El juez Lozada declaró inconstitucional la detención de menores que no hayan delinquido

Enviado por APDH Bariloche
Fuente: ANB

Cuestionó el artículo 9 k de la Ley Orgánica de la Policía de la Provincia de Río Negro, que tipifica las conductas de los menores pasibles de su aplicación. Conductas que, según el Magistrado, son "enunciadas a través de calificativos genéricos sin especificación precisa, quedando a criterio del funcionario policial el encuadre de la situación del menor en la misma, sin revisión judicial posterior".

La inconstitucionalidad de dicha norma fue planteada por la Dra. Paula Bisogni en su calidad de Defensora de Menores, y en relación a un joven de Bariloche, que viene siendo objeto de sistemática demora por miembros de la fuerza policial.

Sostuvo el Juez Lozada que dicho artículo "no puede subsistir puesto que se encuentra en pugna con el bloque de constitucionalidad al conferir un amplísimo poder de discrecionalidad a la autoridad policial, el cual ha traído aparejado, en muchas ocasiones, violaciones de los derechos de quienes está destinada a proteger".

Para Lozada, el artículo de la Ley Orgánica Policial "contraviene los objetivos y lo dispuesto por las normas que rigen la situación del menor, sujeto pleno de derechos". Dicha normativa "está constituida por la Declaración de los Derechos del Niño, Convención sobre los Derechos del Niño, las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia de Menores (Reglas de Beijing), Ley Nacional 26061, Ley Provincial D D 4109, entre otras", recordó el magistrado.

De acuerdo a las constancias de la causa, los jóvenes demorados en comisarías de esta ciudad a raíz de la aplicación de la norma puesta ahora en crisis, durante el período comprendido entre julio de 2010 y el día 6 de julio de 2011, alcanzó el número de 123.

Lo cual significa que el 53 por ciento del total de menores de edad detenidos por la autoridad policial en ese período no se encontró vinculado a la producción de hechos delictivos.

Sostuvo el Juez Lozada que "si ello es efectivamente así, y si más del 50 por ciento de los jóvenes detenidos se hallaron por fuera de un control Jurisdiccional preciso, librados a la discrecionalidad del empleado policial de servicio, pues entonces es evidente que se trata de un situación que desconoce los principios que aquí se vienen invocando y que, como tal, debe ser objeto de remedio en esta sede".

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