Por Grupo Los Altares *A un mes del inicio del tratamiento de la problemática del aborto en el Congreso Nacional, el reciente caso de N.M.S., la joven madre que tras la realización de un aborto clandestino en Puerto Madryn pelea por su vida, vuelve a poner en debate la responsabilidad del Estado y sus deudas en relación a la protección de la vida de las mujeres.
Se estima que en Argentina se realizan 500 mil abortos cada año (CEDES – CENEP, 2006; Pantelides y Mario, 2009), fuera de la ley y en condiciones de alto riesgo para la vida de las mujeres. La clandestinidad implica que 60 mil mujeres egresan anualmente de los hospitales públicos por complicaciones de abortos inseguros (OSSyR, 2011), y entre éstas no se incluyen las que van a clínicas privadas o a consultorios de médicos particulares para solucionar los problemas derivados de abortos mal practicados. Muchas mujeres quedan con secuelas gravísimas para su salud, llegando eventualmente a perder su capacidad reproductiva. Otras directamente mueren: el aborto es la principal causa de muerte materna en Argentina hace más de 30 años. En la actualidad, 1 de cada 4 mujeres (el 27%) que muere durante el embarazo o los 42 días posteriores al parto debido a cualquier causa relacionada con o agravada por el embarazo o su atención, tiene como origen un aborto que tuvo que realizarse en la clandestinidad (Romero et al, 2010).
Leyes como la vigente en nuestro país que amenazan con la cárcel a la mujer que aborta no han sido efectivas para disuadirla de interrumpir un embarazo cuando ésta es su voluntad. La única función de dicha ley es empujarla al “mercado negro” donde, ante la ausencia de regulación y provisión de servicios sanitarios públicos, las leyes del mercado dictarán que prime el poder adquisitivo: las mujeres de clases medias y altas pagarán a un/a profesional o comprarán el misoprostol y las de clases bajas recurrirán a una vecina o al saber popular, con mayores posibilidades de morir.
Mil mujeres abortaron ayer y otras mil lo harán mañana. Somos nosotras, nuestras compañeras de trabajo, nuestras hermanas, nuestras amigas, nuestras parejas, las maestras de nuestros hijos e hijas, las médicas que nos atienden cuando nos sentimos mal de salud, las señoras que limpian en casa.
Las razones que llevan a esa determinación y las condiciones en que aquellos abortos se realizan varían de caso a caso. Ninguna mujer interrumpe un embarazo livianamente, sin sopesar sus necesidades, deseos y valores, los de los suyos, y los de los demás. Posiblemente N.M.S, cuya vida peligra en el hospital de Puerto Madryn, haya evaluado qué era lo mejor para ella, para su familia, para los tres hijos que ya tiene, y en función de ello y sus deseos (tal vez encontrados) es que haya decidido interrumpir un nuevo embarazo.
Hace pocos meses, el investigador Mario Pecheny decía en un diario nacional: “Los riesgos, consecuencias y sufrimientos asociados al aborto clandestino son evitables. Hoy son provocados por el Estado, mediante sus amenazas de cárcel y su persistencia en hacer inaccesible la interrupción voluntaria de un embarazo en el sistema de salud. Una de las definiciones de la tortura es la de infligir sufrimientos y daños a otro ser humano. Es lo que hace nuestro Estado a aproximadamente medio millón de mujeres cada año” (Página/12, 13 de junio de 2011)
Nuestro país ha dado grandes pasos en los últimos ocho años: avanzó en democratizar la producción y circulación de información a través Ley de Medios de Comunicación Audiovisual; creó condiciones equitativas para el acceso a derechos como la Ley de Matrimonio Igualitario; recuperó el rol del Estado junto a las y los jubilados, y las mujeres embarazadas y niños y niñas mediante la Asignación Universal. También hemos avanzado en equidad de género con la Jubilación para amas de casa y el reconocimiento de los mismos derechos a las trabajadoras domésticas. Todos estos puntos, inscriptos en ese límite borroso entre lo público y lo privado, han priorizado la seguridad y la igualdad de las personas por sobre otras dimensiones posibles, como el mercado. A un mes del inicio del tratamiento de la problemática del aborto en el Congreso Nacional, nuestra provincia ya cuenta con antecedentes valiosos: primero a través del fallo del Tribunal Superior de Justicia y luego con las medidas de la Legislatura provincial, sentó una postura ejemplar al regular la interrupción voluntaria del embarazo para los casos contemplados como no punibles desde 1921 y sistemáticamente negados.
Debe hablarse sobre estos derechos: corresponde al Estado, sus representantes y al conjunto de la sociedad, justificar por qué una mujer que se haga o consienta la interrupción voluntaria de un embarazo debe ir presa y poner en riesgo su vida. Vivimos tiempos de profundización democrática, y queda mucho camino por recorrer en materia de derechos sociales, políticos, económicos, culturales y también sexuales. Estas palabras intentar ser uno de esos pasos.
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Referencias
CEDES-CENEP. Informe final: Estudio colaborativo multicéntrico “Morbilidad materna severa en la Argentina: prevención y calidad de la atención para reducir la incidencia y las consecuencias adversas del aborto”. Comisión Nacional Salud Investiga, Ministerio de Salud de la Nación, 2006.
OSSyR. Observatorio de Salud Sexual y Reproductiva de Argentina. Disponible en: http://www.ossyr.org.ar/sala/sala.html
Pantelides EA y Mario. Estimación de la magnitud del aborto inducido en la Argentina; Notas de población N ° 87, CEPAL, 2009.
Romero, M.; Chapman, E.; Ramos, S. y Ábalos, E.: La situación de la mortalidad materna en Argentina, Hoja Informativa Nº 1, Buenos Aires, OSSyR, Observatorio de Salud Sexual y Reproductiva, abril de 2010.
Lesbianas y Feministas por la Descriminalización del aborto: http://informacionaborto.blogspot.com
Arendt H. 1997 [1960]. “De l’humanité dand de ‘sombres temps’. Réflexions sur Lessing”, Vies politiques, Paris, Gallimard. Traducción de Mario Pecheny.
* Somos chubutenses. Migramos para estudiar y para trabajar. Vivimos en Buenos Aires. Creemos que como generación estamos llamados a trabajar con las herramientas de la política y la democracia para construir una Argentina más justa siguiendo el camino iniciado en 2003. Creemos que profundizar el modelo vigente es orientar esas herramientas para generar más inclusión, más trabajo, más pluralidad y más derechos para más personas. Pero más derechos significan para nosotrxs la responsabilidad de traducir nuestra militancia en acciones referidas a la articulación con nuestra provincia de origen que es Chubut. Creemos en la potencia de vincular la academia, la política, las agencias estatales, los partidos, los sindicatos, las organizaciones que la sociedad se da para crecer. Democratizar es la tarea de esta generación, en nuestra Argentina Federal, en el sur de la Patria Grande.
Contacto: grupolosaltares@gmail.com
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