a la finalización de un mandato”, sostuvo.

Salarios

“El propio ministro ha reconocido también la necesidad de atender la cuestión salarial. Llegó a la conclusión que es necesario determinar la obligación del descanso del personal policial”, prosiguió, con referencia a una parte de la exposición ministerial.

“No alcanzamos a explicárselo porque se ha cortado este proceso de interpelación pero es una realidad: la práctica de adicionales es lo que permite tener un sueldo digno al policía. La práctica de adicionales, que le impone a un esfuerzo sobrehumano, es lo que le permite reunir el dinero necesario para su sustento”, explicó.

“Si en la Provincia del Chubut se limitara la posibilidad de adicionales seguramente habría un conflicto salarial. Esto tiene una consecuencia práctica en la lucha contra el delito y por la seguridad: quienes gozan de la seguridad son los que pueden pagar adicionales y hace que los policías no estén cubriendo el servicio de seguridad en los barrios más populosos de las ciudades”, apuntó el presidente del bloque radical.

Gotas en el océano

Risso cuestionó también la exposición sobre la actividad de la Dirección General de Políticas Estratégicas en Prevención del Delito, a la que calificó como el área “más importante de la estructura jurídica y política que tiene la Provincia en materia de seguridad”.

Lamentó que “se nos venga a explicar como política de seguridad participativa, no la implementación de la COPREMASE ni de la ley 5504, sino de charlas en las asociaciones vecinales, en el marco de un programa”, considerándolas como “gotas en el océano”.

“Y esta es la Dirección que debe nutrir al gobernador para fijar las políticas de seguridad en la Provincia del Chubut”, consignó.

Incorporaciones

Risso continuó con la serie de cuestionamientos y habló luego de “la forma en que se ha incorporado nuevo personal policial”, indicando que “lo reconoció el propio ministro cuando dio las estadísticas de ingresos”.

“Hasta antes de la modificación de la ley que establecía la obligatoriedad de estudios secundarios para ingresar a la policía lo hacían no más de 100 a 150 personas. En los años en que se modificó la ley de golpe ingresaron 400 personas. Lo que no expresó el ministro es la cantidad de personal que se retira al mismo tiempo en que se producen los ingresos. Es la única manera de saber cuánto personal nuevo efectivamente se incorpora a la fuerza policial”, aclaró.

“Iceberg”

Se refirió seguidamente a los episodios conocidos como Antillanca y de la denuncia pública sobre la existencia de ‘sótanos de castigo’ en Comodoro Rivadavia. “Los casos de abusos policiales que existen en la provincia del Chubut quizás sea la punta de un ‘iceberg’, la consecuencia de una política, de la forma en qué se están incorporando los nuevos agentes de policía”, señaló.

“Ser policía requiere una capacitación especial. Y en la Provincia del Chubut, por la necesidad de una política de generar sensación de seguridad por la presencia de personal policial, se echó mano a una filosofía que hace que el personal que se incorpore no esté debidamente capacitado”, prosiguió.

Al respecto ilustró que “ingresan sin estudios secundarios y no hay absolutamente nada obligatorio para la capacitación posterior” y trasmitió quejas del propio personal policial que “ya no tiene posibilidad de acceder a los cursos de capacitación que les permitían a su vez capacitar a los más jóvenes”.

“Otro reclamo es que los cursos de capacitación sean presenciales. Hay una modalidad nueva que impide que el policía conviva y comparta experiencias de las distintas zonas de la provincia. Hoy son digitales, no presenciales”, expresó.

“Y lo que es más grave todavía. Aunque no tuvimos la oportunidad de decírselo al ministro lo hacemos en la Cámara: hay nuevo personal –aseguró- que ingresa con antecedentes y sin rinoscopía, sin posibilidad de saber si está o ha estado vinculado al consumo de estupefacientes y esto debe ser corregido”, afirmó.

Honor policial

Risso prosiguió con el tema de los apremios ilegales y excesos policiales y consideró que durante la interpelación al ministro Miguel Castro “tampoco se hizo el esfuerzo de defender el honor de la Policía”, al vincular la cuestión con recientes denuncias públicas.

“Debemos brindar las condiciones para que la policía pueda defender su prestigio porque no merece, en un marco de sospecha generalizada, que se diga que encubre el delito. Y quien debe arbitrar las medidas para salvar la honorabilidad de la institución policial es la autoridad política. Acá no demostró el más mínimo interés”, puntualizó Risso.

Intereses

En otro orden, expuso que, por otra parte, “quisimos expresar y que el ministro asumiera, más allá de que exista una ley o no, que hay un hecho que es perjudicial a los intereses de la policía, por lo menos en Comodoro Rivadavia: contratar a una empresa privada una máquina que cuesta 20.000 pesos para recaudar 120.000 pesos por mes”, en alusión a la verificación vehicular obligatoria.

“De acuerdo con el contrato firmado, esta empresa privada se lleva el 60 % y el resto queda en la Policía. Aunque haya ley que en forma equivocada permitiera esta cuestión, debe ser corregido o, por lo menos, explicitado”, indicó.

“Esto debería haber sido debatido en lugar de ser ocultado. No se puede aceptar que haya una empresa privada que se esté enriqueciendo a costa de la Policía del Chubut”, consideró Risso.

Escuchá acá la entrevista a Risso en “La Tijereta” (Radio Kalewche-Esquel)

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