Río Negro: prestigiosos juristas apoyan la candidatura del juez Martín Lozada al STJ

Por APDH Bariloche

Así lo ha expresado un grupo de distinguidos profesores de la Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA).

Se trata del Dr. David Baigún -Profesor Emérito y Presidente de la Asociación Internacional de Derecho Penal-; el Dr. Roberto Bergalli -Profesor Emérito y también Profesor de la Universidad de Barcelona, España-; el Dr. Alberto Binder -Profesor de Derecho Procesal Penal-; el Dr. Daniel Rafecas -Profesor de Derecho Penal y Juez Federal-; el Dr. Carlos Rozansky -Profesor de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires y Juez Federal-; y el Dr. Daniel Pastor -Profesor de Derecho Procesal-.

El apoyo que esos prestigiosos profesores han prestado a la candidatura del Juez Martín Lozada se suma al otorgado por el Consejo Deliberante de la localidad de El Bolsón; por cuatro concejales de San Carlos de Bariloche; y por varios legisladores provinciales, provenientes de diversos cuadros y espectros políticos.

La candidatura del Juez Lozada ha sido formalizada semanas atrás por un grupo de casi cien organizaciones gremiales, sindicales, organismos de derechos humanos, grupos religiosos, ambientalistas, de defensa de los derechos de la mujer y de los pueblos originarios.

Se trata de un acontecimiento que no tiene antecedentes en la República Argentina, caracterizado por la presencia de una sociedad civil organizada que pretende tener injerencia en la elaboración de las políticas judiciales, en la designación de sus jueces y en los procesos de destitución de esos magistrados.

Un acontecimiento que no registra precedentes, además, debido a que se trata de un grupo de casi cien entidades no gubernamentales que postulan a un magistrado como miembro del más alto tribunal provincial. Tal cosa, en virtud de "sus sólidos antecedentes como juez, su compromiso con la vigencia efectiva de los derechos fundamentales, así como por la envergadura de su formación académica".

Nota relacionada: El juez Lozada declaró inconstitucional la detención de menores que no hayan delinquido