Opinión: “Es nefasto el funcionamiento del IPV”

Por Fernando Urbano *

Nadie puede desconocer el dramático déficit habitacional existente en nuestra provincia, esta situación se ha se ha puesto de manifiesto, en múltiples oportunidades por las acciones desesperadas de muchas familias pobres, que al no tener respuesta de los funcionarios, han optado por ocupar tierras fiscales y de particulares para ir construyendo sus propias viviendas, con los pocos elementos que tienen a mano: cartones, chapas, etc.

También se puede observar como la falta de políticas públicas transparentes de asignación de tierras por parte de los Municipios y de viviendas por el Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano (IPV ), dan lugar a conflictos de muy difícil solución, donde terminan enfrentados vecinos entre sí, y donde en lugar de primar el diálogo y las soluciones constructivas, se imponen los agravios, las descalificaciones e incluso preocupantes niveles de violencia, como las registradas en el Barrio Pujol II de Puerto Madryn, el desalojo violento del Asentamiento Dignidad en cercanías del Barrio los Aromos de Trelew, entre otras.

Desde mi función como diputado provincial he prestado especial atención a esta problemática, concurriendo a los lugares donde se producían los asentamientos informales e intercediendo ante situaciones de desalojos violentos . Me he interesado en averiguar la forma que se determinaban las adjudicaciones de viviendas, para ello he presentado múltiples pedidos de información y ante la negativa de la Administración , he recurrido a la Justicia mediante Acciones de Amparo, aún así son muchos los interrogantes que no han sido respondidos lo que denota la falta de transparencia en el manejo de dicho Institución.

De todos modos con los datos parciales aportados he podido llegar a la conclusión que las viviendas entregadas no respondían a criterios justos ni equitativos y que muchos recursos del IPV se han dilapidado en obras que no eran para la construcción de viviendas.

DESTINO DE LOS FONDOS: A pesar del déficit habitacional existente, en forma incomprensible, se han desviado cifras millonarias del IPV para realizar obras en clubes, entes privados, sindicatos, asociaciones civiles, etc. En la nómina de obras realizadas se encuentran: ampliación y remodelación de clubes deportivos, construcción de sedes sindicales y de asociaciones civiles, o hasta refacción de Iglesias.

Por ejemplo el Presidente del IPV, autorizó el pedido del Dr. Aidar Bestene, para la remodelación del Autódromo Mar y Valle de la Ciudad de Trelew, aportando subsidios por un valor cercano a los tres millones ochocientos mil pesos (3.800.000$).

También se puede hacer mención el subsidio otorgado para la ampliación de tribunas del Club Racing de Trelew por un valor de 1.232.000$; ampliación de la Capilla Don Bosco, Rawson: 440.000$ y para la construcción de una guardería náutica del Club Camwy en Gaiman: 620.000$. Como estos casos en el último tiempo hubo más de 250 obras que no fueron para la construcción de viviendas.

FALTA DE TRANSPARENCIA: Más arriba expresaba que he realizado múltiples pedidos de informes y que ante la negativa en responder he acudido a la Justicia sin embargo aún así continúo sin identificar la totalidad de las casi 12.000 ó 14.000 viviendas que el Gobierno dice haber entregado desde el inicio de la gestión del Gobernador Das Neves, ya que el listado otorgado (por orden Judicial, vía Acción de Amparo) por el mencionado organismo tiene solamente 7.000 viviendas, entonces, ¿las otras 5.000 ó 7.000 a quienes les fueron entregadas?.

Asimismo ante mi requerimiento El IPV se ha negado a informarme sobre cuál es el mecanismo utilizado para la adjudicación de viviendas y los criterios específicos de evaluación.

Tampoco se me ha informado, de acuerdo a lo solicitado, los casos en que el IPV haya revocado la adjudicación de la vivienda por incumplimientos o irregularidades como alquiler, venta, falsedad en los datos aportados, incumplimiento injustificable del pago de cuotas, etc.

Se afirma que para la asignación de las viviendas se tiene en cuenta la existencia de situaciones de prioridad, ejemplificando el caso de familias con discapacitados o veteranos de guerra, pero sin suficiente precisión. Es decir que no debería haber en la Provincia ningún discapacitado, ni veterano de guerra que se le haya negado la asignación de una vivienda. La realidad nos indica que esto no es así.

No se ha cumplido en toda la gestión de este gobierno, con la obligación de publicar el listado de aspirantes preadjudicatarios de acuerdo a lo impuesto en la Resolución 1044/91 del IPV y DU, aduciendo que lo hacen por “respeto a la intimidad de los grupos familiares adjudicatarios”. Por eso en todas las oportunidades en que se resolvió la adjudicación de viviendas lo hicieron en forma secreta, sólo haciéndolo conocer a las familias beneficiarias, violando el derecho de las demás inscriptas de conocer y, de considerarlo, poder cuestionar la decisión administrativa.

Nunca se realizó sorteo público alguno en cumplimiento de normas vigentes, porque “sólo se realizaría en los casos de igualdad de condiciones”, pero ¿Cómo van a conocer las familias no elegidas si existe igualdad de condiciones o no, si no se publican los listados de aspirantes ni el registro ni los puntajes asignados y mucho menos los criterios utilizados?.

Según lo informado por el IPV ninguna familia chubutense ha cuestionado en toda esta gestión la forma en que se ha decidido las adjudicaciones de viviendas. Hay dos posibilidades: ninguna familia está disconforme en Chubut con la forma en que se asignan las viviendas por parte del Gobierno, o los interesados en realizar las quejas no están informados de las decisiones administrativas. Creemos que es esto último.

PROYECTO DE LEY: No tengo dudas que una de las medidas concretas que servirían para hacer más eficiente y transparente al IPV es a través de una normativa, que se ajuste a lo dispuesto en nuestra Constitución Provincial, dando prioridad a las familias más desfavorecidas y dictando los procedimientos y criterios para la asignación de los recursos que disponga, en forma transparente de manera que todas las familias puedan conocer quiénes son los beneficiarios de cada nuevo barrio que se inaugura, y en caso de entender que no ha sido considerada su situación, plantear la correspondiente queja. Para ello estamos elaborando un proyecto de ley que contemple principalmente estos aspectos

* Diputado provincial

Nota relacionada: Opinión: “¿Con qué criterio y a quiénes entrega las viviendas el IPV?”, por Fernando Urbano