Enviado por Ricardo Módica
Por Silvia Horne
Con satisfacción damos a conocer la sentencia del STJ sobre el amparo planteado contra la implementación de los convenios suscriptos por el Gobernador Miguel Saiz con las empresas Heilongjiang Beidahuang State Farms Business Trade Gropu CQ. LTD y con la Strong Energy SA, que ya no se podrán implementar, al menos del modo propuesto, y sobre todo por su significación en términos socioeconómicos, culturales, de resguardo de los recursos no renovables, y de soberanía y dignidad.
Desde hace un año, cuando se conoció el proyecto del gobierno provincial de enajenación de nuestro patrimonio y nuestra cultura, hemos desarrollado todas las acciones que permitieran poner claridad sobre sus implicancias, y para detener sus consecuencias.
Nos referimos nada menos que a la entrega de 320 mil ha, a una sola empresa, del estado chino, en la zona de los Valles Medio e Inferior, con acceso a agua dulce para su sistematización y posterior remisión de la producción a sus casas centrales en China, mas la adjudicación del puerto de SA por 50 años con la renovación automática por 50 años más, la entrega de tierras en la zona portuaria, entrega de 200 ha en el IDEVI, pretensión de darles una amplia y totalizadora exención impositiva, compromiso de gestionar también exenciones de encajes bancarios en el orden nacional, la provisión de toda la información obtenida por los organismos provinciales a la empresa china, y la puesta a su disposición de todos los recursos técnicos, entre otras concesiones inadmisibles.
Nota relacionada: “La soja desembarca en la Patagonia”
Con satisfacción damos a conocer la sentencia del STJ sobre el amparo planteado contra la implementación de los convenios suscriptos por el Gobernador Miguel Saiz con las empresas Heilongjiang Beidahuang State Farms Business Trade Gropu CQ. LTD y con la Strong Energy SA, que ya no se podrán implementar, al menos del modo propuesto, y sobre todo por su significación en términos socioeconómicos, culturales, de resguardo de los recursos no renovables, y de soberanía y dignidad.
Desde hace un año, cuando se conoció el proyecto del gobierno provincial de enajenación de nuestro patrimonio y nuestra cultura, hemos desarrollado todas las acciones que permitieran poner claridad sobre sus implicancias, y para detener sus consecuencias.
Nos referimos nada menos que a la entrega de 320 mil ha, a una sola empresa, del estado chino, en la zona de los Valles Medio e Inferior, con acceso a agua dulce para su sistematización y posterior remisión de la producción a sus casas centrales en China, mas la adjudicación del puerto de SA por 50 años con la renovación automática por 50 años más, la entrega de tierras en la zona portuaria, entrega de 200 ha en el IDEVI, pretensión de darles una amplia y totalizadora exención impositiva, compromiso de gestionar también exenciones de encajes bancarios en el orden nacional, la provisión de toda la información obtenida por los organismos provinciales a la empresa china, y la puesta a su disposición de todos los recursos técnicos, entre otras concesiones inadmisibles.
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