Juicio penal al glifosato: para el fiscal Gómez, “Ituzaingó marcará un antes y un después"

Enviado por Gustavo Gómez

Entrevista con Gustavo Gómez, fiscal Federal de Tucumán: El especialista en Derecho Ambiental destacó los avances en el juicio por las masivas fumigaciones con agrotóxicos en barrio Ituzaingó Anexo.

Por Juan Pablo Martínez

Dos productores agropecuarios y un piloto de avioneta serán llevados al banquillo por haber fumigado de manera clandestina campos de soja muy cerca de viviendas en barrio Ituzaingó Anexo. Para Gustavo Gómez, fiscal federal general de Tucumán y especialista en derecho ambiental, este juicio que se llevará adelante en febrero, el primero en el país contra productores, será emblemático porque “marcará un antes y un después en materia de contaminación con agrotóxicos”.

Para Gómez, es fundamental que en las causas ambientales haya una condena penal. Asegura que esto ayuda mucho en prevención y que por lo general las acciones con recurso de amparo para frenar ilícitos nunca llegan a buen puerto: “Muchas veces se utiliza la figura del amparo para avanzar en estos casos, pero yo no soy muy partidario de esto porque nuestro país adolece de un serio problema en la administración de Justicia, y muchas veces, nuestros poderes políticos y económicos ni siquiera cumplen con lo que pide la Corte Suprema de Justicia”.

El caso Matanza-Riachuelo (en Buenos Aires) es una muestra del fracaso de un recurso de amparo admitido por la Corte, que fija un cronograma de cómo sanear la cuenca y todavía, a dos años del dictamen, no se ha cumplido con casi nada, ilustra el especialista.

“En cambio, la acción penal es la amenaza de poner presos a los infractores. En Tucumán, tenemos condenados a intendentes por ser cómplices de contaminación ambiental, a empresarios del ámbito de la salud por tirar residuos patógenos a basurales, y eso genera prevención. Vaya a ver si en Tucumán se tira una jeringa en un basural, cualquiera sabe que puede ir preso por eso, entonces la represión termina funcionando como prevención”, analiza el fiscal.

La causa que se juzgará en febrero tiene sus inicios en 2008, cuando el subsecretario de Salud de la Municipalidad de Córdoba, Merardo Ávila Vázquez, denunció que en barrio Ituzaingó Anexo se estaba fumigando muy cerca de las viviendas de los vecinos, pese a que regía una prohibición para realizar esa actividad a menos de 500 metros de la barriada. La investigación estuvo a cargo del fiscal Carlos Matheu, quien detectó presencia de agrotóxicos a 200 metros de las casas.

“Este juicio será importantísimo, porque acá no están en juego únicamente estas personas. Esto puede llegar a crear jurisprudencia que va a afectar a Monsanto, a las grandes empresas que utilizan agrotóxicos para obtener más dinero”, sostuvo el funcionario. “Creo que el éxito de esta causa está en el fiscal Matheu, que peleó muy firme para que se pueda llegar a esta instancia, apoyado por la gente. Y esto también es importante, porque ninguna causa penal prospera si no hay apoyo social”, dice Gómez.

En Córdoba, los productores están acusados de “contaminación dolosa”. Por ese delito les puede corresponder una pena de 3 a 10 años de prisión, por violaciones a la ley nacional de residuos peligrosos 24.051 y la ley provincial de agrotóxicos 9.164. Por la contaminación en Ituzaingó, se registraron casos de cáncer en 200 personas.

Gómez le sugiere a los vecinos que ante situaciones de estas características no se queden de brazos cruzados, porque hay instancias judiciales para frenar o prevenir casos de contaminación. “Es muy importante no quedarse en la denuncia. Nuestra Justicia en ese sentido fracasa, habitualmente en el ámbito provincial. Por ejemplo, en el norte, está muy al servicio del poder, entonces hay que presentarse como querellantes. Hay que activar el resorte de que cada vecino se transforme en un fiscal de la causa. Esta cuestión, de ser activos en causas penales es nueva, y se ha elevado la posibilidad en los últimos dos años”, sostuvo el fiscal federal. Nota completa

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