Fuente: Diario PerfilLa Cámara de Diputados aprobó y giró al Senado los proyectos de ley reclamados por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) referidos a incorporar al Código Penal como delitos aquellas acciones que afecten el orden económico y financiero, y el que penaliza "las actividades delictivas con finalidad terrorista".
El texto referido a la temática bursátil crea cinco nuevos delitos: el uso indebido de información privilegiada de empresas que cotizan en bolsa; la captación fraudulenta de ahorros públicos; el cohecho financiero; la manipulación de valores negociables, la captación de ahorros, explicó la agencia DyN.
Respecto al texto sobre antiterrorismo, duplica las penas para los delitos ya establecidos en el Código Penal a quienes "directa o indirectamente" financien el terrorismo y actividades afines. Pero además, sostiene que serán considerados como tales algunos de los delitos que sean "cometidos con la finalidad de aterrorizar a la población" u obligue a gobierno nacional o extranjeros "a realizar un acto o abstenerse de hacerlo".
Aunque en el párrafo siguiente sostiene: "Las agravantes previstas en este artículo no se aplicarán cuando él o los hechos de que se traten tuvieran lugar en ocasión del ejercicio de derechos humanos y/o sociales o de cualquier otro derechos constitucional". El presidente de la comisión de Legislación Penal, el oficialista Oscar Albrieu, defendió ambos proyectos y el tratamiento de las dos iniciativas se debe al cumplimiento de "estándares internacionales".
Transparencia financiera. En relación a la penalización del delito bursátil, indicó que se trata de "una modificación al Código Penal para penar, reprimir y prevenir las actividades que ponen en riesgo transparencia bursátil y el sistema financiero nacional".
Respecto al financiamiento del terrorismo, dijo que es un tema que "no solo preocupa a nuestro país" y afirmó que la norma "no crea nuevos delitos sino un agravante general para todos los delitos existentes" y, además, agrega "un agravante genérico que se da cuanto el propósito del autor es atemorizar a la población".
Desde el radicalismo, el porteño Manuel Garrido disparó contra ambos proyectos y criticó "la urgencia con la que se están tratando estas modificaciones al Código Penal", además de añadir que esa situación "no debe ser óbice para la calidad de su redacción y aún menos debe redundar en incorporaciones contrarias a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales a los que se comprometió la Argentina sobre la materia y la protección de los derechos humanos".
Al marcar diferencias con las normas, sostuvo que "el tipo penal de terrorismo que se propone abre la puerta a abusos y viola la necesaria certeza que debe existir para que no haya riesgo de represión indebida y de violación de derechos humanos". Por Libres del Sur, Victoria Donda, en representación del FAP, expresó "el enérgico voto negativo a las normas puestas en tratamiento", cuestionó su tratamiento "apresurado" y aseveró que, de aprobarse la norma de terrorismo, se agravará "aún más la situación de aquellos cinco mil luchadores sociales que todavía están detenidos por defender sus derechos".
El jefe de Proyecto Sur, Fernando "Pino" Solanas, a su turno, consignó que "la ley antiterrorista que propone el oficialismo es una ley para asegurar el saqueo de recursos naturales de América Latina y de Argentina" y afirmó que "esta legislación antiterrorista es el reflejo del cambio de modelo que se esconde detrás del ropaje progresista de este gobierno".
Fue el jefe del bloque K, Agustín Rossi, quien -al cierre del debate- salió a neutralizar las acusaciones sobre la intención de criminalizar la protesta social, al indicar que el kirchnerismo es "el gobierno que claramente, cuando asumió tenía cortes rutas y piquetes por todos lados, no reprimió la protesta social" Hasta tuvo un cruce con su par radical, Ricardo Gil Lavedra, luego de que éste dijera que su bloque no iba "a convalidar un atropello a los derechos humanos", a lo que el santafesino replicó: "Ricardo, estuviste en un gobierno que prohibió la extradición de los genocidas", lo que hizo bramar a los radicales, aunque no pasó a mayores.
El denarvaeizta Gustavo Ferrari cuestionó la definición de terrorismo propuesta y dijo que "al dejar un modelo tan abierto, podemos habilitar que la protesta social sea penada y considerada terrorismo"; anunció que su bancada tenía dictamen propio -apoyado en el recinto por el macrista Federico Pinedo- y pidió mayor precisión al definir terrorismo, así como los bienes jurídicos a proteger. La castellsista Ramona Pucheta adelantó su "voto negativo" al afirmar que con esta normativa "se está criminalizando la protesta social" y aseveró que "los verdaderos terroristas son los imperialistas, los mismos que tratan de que este proyecto se haga ley".
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