Audiencia NOA: sentencia del juicio ético popular a las empresas megaextractivas

Fuente: http://juicioalastransnacionales.org/

Durante el desarrollo de este Juicio Ético Popular Regional NOA contra las transnacionales y una gran empresa nacional que opera al modo de las transnacionales, este Tribunal ha oído en Audiencia Pública a las fiscalías populares y los casos testigos constituidos por miembros de organizaciones sociales e integrantes de pueblos originarios, todos ellos víctimas de la presencia y las formas de operar de las corporaciones transnacionales en nuestros territorios. A su vez, ha analizado las denuncias y los testimonios presentados y ha constatado que el modelo productivo provoca la explotación económica de los bienes comunes naturales y de los territorios por parte de las empresas transnacionales en las comunidades en cuyo entorno se desarrollan sus actividades, perjuicios directos como la privación del acceso a los recursos básicos, la destrucción de los territorios y las limitaciones a sus derechos humanos, incluido el derecho intrínseco a la vida.

En esta audiencia, en la que han sido enjuiciadas las empresas transnacionales Minera La Alumbrera YMAD UTE, Minera Agua Rica, Barrik Gold Corporation, Grupo Monsanto, Grupo Repsol y Ledesma SA, este Tribunal ha podido constatar los siguientes impactos provocados por las formas de operar de las empresas transnacionales y la empresa nacional enjuiciada y las proyecciones de esas consecuencias en los casos en que se trata de proyectos de explotación:

-Este modelo neoextractivista genera el saqueo de los bienes comunes, la destrucción de los territorios donde operan las empresas y serios impactos negativos en el medio ambiente, incidiendo en la profundización del cambio climático y generando desertificación, deforestación, escasez y degradación de aguas superficiales y subterráneas, contaminación, extinción de especies, desmontes y pérdida de ecosistemas y biodiversidad. Imponentes volúmenes de energía y agua son los insumos imprescindibles de las actividades minera y petrolera para efectuar dicho saqueo. Alimentan esta destrucción territorial los laxos controles estatales y las malas prácticas de las empresas, entre las cuales podemos mencionar, en la explotación petróleora, la avería de poliductos y oleoductos por falta de mantenimiento y/o violación de normas de seguridad, vertidos de aguas de producción, incorrecta disposición de desechos de producción que han contaminado ríos, espejos de agua, glaciares, etc.

Por las pruebas presentadas por las diferentes fiscalías y los testimonios con que las acompañaron y que integran los antecedentes en autos, este Tribunal, integrado por la Sra. Mirta Acuña de Baravalle, Madres de Plaza de Mayo – Línea Fundadora, Luz María Díaz, de Médicos del Mundo – Argentina – Cono Sur, Prof. Dr. phil. Carlos María Pagano Fernández, de la Universidad Nacional de Salta y de la Universidad Católica de Salta, Eva Gamboa, del Observatorio contra la Discriminación y el Racismo de las Mujeres y de los Pueblos Indígenas y el Dr. Eduardo Rosenzwaig, de la Universidad Nacional de Tucumán, resuelve, en forma unánime, definitiva e inapelable, y habida cuenta de la Solicitud de Condena presentada por la Fiscalía Audiencia NOA,

CONDENAR

a las Empresas Transnacionales aquí enjuiciadas, YMAD- Minera Alumbrera UTE, Minera Agua Rica, Barrick Gold, Monsanto, Repsol-YPF, a la empresa Ledesma S.A., a sus dueños, accionistas y socios y a su plana gerencial; a Carlos Saúl Menem, Domingo Felipe Cavallo, José Luis Gioja, Ángel Maza, Felipe Solá, Fernando De la Rúa, Eduardo Duhalde, Néstor Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner, Jorge Mayoral, y a todos los demás presidentes, diputados y senadores de la Nación, gobernadores y funcionarios de las distintas áreas de gobierno provinciales y municipales directa o indirectamente implicados en la implementación del perverso sistema neocolonial de saqueo destrucción, y contaminación de los territorios de nuestros pueblos aquí enjuiciados, por violación sistemática, de toda ética, de los Derechos Humanos inalienables y de los Derechos de la Naturaleza, por responsables de los delitos de:

GENOCIDIO, ECOCIDIO Y EPISTEMICIDIO, CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD Y DE LESA NATURALEZA.

VIOLACIÓN A LA SOBERANÍA TERRITORIAL DE LOS PUEBLOS, VIOLACIÓN A LA CONSTITUCIÓN NACIONAL, A LA LEGISLACIÓN GENERAL Y DEL ORDEN JURÍDICO-POLÍTICO CONSTITUCIONAL Y LEYES Y TRATADOS INTERNACIONALES;

CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD Y DE LESA NATURALEZA A TODOS LOS FUNCIONARIOS QUE DURANTE LA DICTADURA USURPARON LAS FUNCIONES DE GOBIERNO DEL ESTADO Y A LOS GRUPOS DE PODER CIVILES Y ECONÓMICOS CONCENTRADOS QUE A TRAVÉS DEL TERRORISMO DE ESTADO DE LOS ’70 CONSTRUYERON LAS CONDICIONES HISTÓRICAS DE POSIBILIDAD DEL ACTUAL MODELO NEOCOLONIAL.

Hacer extensiva esta condena a todas las empresas y organismos que participan y promueven este modelo neocolonial de saqueo, destrucción y contaminación de los territorios y bienes comunes.

Declarar al Sistema Judicial de la Nación y de las Provincias Culpable del delito de corrupción moral e institucional y expropiación del derecho de nuestros pueblos del acceso a la Justicia.

Declarar a funcionarios de los gobiernos nacional y provinciales, legisladores, jueces e intendentes, a rectores, decanos y consejeros superiores de las Universidades Nacionales, a autoridades y funcionarios de Salud y de Educación, a Obispos y párrocos, a los dueños de los medios de comunicación y sus jefes de redacción, a organizaciones no gubernamentales, que por su acción y/u omisión colaboraron, promovieron, facilitaron y/o pretendieron justificar y legitimar las acciones de las empresas aquí enjuiciadas, CULPABLES DEL DELITO DE COMPLICIDAD, CORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN NECESARIA, DIRECTA O INDIRECTA EN ACTOS DE GENOCIDIO Y ECOCIDIO, SAQUEO, DESTRUCCIÓN Y CONTAMINACIÓN DE LOS BIENES COMUNES.

Sostenemos que no hay pena y resarcimiento social ni penal posible que sea proporcional o equivalente a la gravedad de estos aberrantes crímenes cometidos. Ello no obstante, planteamos que es imprescindible y urgente que el Estado Nacional arbitre los medios necesarios para detener inmediatamente el perverso sistema productivo genocida y ecocida de saqueo neocolonial, la impunidad y corrupción generalizada instalada que le son inherentes.

En esa dirección, Este Tribunal DECLARA:

El reconocimiento del derecho al territorio como derecho fundamental de los Pueblos: Somos territorio, pertenecemos al territorio y éste es la base de nuestra existencia y del derecho a la Vida. Los derechos de la naturaleza y el derecho al territorio son derechos fundamentales que están por encima de todo derecho positivo.

La nulidad de todas las leyes, tratados, convenios, decretos y demás actos normativos y administrativos que posibilitaron la implementación y vigencia de este modelo.

La Justicia y necesidad urgente de detener la usurpación y emprender la restitución de las tierras y fuentes de agua usurpadas y expropiadas a sus pobladores legítimos, pueblos originarios, comunidades campesinas y pobladores de nuestros campos y localidades.

La inviabilidad e insostenibilidad del actual patrón energético, la minería a gran escala, y del modelo de mega-agricultura industrial ligada a los transgénicos y los agronegocios de exportación. Declara la falsedad manifiesta de la biotecnología como ‘respuesta’ a las necesidades alimentarias de los pueblos. Declara el rechazo al Plan Nuclear Nacional, al Plan Estratégico Alimentario, a Plan Nuclear Nacional y al IIRSA.

La legitimidad y el deber moral y social de las poblaciones que resisten los actos de violación de los derechos territoriales y humanos básicos.

Declara la falacia del discurso del ‘desarrollo’ fundado en un modelo extractivista, como arma ideológica que produce y legitima el avasallamiento de los derechos territoriales de nuestros pueblos. Rechaza el discurso falaz que sostiene se tengan que entregar nuestros bienes comunes al capital concentrado, nacional o extranjero, para lograr adecuadas y dignas condiciones de vida. Declara el derecho fundamental de los pueblos al Buen Vivir: como pueblo tenemos el derecho, la responsabilidad y las capacidades para administrar con responsabilidad, cuidado y dignidad los bienes comunes de nuestros territorios.

Exige el cese inmediato y la expulsión de estas empresas de nuestros territorios. El cese inmediato de la represión y la criminalización de la legítima protesta social, el esclarecimiento y justicia para los crímenes históricamente cometidos y aún impunes.

ESTE TRIBUNAL CONDENA MORALMENTE LA VIGENCIA, CONTINUIDAD Y PROFUNDIZACIÓN DEL COLONIALISMO HISTÓRICO, AHORA BAJO LAS ARMAS Y LOS MODOS DE LA GLOBALIZACIÓN NEOLIBERAL HEGEMÓNICA EN CURSO.

ESTE TRIBUNAL FALLA EN EL DÍA DE LA FECHA, 25 DE SETIEMBRE DEL 2011, EN LA CIUDAD DE SAN MIGUEL DE TUCUMÁN, A FAVOR DE LOS DERECHOS LOS PUEBLOS ORPIMIDOS DE ESTE TERRITORIO. LOS FIRMANTES DEL TRIBUNAL QUEDAN A DISPOSICIÓN PARA FUTUROS REQUERIMIENTOS DE LAS COMUNIDADES QUE ASÍ LO SOLICITEN.

El audio de la sentencia está disponible acá

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