Imagen de la chacra embargada por la JusticiaPor CAI Andino
Después de seis años de persecución judicial, la comunidad mapuche-tehuelche Kospi de Fiske Menuco (General Roca) afronta ahora un embargo judicial y un intento de remate de una parte del territorio ancestral para el cobro de honorarios de un grupo de abogados, entre los que se encuentran tres profesionales del Consejo de Desarrollo de Comunidades Indígenas (Codeci) de Río Negro que debieron defenderlos.
El abogado de la empresa Las Caletas SA inició un juicio para cobrar sus honorarios por un monto superior a los cien mil pesos, lo que derivó en un embargo de la chacra donde vive parte de Kospi, entre ellos cuatro menores de edad. Dino Daniel Maugeri, firme candidato a camarista federal, activó la causa contra Mario Rojas, lonko de Kospi, en una maniobra que constituye un intento de despojo encubierto de la fracción del territorio que lograron defender hasta el momento.
Tres abogados del Codeci son beneficiados económicamente por la acción judicial motorizada por Maugeri contra Kospi.
Florentino Huircapán, como titular del Codeci, y Ana Huentelaf, como werkén del Parlamento de la Coordinadora Mapuche, en 2009 se constituyeron como terceros en el expediente que terminó con el remate compulsivo de 45 has. compradas por Las Caletas y el posterior desalojo de Kospi de una fracción lindera de 18 has. En ese expediente actuaron por el Codeci y la Coordinadora las abogadas Graciela Carriqueo, Nora Aravena y Roberto Arias.
La justicia en febrero de este año estableció la regulación de honorarios para las partes en la causa por la que en diciembre de 2009 se desalojó a Kospi con el auxilio de unos cien (100) efectivos de la Bora, cuerpo policial de elite. Fijó honorarios a favor de Carriqueo por un monto total de 33.000 pesos, de Aravena por 18.000 y de Arias por 6.000.
Días atrás el lonko Mario Rojas supo por una entidad bancaria que la chacra familiar estaba embargada y que integra la lista roja del sistema Veraz. El embargo es una maniobra tendiente a asfixiar económicamente al lof que resiste el despojo iniciado por la inmobiliaria y urbanizadora Las Caletas, con el respaldo activo de distintas reparticiones del estado municipal de Roca y provincial.
Según la justicia de Río Negro, las costas del fallo desfavorable para Kospi las deberá pagar su lonko don Mario Rojas, de 66 años, jubilado de la disuelta Agua y Energía, quien continúa trabajando como electricista cuentapropista para sostener su familia gravemente afectada también en lo económico con el despojo del territorio tradicional ubicado junto a la costa norte del río Negro.
Los peñi y lamngen de Kospi aseguran que el 4 de diciembre de 2009 Ana Huentelaf, abogada mapuche, apartó a don Mario Rojas para informarle a solas durante la realización de un Parlamento de la Coordinadora Mapuche en Viedma “que se buscara otro abogado porque el Codeci no los defendía más”. Quince (15) días después la justicia consumó el desalojó con el uso de cien efectivos contra 5 miembros del pueblo mapuche, entre ellos un niño de cinco (5) años, entre los que no se encontraban ni Carriqueo, ni Aravena ni Arias. Por su ausencia en el momento clave del despojo son reconocidos con dinero en el expediente.
La actuación de la justicia de Río Negro y la de las abogadas mapuche del Codeci redundó en beneficio de Las Caletas SA, firma inmobiliaria que se apropió y destruyó las 45 has de tierras de pastoreo con costa del río Negro de la ocupación tradicional de Kospi. Mientras el juzgado impidió sistemáticamente a Kospi el acceso a copia del expediente durante meses, otorgó tiempo y tranquilidad a la empresa que avanzó en la urbanización, loteo y venta del fruto del despojo.
Como parte del pueblo mapuche nos resulta inaceptable que la justicia haga recaer el paquete de honorarios totales en don Mario Rojas. Entendemos que es ilegal e ilegítima esta “deuda” por honorarios que destruirá el patrimonio comunitario de Kospi en abierta violación a los tratados internacionales y la propia Constitución Nacional.
Carriqueo y Aravena integran el equipo técnico de aplicación de la ley nacional de emergencia para las comunidades mapuche en Río Negro, cuya responsabilidad tiene Víctor Capitán. Antes, durante años, junto con Huentelaf fueron el equipo jurídico estable del Codeci desde donde ejercieron la defensa técnica de algunas comunidades en conflicto por el territorio.
Kospi, como Loncón en paraje Tres Cerros (zona de Comallo) y Cheuquean en Fitaruin Chico (zona de Río Chico), fueron defendidos por las abogadas mapuche del Codeci; los tres ilegal e ilegítimamente desalojados en fechas consecutivas a fines de 2009.
Al CAI no nos sorprende esta metodología burócrata y entregadora de estas profesionales que trabajan para la derrota y el sometimiento del pueblo mapuche, ejerciendo defensas técnicas por demás dudosas –lo que en otro momento analizaremos en profundidad- y lucrando como aves de rapiña con el dolor de los peñi y lamngen. En otra oportunidad, en 2007 denunciamos ante la OIT a Ana Huentelaf, abogada del Codeci y socia y aliada política de Carriqueo y Aravena, por su estafa y engaño contra el lof Paillecheo-Huayquilicán de Bajo El Caín.
No nos sorprende a nosotros ni debe sorprender a nadie, ya que antes que todo somos un pueblo y en todo pueblo siempre hubo, hay y habrá gente que trabaje para el enemigo como lo sufrieron en carne propia nuestros mayores en la larga lucha de nuestro pueblo. La traición no detuvo a nuestros mayores, tampoco nos detendrá a nosotros en nuestro compromiso irrenunciable por la continuidad de la vida libre en el wallmapu.
Nota relacionada: Acusan a jueza y responsabilizan a un ministro por el desalojo de la comunidad Kospi
Después de seis años de persecución judicial, la comunidad mapuche-tehuelche Kospi de Fiske Menuco (General Roca) afronta ahora un embargo judicial y un intento de remate de una parte del territorio ancestral para el cobro de honorarios de un grupo de abogados, entre los que se encuentran tres profesionales del Consejo de Desarrollo de Comunidades Indígenas (Codeci) de Río Negro que debieron defenderlos.
El abogado de la empresa Las Caletas SA inició un juicio para cobrar sus honorarios por un monto superior a los cien mil pesos, lo que derivó en un embargo de la chacra donde vive parte de Kospi, entre ellos cuatro menores de edad. Dino Daniel Maugeri, firme candidato a camarista federal, activó la causa contra Mario Rojas, lonko de Kospi, en una maniobra que constituye un intento de despojo encubierto de la fracción del territorio que lograron defender hasta el momento.
Tres abogados del Codeci son beneficiados económicamente por la acción judicial motorizada por Maugeri contra Kospi.
Florentino Huircapán, como titular del Codeci, y Ana Huentelaf, como werkén del Parlamento de la Coordinadora Mapuche, en 2009 se constituyeron como terceros en el expediente que terminó con el remate compulsivo de 45 has. compradas por Las Caletas y el posterior desalojo de Kospi de una fracción lindera de 18 has. En ese expediente actuaron por el Codeci y la Coordinadora las abogadas Graciela Carriqueo, Nora Aravena y Roberto Arias.
La justicia en febrero de este año estableció la regulación de honorarios para las partes en la causa por la que en diciembre de 2009 se desalojó a Kospi con el auxilio de unos cien (100) efectivos de la Bora, cuerpo policial de elite. Fijó honorarios a favor de Carriqueo por un monto total de 33.000 pesos, de Aravena por 18.000 y de Arias por 6.000.
Días atrás el lonko Mario Rojas supo por una entidad bancaria que la chacra familiar estaba embargada y que integra la lista roja del sistema Veraz. El embargo es una maniobra tendiente a asfixiar económicamente al lof que resiste el despojo iniciado por la inmobiliaria y urbanizadora Las Caletas, con el respaldo activo de distintas reparticiones del estado municipal de Roca y provincial.
Según la justicia de Río Negro, las costas del fallo desfavorable para Kospi las deberá pagar su lonko don Mario Rojas, de 66 años, jubilado de la disuelta Agua y Energía, quien continúa trabajando como electricista cuentapropista para sostener su familia gravemente afectada también en lo económico con el despojo del territorio tradicional ubicado junto a la costa norte del río Negro.
Los peñi y lamngen de Kospi aseguran que el 4 de diciembre de 2009 Ana Huentelaf, abogada mapuche, apartó a don Mario Rojas para informarle a solas durante la realización de un Parlamento de la Coordinadora Mapuche en Viedma “que se buscara otro abogado porque el Codeci no los defendía más”. Quince (15) días después la justicia consumó el desalojó con el uso de cien efectivos contra 5 miembros del pueblo mapuche, entre ellos un niño de cinco (5) años, entre los que no se encontraban ni Carriqueo, ni Aravena ni Arias. Por su ausencia en el momento clave del despojo son reconocidos con dinero en el expediente.
La actuación de la justicia de Río Negro y la de las abogadas mapuche del Codeci redundó en beneficio de Las Caletas SA, firma inmobiliaria que se apropió y destruyó las 45 has de tierras de pastoreo con costa del río Negro de la ocupación tradicional de Kospi. Mientras el juzgado impidió sistemáticamente a Kospi el acceso a copia del expediente durante meses, otorgó tiempo y tranquilidad a la empresa que avanzó en la urbanización, loteo y venta del fruto del despojo.
Como parte del pueblo mapuche nos resulta inaceptable que la justicia haga recaer el paquete de honorarios totales en don Mario Rojas. Entendemos que es ilegal e ilegítima esta “deuda” por honorarios que destruirá el patrimonio comunitario de Kospi en abierta violación a los tratados internacionales y la propia Constitución Nacional.
Carriqueo y Aravena integran el equipo técnico de aplicación de la ley nacional de emergencia para las comunidades mapuche en Río Negro, cuya responsabilidad tiene Víctor Capitán. Antes, durante años, junto con Huentelaf fueron el equipo jurídico estable del Codeci desde donde ejercieron la defensa técnica de algunas comunidades en conflicto por el territorio.
Kospi, como Loncón en paraje Tres Cerros (zona de Comallo) y Cheuquean en Fitaruin Chico (zona de Río Chico), fueron defendidos por las abogadas mapuche del Codeci; los tres ilegal e ilegítimamente desalojados en fechas consecutivas a fines de 2009.
Al CAI no nos sorprende esta metodología burócrata y entregadora de estas profesionales que trabajan para la derrota y el sometimiento del pueblo mapuche, ejerciendo defensas técnicas por demás dudosas –lo que en otro momento analizaremos en profundidad- y lucrando como aves de rapiña con el dolor de los peñi y lamngen. En otra oportunidad, en 2007 denunciamos ante la OIT a Ana Huentelaf, abogada del Codeci y socia y aliada política de Carriqueo y Aravena, por su estafa y engaño contra el lof Paillecheo-Huayquilicán de Bajo El Caín.
No nos sorprende a nosotros ni debe sorprender a nadie, ya que antes que todo somos un pueblo y en todo pueblo siempre hubo, hay y habrá gente que trabaje para el enemigo como lo sufrieron en carne propia nuestros mayores en la larga lucha de nuestro pueblo. La traición no detuvo a nuestros mayores, tampoco nos detendrá a nosotros en nuestro compromiso irrenunciable por la continuidad de la vida libre en el wallmapu.
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